Sánchez financia y avala a la empresa militar española que denuncia Zelenski

Pedro Sánchez ha rubricado un viaje a Kiev para glorificar su apoyo a Volodimir Zelenski. Pero su maleta ocultaba una carga incómoda. El presidente ucraniano denunció que una firma española de armas y explosivos, Maxam, hacía negocios con la Rusia de Vladimir Putin.

El gobierno socialista aparentó sorpresa/espanto al escuchar su queja, pero no le informó que Maxam tenía estrechos vínculos con su gestión: ha firmado contratos millonarios y convenios con Defensa (algo presuntamente ilegal porque es morosa con el Estado), ha recibido avales y préstamos estatales, y militares y embajadas de España han publicitado su negocio de armas.

Maxam tiene desplomada su web desde que Zelenski denunció su inquietante labor en territorio ruso. Esto dificulta ver sus clientes y ventas. Airea que Putin le ha confiscado su filial rusa. Pero no consta que haya cobrado una indemnización ni que haya denunciado tal expropiación. Este diario ha solicitado sin éxito a Maxam su versión sobre esta supuesta medida y el detalle de sus ventas en Rusia.

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La filial armamentística de Maxam, Expal, el pasado año facturaba lo siguiente al ministerio de Margarita Robles, todo ello a dedo o sin otra oferta: dos morteros montados en vehículos por 1,6 millones; radio de un sistema de vigilancia perimetral por 165.000 euros; eliminación de municiones por 118.000 euros; artillería de obuses de 105 y 155 milímetros por 478.00 y 793.000 euros; granadas de mortero por 392.000; y casi 800.000 euros por artillería naval.

Pedro Sánchez y la primera ministra de Dinamarca, el pasado jueves, en Kiev.

En 2021, la firma recibió 360.000 euros para la compra de minas, 150.000 por destruir munición, granadas para mortero de 81 milímetros por 2.2 millones, adjudicación de disparos por 376.523 euros, proyectiles por 227.000 euros y granadas rompedoras para mortero por 1.1 millones.

En 2020, Defensa le inyectó a dedo 1,7 millones de euros por una espoleta multifuncional e Interior otros 470.000 euros para munición. En 2019, le abonó 143.000 euros; 49.000 euros por granadas; un millón por eliminar munición; otro millón por pintar aviones; otro millón por proveer granadas; y 600.000 euros por munición para morteros. Y en 2018, tras formarse el gobierno socialista, también recibió contratos de Defensa: 686.000 euros por proyectiles; 383.000 euros por granadas de mortero de 60 milímetros; otros 169.000 para granadas de mortero de 81 milímetros; y 310.000 euros para munición de artillería de 105 milímetros.

Infoconcurso estima en 95 millones las adjudicaciones del Ministerio de Defensa de los últimos cinco años.

Además, el departamento que dirige Margarita Robles firmó en 2020 un convenio con Maxam para “el desarrollo de actividades conjuntas y prestación de apoyos”. Convertía al Ministerio de Defensa de Sánchez en casi un agente comercial o filial de la firma que vende su material en la Rusia de Putin. Véanse los compromisos suscritos:

“-Defensa pondrá a disposición de EXPAL, filial de Maxam, los medios disponibles de naturaleza operativa, logística o de instrucción que se acuerden.

-Participación en demostraciones en territorio nacional o extranjero con fines promocionales asociados a la venta y comercialización de productos de EXPAL, las cuáles serán puestas en conocimiento de la Dirección de Armamento y Material, para que sean tenidas en consideración por si contribuyen a impulsar el apoyo institucional a la internacionalización de la industria española de defensa.

-Colaboración en pruebas de desarrollo de diferentes productos y sistemas de EXPAL.

-Colaboración en pruebas técnicas asociadas a la certificación, homologación y recepción de equipos para terceras partes (ajenos a Defensa).

-Colaboración en proyectos de investigación y experimentación orientados al desarrollo tecnológico en el campo aeronáutico y espacial.

-Contribución para cumplir compromisos, ajenos al interés de la Defensa Nacional, adquiridos con terceras partes (clientes) que no puedan ser facilitados por el sector privado.

–Disposición de sensores y sistemas propiedad de Defensa con objeto de proporcionar mediciones y/o constatar el funcionamiento de sistemas.

-Disposición de personal [militar] como conferenciante, ponente o similar en seminarios, jornadas o cursos que con carácter formativo y de divulgación realice EXPAL.

–Disposición de recursos, instalaciones y equipamiento de Defensa, para actividades formativas y de instrucción del propio personal de EXPAL o de potenciales clientes, siempre que no puedan ser facilitados por el sector privado.

–Impartición de cursos que se realizan en el Ejército del Aire a personal de EXPAL o a potenciales clientes, siempre que no puedan ser facilitados por el sector privado”.

Defensa rubricaba que las colaboraciones con Maxam le “reportaban beneficios en términos de representación institucional, visibilidad, y de instrucción y adiestramiento para su personal”.

Pero este beneficio institucional chirría con las ventas a Rusia y Arabía Saudí de Maxam, denunciadas como operaciones que sirven para guerras de regímenes autocráticos. Hace un mes esta empresa firmaba un acuerdo con las autoridades saudíes.

El objetivo era localizar en su territorio el llenado de productos de artillería con el fin de mejorar el servicio a las fuerzas armadas saudíes a través de la integración de cadenas de suministro y capacidades de producción. Maxam ampliaba su presencia en Arabia Saudí por esta vía que elude la exportación (y el posible veto o escándalo).

Una de las sedes de la empresa Maxam, en Valladolid.

Esto dinamita el publicitado embargo del gobierno socialista a la venta de armamento al régimen saudí por la guerra del Yemen. Greenpeace cifró el negocio saudí de Maxam en más de 7.000 toneladas de munición por 120 millones de euros (7.514 toneladas y 138,8 millones si se suman los envíos a Emiratos Árabes Unidos, que secunda la ofensiva contra Yemen).

La relación con el Gobierno de Sánchez es tan cordial que la embajada española en Kuala Lumpur firmó en 2019 un convenio con Maxam para que en la Fiesta Nacional de España se agradeciera la participación de la empresa en la apertura y clausura del acto, y figurara su logo en todo el material vinculado al evento.

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Y selló igual convenio con la embajada española en Moscú a través de la filial rusa: Maxam Russia LLC. Firmaba el acuerdo Maxim Karpov, director del negocio de MAXAM en Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Mongolia e India. Comparte cuadro de administración en una sociedad con el viceprimer ministro de Uzbekistán. El mismo show publicitario bélico se produjo en las embajadas españolas en Ankara y El Cairo. La Fiesta Nacional se convirtió en un anuncio de venta de armas.

Está por desvelarse cuál es la situación de lo que Maxam califica de “confiscación de su filial rusa”. El primer problema es que no tiene una filial en Rusia, sino cuatro: Eastern Mining, UEE Siberia, Maxam Rusia, y High Technology Initiation Systems. La cifra puede ser mayor ya que Maxam Rusia se califica de holding.

Sorprende tan fluida relación del PSOE con Maxam que, aparte de sus denuncias por ventas a países del Golfo, era uno de los accionistas de la empresa semipública Defex, que cerró Mariano Rajoy al destaparse ventas a Angola y Arabia Saudí teñidas de corruptelas.

Unas ventas a Arabia Saudí que, con permiso de Sánchez, se reactivaron en 2021. El negocio de su filial armamentística (Expal) pasó de 13 millones a 29 millones. Supuso un crecimiento del 32% en Oriente Medio (zona que copa un tercio de sus operaciones). En total, el hólding facturó 155 millones de euros por material militar en 2021 (un 15% más).

La relación con el Gobierno de Sánchez es tan cordial que la embajada española en Kuala Lumpur firmó en 2019 un convenio con Maxam para que en la Fiesta Nacional se agradeciera la participación de la empresa en la apertura y clausura del acto

Expal recibió contratos de Sánchez a pesar de que debía a Hacienda y a la Seguridad Social dos millones de euros en 2020 y 1,5 millones de euros en 2021. La matriz también era morosa con el estado (dos millones en 2021, y un millón en 2020). La ley prohíbe que las administraciones públicas contraten a empresas que no estén al corriente con el estado.

En 2020, Expal hubo de pagar tres millones de euros por impuestos atrasados, y se le sancionó con el abono de otro millón, pero se dejó sin ejecutar. Y en 2021 se le abrió una inspección fiscal sobre los últimos años.

Pese a ello, el Gobierno socialista le avaló para operaciones de crédito por 95 millones en 2020. Y, de postre, recibió dos millones en préstamos del estado bajo mandato de Sánchez. Zelenski se despidió del presidente español sin conocer cuánto debe su denunciada Maxam a su ilustre visitante español.