Elisa Beni pierde el pudor y tilda a la Justicia de simple "furia españolista"

La periodista Elisa Beni ha cargado contra todos los estamentos del Poder Judicial en un duro artículo publicado en la prensa independentista catalana asegurando que los tribunales forman parte de una "conjura" "para salvar la integridad territorial de España y para arrimar el hombro a los políticos".

De hecho, en el artículo que aparece en elnacional.cat, ha asegurado que "la Junta Electoral Central ha decidido, de una forma escandalosa, comunicarle a Clara Ponsati que si no viene a jurar el jueves, le quitarán su acta electoral.

Así, sin vaselina", por lo que cree que "la actitud y las formas de la Junta Electoral Central deben ser revisadas por las Cortes, porque un órgano creado de forma pragmática para solucionar con rapidez las fricciones en las elecciones y para evitar el abuso de cada uno de los partidos, no se puede convertir en una pseudojurisdicción electoral autoproclamada como estamos observando".

Elisa Beni cree que criticar el dedazo a Dolores Delgado es de "ultraderecha"

 Además, también ha criticado "la cuestión de la reclamación de 4,1 millones de forma provisional a Puigdemont y Comín por parte del Tribunal de Cuentas, y la fianza que se solicita con amenaza de embargo. Esta sí que es una parajurisdicción de manual. Porque considerándose que es una jurisdicción desde el 2000 por el TC, lo cierto es que no cumple ninguna de las premisas de imparcialidad ni inamovilidad".

De hecho, cree que "la instructora que ha decidido declarar “responsables” a los políticos catalanes es un cargo de libre designación del Tribunal de Cuentas, ese órgano mayúsculo del nepotismo, y podría ser cesada en cualquier momento".

A esto añade que "los consejeros nombrados por el Congreso, directamente por los partidos, que enjuician y sentencian y lo mismo declaran “responsables” a unos señores que no han sido juzgados y de los que existe presunción de inocencia que decide que pueden hacer este acto sin presencia de su abogado, aunque este tuviera que darle prioridad a otra cita de índole penal".

Las parajurisdicciones no ofrecen ninguna seguridad

Por ello, considera que "en términos democráticos, está claro que el poder judicial ejerce el control sobre los ciudadanos y juzga y ejecuta lo juzgado, pero también que tiene unas notas características, inamovilidad, imparcialidad, independencia, que protegen a los ciudadanos así como la obligación de actuar sin vulnerar los derechos fundamentales ni procesales. Las parajurisdicciones no ofrecen ninguna de estas seguridades".

Para finalizar, ha criticado "la decisión del Tribunal Constitucional de deducir testimonio a la Fiscalía por si Torrent y el resto de la Mesa cometieron un delito de desobediencia al TC", ya que piensa que "de los polvos, vienen los lodos. Comienza Rajoy realizando una reforma en solitario y apresurada de las atribuciones del TC, por el asunto catalán, y acabamos intentando convertir en delito lo que se haga desde una mesa de un Parlamento".

Y es que, Beni cree que "en un Parlamento democrático se debe poder hablar y debatir de todo y con anular sus efectos a posteriori no permitiéndole entrar en el ordenamiento sobra. El derecho penal no pinta nada", a pesar de que desde allí se puedan realizar actos que terminen siendo juzgados y condenados, como ocurrió con el procés.

"Parece un apoyo cerrado de organismos e instituciones a la oposición política"

Sin embargo, desde su punto de vista "todo es muy paranormal, muy enloquecido. No olviden que, más allá de la furia españolista, ahora hemos añadido otro elemento que resulta sustancial: dar a los catalanes es poner en apuros al gobierno de coalición progresista, ¡dos objetivos por el precio de uno! El problema es que el control jurisdiccional efectivo de estos actos paralocos debe realizarse en un Tribunal Supremo que ya se ha mostrado campeón de lo esotérico".

De esta manera, concluye proponiendo que "el legislador, a instancias de los partidos a los que aún les queda cabeza, debe intentar revertir lo que parece una revuelta o bien un apoyo cerrado de organismos e instituciones a la oposición política".