| 01 de Octubre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Los bomberos de Puig: morosidad, nepotismo, contratos ilegales, precariedad...

El gestor de incendios devuelve 2 millones al Gobierno valenciano en 2020 cuando debe 1,9 a Hacienda y Seguridad Social. En 2019 reintegra 5,7 millones con un impago estatal de un millón.

| Francisco Mercado Investigación

 

 

Datos y auditores calcinan la sociedad de Ximo Puig que controla sus bomberos, SGISE. No sólo presenta signos de irregularidad o corruptela su contratación y designación de cargos.

Fulmina toda impronta socialista: devuelve poderosas sumas que considera superávit al gobierno valenciano mientras impaga cuotas a la Seguridad Social y dinero retenido por IRPF, adeuda salarios y practica tal precariedad laboral que la justicia le ha forzado a hacer fijos a más de 150 trabajadores. El buen patrón versión Puig. Los trazos oscuros detectados pueden resumirse así.

Nepotismo. “Las contrataciones del puesto de Director y Directora de comunicaciones, así como el del Director Ejecutivo se han realizado sin un proceso de selección público que atienda adecuadamente a los principios rectores del acceso al empleo público (Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana) y sin ajustarse a los criterios de elección establecidos en el Decreto 95/20”.

Datos y auditores calcinan la sociedad de Ximo Puig que controla los bomberos de la Comunidad Valenciana, SGISE. No sólo presenta signos de irregularidad o corruptela su contratación y designación de cargos.

“La provisión del puesto de Jefe de Servicio Operativo se produce mediante designación del Presidente de la SGISE sin atender al principio de publicidad. Carece de la indicación de los aspectos apreciados que acreditan la idoneidad de la persona designada para el puesto”.

Contratación irregular. “En las contrataciones para el suministro de mascarillas tramitadas mediante procedimiento de emergencia previsto no consta justificado que fuera preciso tan elevado volumen de mascarillas”.

556.000 mascarillas para menos de 1.000 bomberos. Casi dos años de mascarilla por bombero. Se abonan a dedo y troceadamente 1,2 millones a una firma de Morella, pueblo natal del propio Puig. Cada una costó 2,3 euros. Muy por encima de lo pagado por Cantabria (1,40 euros) o Tenerife (0,80 céntimos).

 

El PP ya alertó en 2020 del calamitoso estado de los montes de la Comunidad Valenciana.

 

“En el 56% de la contratación menor se ha detectado riesgo de incurrir en fraccionamiento debido a la existencia de contrataciones menores y facturas tramitadas sin expediente con un mismo tercero por el mismo servicio en 2020 e, incluso en algunos casos, en 2019.

El bombero de la Comunidad Valenciana tiene 45 minutos para atender el aviso antes de ser penalizado. No sólo no descansa. Retrasa el operativo una hora ficharlo, lapso en el que el incendio de Bejís avanza 45 kilómetros. Más el tiempo de viaje. Resultado: se acomete el fuego horas después de haberse iniciado

La suma de contrataciones menores encadenadas, así como, en algunos casos, de facturas abonadas sin expediente de contratación supera los umbrales permitidos por la ley tanto en importe como en tiempo de duración”. Es el coladero para eludir controles (publicidad, concurrencia...). Ocurrió con las mascarillas.

El caos en la contabilidad

“Todavía existe un elevado volumen (22% sobre el total) de la contratación que se corresponde con facturas recibidas sin expediente de contratación ni aprobación previa del gasto”.

 

Pedro Sánchez y Puig saludan a efectivos del despliegue contra el incendio de Bejís.

 

Descontrol contable. “Se consideran significativos los riesgos como consecuencia de la falta de un departamento propio responsable de la contabilización que hace que la Entidad carezca de mecanismos de control vinculados a la contabilidad.

Asimismo, las fases relativas a gastos, pagos y controles se ven afectadas por la carencia de tratamiento informatizado. También existe riesgo significativo por falta de un protocolo que garantice la identificación segura de los terceros relacionados económicamente con la entidad y de las cuentas bancarias donde se efectúan los pagos”.

Superávit y morosidad fiscal. La gestora de los bomberos de Puig vive una extraña dualidad. Le sobra dinero. Suma 2,1 millones en 2020 (5,7 millones en 2019). “Obedece a la parte de las transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana y no aplicadas a su finalidad al cierre del ejercicio, por lo que debe ser reintegrada al presupuesto de la Generalitat Valenciana”.

Agujero moroso

Pero al mismo tiempo SGISE es morosa. Adeuda a los trabajadores 600.000 euros. Y en 2020 le sobran dos millones… cuando debe otro tanto al estado que gobierna Pedro Sánchez: 1, 9 millones.

De ellos, 1.275.727 euros son impagos de cuotas a la Seguridad Social y 671.450,87 euros retenciones de irpf no abonadas al fisco, hecho que puede ser delictivo porque se ha detraído salario para un fin que no se cumple (ingresarlo en la agencia tributaria). En 2019 presentaba un agujero moroso con el estado de un millón. Ese año le sobraron 5,7 millones.

 

Precariedad. Ha contratado un bufete en plena ola de demandas laborales. Ya ha perdido 150 que le ha supuesto darles fijeza. Ha regularizado 285 temporales de 937 puestos. Otra lacra mina la salud del bombero y la extinción de incendios.

El 58% del tiempo la respuesta a un incendio no la da una plantilla presencial. Toca localizarla, interrumpir su ocio y recogerla antes de apagar Bejís.

El bombero (disponible por 0,5 euros hora) tiene 45 minutos para atender el aviso antes de ser penalizado. No sólo no descansa. Retrasa el operativo una hora ficharlo, lapso en el que el incendio de Bejís avanza 45 kilómetros. Más el tiempo de viaje. Resultado: se acomete el fuego horas después de haberse iniciado. Culpa del cambio climático.