| 24 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Vladimir Putin y su jefe de los servicios secretos de Rusia.
Vladimir Putin y su jefe de los servicios secretos de Rusia.

Sánchez aceptó coordinarse en 2018 con el FSB, el "GAL político" de Putin

Un alto cargo del Gobierno se reunió con el servicio secreto del presidente de Rusia para combatir “la delincuencia económica internacional”

| Francisco Mercado Investigación

 

La subdirectora de Cooperación Policial Internacional del gobierno socialista participó en noviembre de 2018 en Moscú en una reunión de jefes de Servicios Especiales organizada por FSB (servicio secreto ruso) y en una cita del grupo hispanoruso para la coordinación de la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia trasnacional organizada por el Ministerio del interior de Rusia.

Ni Pedro Sánchez, ni su emisaria (la comisaria Antonia Mena), ni su superior Fernando Grande Marlaska objetaron que el anfitrión fuera el aparato de seguridad ruso, acusado, entre otros muchos crímenes, del asesinato de Aleksandr Litvinenko cuando investigaba las conexiones mafiosas de Vladimir Putin en España.

 

¿Qué cooperación sobre corrupción cabía con Moscú? Litvinenko denunció a Putin las conexiones de su servicio secreto con la mafia. Huyó de Rusia por peligrar su vida. Y planeaba viajar a España para profundizar sus pistas de corrupción sobre el presidente ruso cuando fue envenenado.

No hace falta retroceder hasta el KGB para recopilar los crímenes de su sucesor, el FSB. Basta repasar el mandato de Nikolái Pátrushev (tomó el relevo a Putin al frente de este servicio de espionaje desde 1999 a 2008) y de Aleksander Bórtnikov (2008 hasta la actualidad).

Su antecesor fue señalado por la Justicia británica como ordenante del envenenamiento de Litvinenko. Pero Bórtnikov no salió sin daños. Dada su jefatura del área económica del FSB, en la que operaba Litvinenko, se le vinculó con su asesinato en 2006. Según la prensa, supervisó el crimen. La biografía de Litvinenko delató a sus asesinos. Denunció que el FSB le encargó el asesinato de Boris Berezowsky y ambos fueron objeto de acciones criminales.

 

La comisaria Antonia Mena, en un acto de la Secretaria de Estado de Seguridad de Interior.

 

Mena, la enviada de Moncloa a Moscú, fue nombrada vicedirectora del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), el organismo creado en 2005 por el Gobierno socialista para evitar los errores previos al 11-M. Ese mismo año un ministro socialista le elevó a comisaria. Fue destituida en 2014 por el PP al reestructurarse el CNCA. Posteriormente, fue nombrada subdirectora de Cooperación Policial Internacional.

Bórnitkov, el "amigo ruso"

Bórnitkov, el amigo ruso que apadrinó el encuentro bendecido por la policía de Sánchez, no tenía el mejor historial para pilotar una cumbre sobre Anticorrupción: En 2007 fue implicado en un lavado de dinero investigado por el Ministerio de Interior ruso en relación con el asesinato del subdirector del Banco Central ruso, Andrey Kozlov.

 

Mítica sede de los servicios secretos rusos (FSB) en la Plaza Lubyanka de Moscú

 

En 2015, Novaya Gazeta (diario ruso en el que han sido asesinados seis periodistas incluida Anna Politkóvskaya, por desvelar secretos financieros o criminales de Putin), publicó que Bórtnikov, así como otros altos funcionarios del FSB, estaban involucrados en un asentamiento de tierras en Moscú.

Según el periódico, el grupo arregló la venta de 4,8 hectáreas de terreno en el sitio de un jardín de infancia público. A cambio de privatizar ilegalmente las tierras públicas, cada uno supuestamente recibió alrededor de 2,5 millones de dólares.

Pero hay un hecho que hacía aún más indeseable tal cita de un alto cargo español en Moscú con el FSB. Meses antes de ser asesinado, Litvinenko informó a funcionarios españoles y británicos los nexos entre FSB y la mafia rusa que lideraban los oligarcas amigos de Putin. Firmó su sentencia.

La exsuegra de uno de sus presuntos asesinos, Dmitri Kowtun, narró lo que le explicó tras enfermar por culpa del polonio inoculado a Litvinenko: “Me dijo que probablemente tenía algo del veneno que mató a Litvinenko. Dijo palabra por palabra: "Esos imbéciles probablemente nos han envenenado a todos".

La Justicia no dudó de la autoría: “Cuando Andrei Lugovoi envenenó a Litvinenko es probable que lo hiciera bajo la dirección del FSB. Kovtun también participó en el envenenamiento. La operación del FSB para matar a Litvinenko probablemente fue aprobada por Patrushev (predecesor de Bórktinov al frente del FSB) y también por el presidente Putin”.

Las pistas del "GAL de Putin"

Las pistas sobre los GAL de Putin eran variadas: Lugovoi y Kowtun fueron vinculados con una intentona previa de ejecución de Litvinenko con polonio en octubre de 2006. Dejaron un reguero de pistas contaminadas con polonio de su asesinato fallido. Litvinenko enfermó, pero sobrevivió. Volvieron, con éxito, a la carga el 1 de noviembre de 2006.

Bajo el mandato de Sánchez y mientras pregonaba en 2018 la cooperación antimafia con el FSB de Putin no se ha vuelto a practicar ninguna operación de relieve contra los capos rusos.

La doble secuencia es implacable: cada vez que Litvinenko enfermaba de muerte tras citarse con Lugovoi y Kowtun… el dúo criminal dejaba señales de polonio allí por donde había pasado.

La Justicia investigó sin éxito la entrega de una partida de polonio en una estación austriaca por el FSB. Pero Putin dio la mejor prueba. Rechazó extraditar a los asesinos para ser juzgados, bloqueó análisis de aviones usados por la pareja... Y condecoró a Lugovoi en pleno proceso judicial “por servicios a la patria”. ¿Qué servicios? ¿Delatar al FSB que Litvinenko investigaba la fortuna oculta de Putin? ¿Ejecutarlo?

No, en vano meses antes de liquidar a Litvinenko, Putin declaró legales las acciones (incluidas las criminales) del FSB contra terroristas o meros críticos a su gestión fuera de Rusia. Los asesinos tenían blindaje legal.

En los años previos al asesinato de Litvinenko hubo crímenes similares con sello del FSB. Todos oponentes de Putin: la periodista Anna Politvskaya, el parlamentario Serguei Yushenkov, el vicepresidente checheno Zelinkhan Yandarbiev, el periodista Yuri Shchekochikhin, el profesor Roman Tsepov… Varios fueron envenenados tras denunciar vínculos de Putin con la mafia, como Litvinenko.

 

Febrero de 2006: Zapatero recibe a Putin en Moncloa en la última visita del ruso a España.

 

En 2015 Borís Nemtsov fue asesinado a tiros cerca del Kremlin. Abanderaba la oposición a la corrupción de Putin. El FSB lo investigaba antes de su ejecución callejera. Su documentación sensible fue robada de su vivienda por agentes. Le espió el mismo equipo del FSB que supuestamente envenenó a otros enemigos de Putin como Alekséi Navalny, Dmitriy Bykov y Vladimir Kara-Murzá.

2017, cumbre policial en Moscú

En 2017, un año antes de la cumbre policial de Moscú secundada por Sánchez, la Fiscalía ucraniana finalizó la investigación del asesinato en Kiev del exdiputado ruso Denís Voronenkov. Culpó a un grupo criminal "controlado por FSB”.

Y meses antes de la cita de la emisaria de Sánchez, el 4 de marzo de 2018, se produjo el envenenamiento del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia Skripal en Salisbury, Inglaterra. El 12 de marzo de 2018, la primera ministra británica identificó el agente nervioso utilizado como un agente de fabricación rusa y exigió una explicación al gobierno ruso.

Tras la muerte de Litvinenko las investigaciones judiciales sobre la mafia rusa en España entraron en fase terminal. Bajo el mandato de Sánchez y mientras pregonaba en 2018 esa cooperación antimafia con el FSB no se ha vuelto a practicar ninguna operación de relieve contra los capos rusos.

Anticorrupción ha estado más pendiente de escudriñar al emérito y ahora al hermano de Ayuso que en proseguir la lucha avanzada con las operaciones desplegadas hace más de una década contra la invasión mafiosa rusa.

La única diligencia activada tras la invasión de Ucrania por la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido pedir a sus subordinados un listado de rusos que ya han sido investigados. No una lista de rusos que deberían ser investigados a la luz de la nómina de oligarcas rusos sancionados por la UE, Reino Unido o EEUU. Ni siquiera ha intentado reavivar las pistas apuntadas por Litvinenko: los nexos españoles Abramovich-Putin. Ha pedido un listado que ya consta en las hemerotecas.