El Gobierno ultima un recorte de pensiones agobiado por su derroche y Bruselas

El Gobierno se comprometió con Bruselas a modificar el periodo de cálculo de las pensiones, para evitar el colapso del sistema. El ministro de Seguridad Social intentó negarlo y matizarlo, ya que pasar de 25 años actuales a 35 años supone una bajada de entre el 6% y el 8% causando una enorme brecha entre PSOE y Podemos, pero ahora, cuando el Ejecutivo está enfangado por otros asuntos, han deslizado otro nuevo sistema: utilizar toda la vida laboral para calcular la cuantía.

Y es que, el enorme derroche del Gobierno y el mandato de Bruselas de ajustar las pensiones para que sigan siendo sostenibles a largo plazo, obliga al Ejecutivo a tomar decisiones. Todo ello, después de conocerse que una de sus medidas más electoralistas, la de ligar las jubilaciones al IPC, ha supuesto un gasto récord para las arcas públicas.

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De hecho, la Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra histórica de 10.810 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2021, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,8% del PIB, una cifra insostenible a largo plazo, por lo que desde el Ministerio no se dejan de lanzar globos sonda para medir el impacto del futuro 'pensionazo'. Un recorte que llegará más pronto que tarde, ya que Bruselas así lo exige.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha reconocido  que el modelo "ideal" a la hora de calcular el importe de la pensión sería tomar en consideración lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral, lo que no quiere decir, ha precisado, que se vaya a ir exactamente a ese modelo.

El modelo "ideal" a la hora de calcular el importe de la pensión sería tomar en consideración lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral

"Si tuviéramos que diseñar hoy cuál es el mejor sistema en un país imaginario donde implantáramos un sistema de Seguridad Social no sería el actual, sino que tendría en cuenta más cuánto ha cotizado una persona a lo largo de toda su vida", ha señalado Arroyo durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado.

Pero ello, ha indicado, "no quiere decir que se vaya a extender el periodo de cómputo". "Esto quiere decir que vamos a ir, paulatinamente, posiblemente con periodos transitorios muy largos, a un modelo más parecido a ese modelo ideal que tenemos en mente", ha indicado.

Arroyo ha recordado que en el componente 30 del Plan de Recuperación describe "perfectamente" qué se pretende hacer en relación a este asunto: adaptar el periodo de cálculo de las pensiones a las nuevas carreras laborales, que "por desgracia" cada vez en mayor medida van a sufrir interrupciones.

"Todo esto se tiene que negociar en la mesa de diálogo social, es una tarea compleja y nos va a llevar su tiempo, pero creemos que vamos a cumplir el hito, porque hay una base suficiente de confianza entre los miembros de la mesa como para que seamos capaces de ponernos de acuerdo en esto", ha señalado.

El 'cheque' por retrasar la jubilación asciende a 20.000 euros de media

Pero mientras se negocia esta segunda parte del sistema de pensiones, la más espinosa, pues aunque el Gobierno intente incorporar todos los matices posibles, supone que los futuros pensionistas podrían ver reducida su pensión, ya que durante los primeros años de la vida laboral los salarios son más bajos, intenta por todos los medios retrasar la edad de jubilación. Esto es, a golpe de talonario.

La primera pata de la reforma de pensiones, en vigor desde el pasado mes de enero, ofrece a los trabajadores que retrasen su jubilación la posibilidad de mejorar su pensión mes a mes o cobrar todo ese beneficio en un pago único, una opción que Seguridad Social decidió ofrecer tras encuestar a personas próximas a la edad de jubilación.

Arroyo ha señalado que este incentivo en forma de pago extraordinario está resultando atractivo para perfiles más variados de pensionistas y, aunque su importe medio alcanza los 20.000 euros, la Seguridad Social ha llegado a pagar en algún caso más de 100.000 euros a trabajadores que demoraron su retiro más de diez años.

Así, ha apuntado que la proporción de pensionistas que demoran la jubilación y eligen el cheque único ha crecido "rápidamente" y suponen ya prácticamente la mitad de los que tienen derecho a este incentivo por retirarse más tarde del mercado laboral. Pese a ello, ha avanzado que el Ministerio lanzará "en breve" campañas informativas para impulsar esta medida.

Un sistema insostenible

Y es que, el Gobierno, por mucho que se empeñe en defender ligar la subida de las pensiones al IPC acabando con el factor de sostenibilidad, sabe que no es sostenible a largo plazo, pues el número de perceptores jubilados no dejará de crecer en los próximos años y los precios siguen una estela alcista que el Ejecutivo no es capaz de frenar.

De hecho, organismos oficiales como el Banco de España ya han dado la voz de alarma y han exigido que se lleve a cabo cuanto antes una reforma del sistema, teniendo en cuenta el volumen de gastos, para evitar la quiebra que se podría producir por ligar la subida de las pensiones a los precios en una coyuntura como la actual en el que la inflación se coloca en torno al 8%.

Además, también entidades privadas han elaborado informes demoledores sobre el futuro de las pensiones. El presidente del Foro del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, ha alzado la voz para hablar del futuro problema que tendrán los pensionistas nacidos entre la década de los 50 y 70 del siglo pasado, los conocidos como 'baby boomer'. 

Herce dice que si las pensiones de la Seguridad Social llevan la senda actual, "no van a ser suficientes" para que los beneficiarios lleguen a final de mes. Además, ha indicado que si este segmento de población, el más numeroso hasta ahora, no ha ahorrado lo suficiente para cuando lleguen al final de su trayectoria laboral, deberán vender sus casas, como garantía económica para llegar a final de mes.

Según Herce, la actualización de las pensiones con el IPC necesita de una pensión inicial más baja que la que hay en la actualidad (685 euros mensuales, con cónyuge no a cargo, en la modalidad contributiva de jubilación) para poder incrementarla con los años. De no llevarse a cabo esta medida, "se empeorará la capacidad del sistema de ser autosuficiente", ha añadido Domenech.