La Diputació asumirá las funciones y el personal de Divalterra

El cierre de Divalterra está un paso más cerca tras el último pleno extraordinario de la Diputació de València. En este se ha aprobado que la corporación provincial asumirá los servicios que presta la empresa pública y sus trabajadores, con los votos del equipo de gobierno, que conforman Compromís y PSPV y de la Vall ens Uneix, y con la oposición de PP, Cs y Vox.

Mientras que desde las filas socialistas se hablaba de “un gran día para la Diputació”, Ciudadanos, PP y Vox han mostrado su desacuerdo, destacando que se ha tomado la decisión de disolver la entidad con “prisas” y dudaban sobre los motivos reales de esta medida.

Así, el portavoz del PP, Vicente Mompó, ha defendido el buen funcionamiento de Divalterra, rechazando su desaparición, que ha achacado a motivos políticos. Asimismo, ha señalado que “no se puede cerrar una empresa investigada” por la justicia.

En la misma línea se ha expresado el diputado de Vox, Joaquín Ales, quien ha insistido en el “cierre precipitado” y planteaba dudas sobre si esta era la solución más adecuada.

Además, durante el debate del dictamen en el pleno, la portavoz de Cs, Rocío Gil, ha pedido que el documento quedara encima de la mesa al considerar que el informe de los técnicos no se subió a tiempo a la plataforma digital de la Diputació, un aspecto que ha reconocido el secretario de la entidad,  si bien, ha asegurado que este hecho no afectaba a su debate y votación en el pleno. Gil ha anunciado un recurso de reposición para reclamar la nulidad del acto.

Tanto desde Compromís como desde el PSPV, se ha recordado que el proceso de cierre se inició en 2018 y se ha defendido que se han estudiado todas las soluciones posibles a un “problema heredado”.

En este sentido, el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, en representación del PSPV, ha asegurado que “no ha habido ninguna prisa, solo informes y un acuerdo sin ninguna duda jurídica” y ha celebrado el “gran acuerdo de futuro que se ha aprobado por unanimidad en tres mesas de negociación y que ha tenido el apoyo sin fisuras de los habilitados nacionales”.

Por su parte, el presidente de la corporación, Toni Gaspar, ha asegurado que "hacemos esto porque nos preocupa y ocupa, en el buen sentido de la palabra", y ha agradecido el apoyo de las tres formaciones que han respaldado la medida y la labor "incansable" de técnicos, habilitados nacionales de la Diputación y de los empleados de Divalterra "para llegar a este final".

Gaspar también ha recordado los procesos judiciales relacionados con la empresa, haciendo hincapié en el "tiempo perdido".

Asimismo, ha valorado su decisión de abordar la disolución, asegurando que "lo fácil era no hacer nada, pero esto había que hacerlo" para "devolver las competencias a la Diputación" y garantizar los derechos de "todos los trabajadores", ha apuntado.

El pleno se ha celebrado después de que la semana pasada la institución provincial avanzara en el proceso de cierre de la empresa pública y en el traspaso de sus funciones a esta administración y al Consorcio de Bomberos, dependiente de ella.

En aquella reunión, el documento salió adelante con el sí del equipo de gobierno, el no de PP y Cs y la abstención de Vox y La Vall ens Uneix. En la sesión plenaria de este viernes se ha dado luz verde a ese dictamen, con el que también se solicita al Consorcio de Bomberos la integración de las brigadas forestales de Divalterra, un servicio cuyo coste seguirá financiando la corporación provincial.

El resto de la plantilla será asumido por la Diputació, que respetando los derechos de los trabajadores podrá reorganizar los servicios para integrarlos en esta administración.

Tras aprobarse el citado dictamen en el pleno, los trabajadores de la Diputación y los de Divalterra han recibido un correo electrónico con este documento, ha explicado la institución provincial en un comunicado, al tiempo que ha resaltad que el envío incluye un adjunto con un texto del presidente en el que informa de la apertura de "un nuevo período donde primará únicamente la estabilidad laboral de los trabajadores y el óptimo desarrollo de sus funciones".

En este escrito se anima a "seguir trabajando de manera conjunta para conseguir el único objetivo común: acabar con una situación insostenible durante décadas y dar tranquilidad, protección y futuro a más de 600 trabajadores".

Junta General

Tras la sesión extraordinaria, el pleno de la Diputación se ha constituido en Junta General de Divalterra y ha aprobado, sin ningún voto en contra, las cuentas anuales y el informe de gestión de 2020, además de proponerse la disolución de Divalterra.

 A continuación, la misma Junta ha celebrado una sesión extraordinaria solicitada por el PP, Ciudadanos y Vox para dar cuenta de la situación procesal y laboral del jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, en la que el secretario del Consejo de la empresa y de la Diputación, Vicente Boquera, ha dado respuesta a la solicitud de los grupos de la oposición.

Sobre Vera, investigado en el marco de la operación Azud, el portavoz popular ha asegurado que se encuentra “en todos los casos que la justicia investiga en Divalterra” y ha insistido en que no debería mantenerse en el cargo puesto que su “situación procesal es complicada para poder desarrollar con normalidad sus funciones en la empresa”.