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El Gobierno envía requerimiento a CyL para que no aplique medidas antiaborto
El ejecutivo advierte de que "utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico" pone a su disposición "para defender la libertad de las mujeres"
El Gobierno de Pedro Sánchez mueve ficha de forma oficial contra las medidas que califica como «antiabortistas» de la Junta de Castilla y León. Lo ha hecho a través de un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE) tras el anuncio del Ejecutivo autonómico en relación a un protocolo "antiabortista".
El Gobierno rabia y amenaza a Castilla y León para que no aplique las medidas antiabortistas.https://t.co/dn8NG4Z3kf
— ancabo🇪🇦 (@ancabocristiano) January 15, 2023
Así lo han dado a conocer a través de un comunicado oficial con sello de la Presidencia del Gobierno, con el que reaccionan «al protocolo denominado por el propio ejecutivo regional como 'abortista'», según la nota. Se refieren al protocolo que bajo el título de 'Medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias' que desde la Consejería que encabeza Alejandro Vázquez y el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han negado que supongan cambios en el protocolo de actuación con las embarazadas.
Libertad absoluta de elección a la mujer. Respeto absoluto a los derechos de la mujer. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios, al criterio estricto médico y a las recomendaciones de las sociedades científicas. Y, por supuesto,respeto absoluto a la Ley. pic.twitter.com/rlQJjKUXux
— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 14, 2023
Medidas de Vox
Esas medidas incluyen ecografía 4D y la implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre. Unas acciones "provida", según defendió en su presentación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, desatando la polémica.
En su requerimiento, el Gobierno advierte de que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente».
