El economista Rallo destroza a la nueva ministra Carcedo con graves acusaciones

Prácticamente acaba de tomar posesión de su nuevo cargo como ministra de Sanidad tras la dimisión de Carmen Montón, pero María Luisa Carcedo ya tiene grandes detractores.

Este viernes el economista Juan Ramón Rallo aprovecha su columna de El Confidencial para cargar duramente contra ella asegurando que "encaja como un guante en el Gabinete liberticida de Pedro Sánchez. Si hace unos meses la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya se encargó de criminalizar moralmente a miles de familias que han recurrido, o que piensan recurrir, a una técnica de reproducción asistida tal como la gestación subrogada, ahora la nueva titular del ramo da el inevitable paso siguiente: proponer criminalizar legalmente la gestación subrogada". 

Y es que, tal como recuerda, "de acuerdo con Carcedo, los españoles que recurran a la gestación subrogada internacional deberían recibir un trato penal similar al de aquellos ciudadanos que trafican con órganos o con menores. Es decir, penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación de la patria potestad por hasta 10 años".

Rallo va aún más lejos: "En su sectarismo y fanatismo liberticida, ya presupone demostrado que esta técnica de reproducción asistida es criminal y que, en consecuencia, hay que utilizar el aparato represivo del Estado para perseguir a cuantos la utilicen".

Pero para el economista la propuesta de la ministra haría caer al Estado español en una peligrosísima arbitrariedad que, además, perjudicaría especialmente al menor.

En este sentido, recuerda que en prácticamente todo procedimiento de gestación subrogada, uno de los padres comitentes es progenitor legal del menor y que en España la filiación paterna sigue determinándose por la transmisión de la carga genética. A saber, "aun cuando se criminalizara bastaría con que la gestante subrogada acordara con el padre legal que este ejerciera en exclusiva la patria potestad sobre el menor para que pudiera entrar legalmente en España y ejercer plenamente como padre de la criatura".

A pesar todo, plantea, "imaginemos que Carcedo consigue su totalitario objetivo, esto es, que aquellas parejas que hayan recurrido a la gestación subrogada en el extranjero puedan ser encarceladas y privadas de la patria potestad durante al menos una década. ¿Quién sería el principal perjudicado de todo ello? Sin duda alguna, el menor".

Y aquí echa mano de un ejemplo: "Una pareja española acude a California a concebir su hijo mediante gestación subrogada; concluido el proceso, la legislación californiana reconoce a esa pareja española como padres legales exclusivos del menor: es decir, exime a la gestante subrogada de cualquier responsabilidad sobre el menor, de un modo similar a cómo la legislación española exime al donante de esperma de cualquier responsabilidad sobre el menor mediante él concebido. Unos meses después del parto, la pareja decide regresar a nuestro país y, una vez aterrizan en suelo patrio, se los arresta, se los juzga y se los condena a 10 años de cárcel y de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Bien, ¿qué hacemos con el menor durante esa década?".

No podría ser remitido a EEUU porque la gestante subrogada no le reconoce como su hijo, ni a los familiares de la pareja española porque no tendría sentido, la única alternativa realista sería que Servicios Sociales se hiciera cargo del menor para darlo en adopción a otra pareja.

En una durísima conclusión, Rallo señala que "eso sí se parece mucho más al tráfico de menores… por mucho que piense ejecutarlo con el aval del Código Penal español. El sueño del feminismo colectivista produce monstruos".