| 18 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse

La justicia de EEUU acorrala al socio de Roures por los sobornos en el fútbol

Mediapro ya tuvo que enfrentarse a un multa de 20 millones de euros al reconocer que había estado implicada en la trama corrupta orquestada para conseguir derechos audiovisuales.

| ESdiario España

La justicia de Estados Unidos sentará en el banquillo a un exsocio del magnate de la comunicación Jaume Roures acusado de sobornar a un alto cargo del fútbol en el denominado Fifagate. Gerard Romy, fundador de Mediapro, está acusado de fraude y blaqueo de capitales, además de por integración en organización criminal.

La acusación se basa en que entre 2008 y 2015, Romy habría creado en colaboración con otros empleados un sistema de pago de sobornos para lograr que dirigentes de Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y de la Unión Centroamericana de Fútbol adjudicaran a la empresa los derechos retransmisión de los mundiales de 2018 y 2022.

 Para ello, se recurrió presuntamente a testaferros y sociedades instrumentales. De hecho,  Romy habría colaborado en el pago de tres millones de dólares al entonces presidente de la Concacaf, Jeffrey Webb, dinero que habría salido directamente de las arcas de Mediapro a través de una factura falsa emitida por Medialuso, filial del grupo en Portugal.

Sin embargo, en la trama también aparecen implicados, ex ejecutivos de la compañía estadounidense 21st Century Fox, Hernán López y Carlos Martínez,  así como de una empresa uruguaya de marketing deportivo con sede en Buenos Aires, Full Play Group SA.

Mediapro ya reconoció su implicación en el caso en 2018, admitiendo los sobornos por los que tuvo que pagar una multa de 20 millones de euros, pero la justicia estadounidense ha seguido su curso, por lo que Romy tendrá que sentarse en el banquillo.

De hecho, el fiscal del caso, Richard P. Donoghue, lo ha dejado claro y ha asegurado que "estas empresas y personas", añadió, "deben comprender que, independientemente de su riqueza o poder, serán llevados ante la justicia si utilizan el sistema financiero de los Estados Unidos para corromper".