Los letrados del Congreso tumban el decreto de RTVE y humillan a Sánchez

Dicen los veteranos que a la hora de legislar las prisas no son buenas consejeras. Que se lo digan sino a Pedro Sánchez, al que los letrados del Congreso de los Diputados han sacado los colores este miércoles. Tanto, como para dejar en el más absoluto de los ridículos a la que es, hasta ahora, la iniciativa estrella del nuevo Consejo de Ministros socialista: la renovación por la vía de urgencia de la cúpula de RTVE.

Y es que los expertos de la Cámara Baja han puesto el grito en el cielo por la chapuza jurídica del Real Decreto aprobado el pasado viernes por el gabinete de Sánchez. El conocido por PP y Ciudadanos como el decretazo de la izquierda para asaltar la televisión pública a toda velocidad.

Lo peor es que es la segunda vez que PSOE y Podemos caen en el mismo error, la proposición de ley que aprobaron hace un mes para el concurso público ordinario para RTVE también fue tumbado por los letrados.

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El informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento no tiene desperdicio y es demoledor para el Palacio de La Moncloa. De hecho, advierte que el decreto ley de Sánchez supone que los candidatos a ocupar el Consejo de Administración de la Corporación no puedan ser sometidos al preceptivo examen parlamentario.

Más aún, el nombramiento de los nuevos consejeros se produciría antes incluso de que la Cámara vote la convalidación o derogación de la norma que provoca el relevo. Un hecho rocambolesco.

El informe ha sido encargado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tras recibir el decreto ley del Gobierno -que fue aprobado el pasado viernes-, ya que corrige las bases del concurso público que las Cortes Generales ya estaban a punto de poner en marcha. De hecho, este mismo jueves el Senado tenía programada la reunión de la Mesa de la Cámara para arrancar el proceso.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este pasado viernes dando cuenta del decreto urgente para la renovación de RTVE.

El documento de los letrados recuerda al Gobierno que el Congreso y el Senado deben elegir a los diez consejeros antes del 8 de julio y que, si la Cámara Alta no cumple su función, dado que el PP tiene mayoría absoluta y se opone a ese proceso urgente, en la Carrera de San Jerónimo habrá que convocar nuevas sesiones plenarias en apenas diez días. Lo nunca visto.

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De esta forma, según advierten los juristas, hasta el 18 de julio podrían tener que llegar a celebrarse hasta siete plenos en el Congreso para completar la renovación de RTVE. En cambio, la votación para la convalidación o derogación del decreto que ordena este relevo puede ser posterior, ya que para ello se dispone de 30 días.

Debido a lo precipitado de los plazos, los servicios jurídicos recomiendan evitar la convocatoria de la Comisión Consultiva de Nombramientos y prescindir de la intervención de la Mesa para la apertura formal de un plazo de presentación de candidaturas. Los aspirantes, por tanto, no tendrán que comparecer ante el Congreso, tal y como se especifica en la Ley, y así se podría acelerar el proceso para cumplir con las fechas tras la urgencia mostrada por el PSOE y sus aliados.

De estos consejeros, uno deberá convertirse en el presidente de la Corporación, pero para ello las Cortes deben haber completado la elección de los diez consejeros, y por tanto también los cuatro que elige el Senado. En ese caso, la votación del presidente deberá realizarse en una tercera sesión plenaria el 6 de julio, y teniendo en cuenta que ocurrirá lo mismo que con el anterior proceso, será necesario recurrir a una segunda vuelta 48 horas después, el domingo 8 de julio, para nombrar definitivamente al designado.

Más problemas: julio es un mes inhábil

Para convocar estos plenos, teniendo en cuenta que según la Constitución julio es un mes inhábil a efectos parlamentarios, los letrados señalan que si el proceso empieza antes de este sábado, las sesiones serían convocados a solicitud de los grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara, mientras que si se recurre al periodo extraordinario -en las vacaciones parlamentarias-, deberá intervenir el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta del Congreso.

Y si los plazos no se cumplen y no se consigue renovar el Consejo de Administración de RTVE en los tiempos requeridos por el decreto ley, este mismo texto recoge que será el Gobierno quien nombre a un administrador provisional único, que también deberá ser sometido al Pleno del Congreso, con el mismo sistema de votación en dos rondas que en el proceso anterior. Es decir, el nuevo presidente provisional sería elegido a dedo por La Moncloa.

Por último, el informe jurídico afea al Gobierno de Sánchez que haya modificado con su decreto la composición del comité de expertos que escoge a los candidatos, así como el orden y momentos en que deben comparecer ante Congreso y Senado, por lo que las Cámaras deben adaptarse a esta nueva regulación.

Todo un embrollo del que va a ser víctima el Parlamento, sin que muchos allí sepan a ciencia cierta a qué vienen tantas prisas para acelerar un trámite que estaba ya encarrilado.