| 30 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Teresa Ribera
Teresa Ribera

Ribera impone su “decretazo” energético y desoye el clamor de las comunidades

La ministra de Transición Ecológica mantiene las restricciones, desoye a las CCAA discordantes e ignora que el PP vaya a votar en contra de ellas en el Congreso: “Se va a cumplir”

| Miguel Centeno España

 

El Gobierno se ha ido de la Conferencia sectorial de Energía como ha llegado: sin las opción de que las comunidades puedan aportar sus ideas, propuestas o medidas a la norma aprobada unilateralmente por el Ejecutivo. Y con una única novedad, la de que quitarse la corbata, poner el aire a 27 grados o más y el resto de medidas del “decretazo” energético supondrá un ahorro del 4%. 

Y es que según la ministra Ribera, esta reunión ha consistido en analizar junto a los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Turismo y Comercio los detalles del real decreto-ley de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética para reducir la dependencia del gas natural en el contexto de la guerra en Ucrania aprobado en Consejo de Ministros.

“Son medidas de Europa. Hay que ahorrar energía. Medidas desde el año 2009 y en línea con los derechos laborales. Es equivocado hablar de improvisación. Improvisa el que desconoce las normas en materia de eficiencia energética desde 2009. Son medidas para las que es importante que las administraciones lideremos a través de estos planes nuestras instalaciones”, ha explicado Ribera.

En otras palabras, ha sido una reunión para informar, aclarar y hacer cumplir. Nada de matizar, retocar o añadir propuestas de presidentes autonómicos. “Ha servido para reafirmar el compromiso de ahorro de un 7% del consumo energético adquirido por España ante la UE para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del conflicto en Ucrania. España estará a la altura”, ha insistido Ribera.

Por lo tanto, el decreto sigue adelante, se aplicará a partir del miércoles tal y como ha confirmado la propia ministra. Eso sí, con una pequeña aclaración: a Cataluña sí se le ha hecho especial caso porque, asegura, traía dudas técnicas. Aunque, en realidad, el fondo de las peticiones de Pere Aragonés era la solicitud de más fondos para la aplicación de estas medidas.

Una reunión que llega después de que el viernes y el sábado varios presidente autonómicos exigieran al Gobierno explicaciones sobre la aplicación del decreto. Entre ellas, una de las figuras más visibles y que primero denunció la situación de improvisación del Ejecutivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

En varios tuits en su perfil oficial, la popular exigió al Gobierno que se sentara con los consejeros especializados en la materia que tiene cada gobierno regional en la propia Conferencia sectorial de Energía y no en una reunión prevista en su momento para el martes en la que solo asistirían los presidentes autonómicos. 

A esa petición se le sumaron Castilla y León, con el popular Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza y Murcia, con Fernando López Miras exigiendo explicaciones y detalles sobre la aplicación de los recortes energéticos y cuáles serían las sanciones por una mala aplicación del mismo decreto. 

Y es que el gobierno regional de Madrid ha sido el que más ha denunciado esta normativa esgrimiendo que si no retiran el decreto, lo recurrirán al Constitucional por invasión de competencias. "El problema real es el precio de la luz, que hay que tomar medidas para bajarlo", aseguran fuentes populares a ESdiario.

Los populares madrileños denuncian que, este miércoles por la noche, "los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España, y eso crea una sensación de inseguridad es clave para el turismo. En París los escaparates se apagan a la una de la mañana y no es obligatorio".

"El decreto va, sobre todo, contra el comercio, sin contar con ellos, saltándose las competencias exclusivas que tenemos las Comunidades Autónomas. Sin medir el impacto económico que va a tener en un sector del que viven millones de personas en España. ¿Han calculado qué contracción de la economía va a provocar esto?", ha asegurado.

Finalmente, y debido a la presión de las autonomías lideradas por los populares, la ministra Ribera no tuvo más remedio que suspender la reunión prevista para el martes y adelantar al lunes la Conferencia sectorial de Energía con todos los consejeros que tuviesen competencias de Transición Ecológica, Energía o Movilidad. Eso sí, ya lo dejó muy claro la socialista en una carta remitida a las comunidades y en la rueda de prensa posterior a esta reunión: el decreto no se iba a tocar. “El PP ha ido variando el discurso. Primero no lo iban a cumplir. Luego sí. Después querían una reunión. Después no le servía y quieren una conferencia de presidentes. (...) El señor Feijóo debe tomar las riendas y liderar”, ha espetado.

De hecho aprovechó la ocasión para volver a criticar con fuerza a Ayuso y remarcar que estos “esfuerzos” son para cumplir con los compromisos adquiridos con Europa en el marco de la escasez de energía fruto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Aunque la propia Unión no haya exigido las medidas aplicadas por Sánchez, tal y como reconoce incluso el propio Ejecutivo, que admite como propias las propuestas posteriormente aprobadas en Consejo de Ministros e impuestas a las comunidades. 

Una reunión que ha criticado con dureza la Comunidad de Madrid. En declaraciones a los medios, el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, ha asegurado que se han dado “siete días a los principales sectores económicos para adecuarse, en el mes de agosto, a estas medidas. Es decir, que un comerciante, que tiene un pequeño negocio en Madrid y que estos días se ha ido de vacaciones, cuando vuelva se va a encontrar que está en vigor este Real Decreto Ley y que no ha podido tomar ninguna decisión para adaptar la medida a su negocio”. 

Una improvisación, dicen desde el gobierno madrileño, que “como siempre”, acaba pagando la clase trabajadora española y que responde a la unilateralidad del Ejecutivo a nivel nacional. 

Por tanto, esta reunión ha supuesto un giro de guion en los planes de Teresa Ribera pero también una demostración de fuerza de Moncloa, que quiere apaciguar los ánimos entre las CCAA sin dar su brazo a torcer. Ni siquiera, de hecho, hay planteadas medidas para modificar las restricciones aprobadas dependiendo de cada establecimiento público (ya que muchos políticos, incluso, han denunciado que no es lo mismo tener el aire a 27 grados en una pescadería que en un hospital).

Desde el PP reiteran que votarán en contra de la aprobación en el congreso del decreto y su exigencia de que se convoque una conferencia de presidentes para aplicar un diálogo real, “no como el de esta mañana”, y aplicar medidas con consenso. 

En palabras de Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, “solo hay un camino para sortear la crisis: recortar empezando por el Gobierno más caro de la democracia, medidas de aprovechamiento de potencial energético, por encima de prejuicios ideológicos como las energías nucleares y aplicar medidas pero no a la espalda de los agentes económicos”.

Por su parte, el País Vasco y Cataluña se desmarcan después de esta reunión de Madrid y el resto de comunidades del PP y no piden ya que se elimine el Real Decreto, ya que a cambio han pedido más dinero y fondos para su aplicación, así como la flexibilidad de algunas medidas como la temperatura del aire acondicionado y más tiempo para aplicar la norma. En otras palabras, el Gobierno, a cambio de dinero, tendría la vía libre para aplicar las restricciones, con la única oposición del PP en el ámbito territorial.