Caso Alquería: Rodríguez niega haber "enchufado" a cargos del PSPV y Compromís

Arrancan las declaraciones del caso Alquería, relativo a presuntas contrataciones irregulares de altos directivos del PSPV y Compromís en la empresa pública Divalterra con el turno del expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez. 

La Audiencia Provincial de Valencia ha negado trasladar las declaraciones de los acusados al final del juicio, una ventaja  solicitada que permite a los acusados exponer mejor sus defensas frente al jurado popular. De este modo, el expresidente de la Diputación ha sido el primero de 14 acusados en sentarse en el banquillo para dar explicaciones pertinentes. 

En el auto del procesamiento, el magistrado indica que se produjo una contratación "simulada, sin observar requisitos legales" y que además se llevaron a cabo de forma "arbitraria" e incluso que es "evidente que las finalidades perseguidas no eran beneficiar a la pública, sino a unos particulares". 

Unas acusaciones que Rodríguez ha negado.  Aquel que habla de un "fallo administrativo" en lugar de "contratación irregular" niega la creación de una estructura ad hoc para enchufar a personas afines en la extinta Divalterra: "Yo no recomendé a nadie y no había ningún objetivo de colocar a nadie para ponerle un sueldo público". De hecho, ha señalado que si hubiera habido "un afán" de enchufar a gente, no habría dejado sin cubrir 10 plazas de asesor que la ley le permitía.

Asimismo, ha apuntado que los dos trabajadores de la empresa que denunciaron el caso conocían las contrataciones porque se comunicaron al Consejo de Administración y "en ningún momento las pusieron en dudas". "No dijeron nada, no ya de una ilegalidad, sino de una irregularidad", ha afirmado.

Al respecto, ha afirmado que desconocía la diferencia entre un contrato de alta dirección y un contrato laboral -eran conceptos nuevos, ha afirmado- y, de hecho, ha asegurado que la primera vez que los escuchó fue de boca del entonces jefe jurídico, José Luis Vera, quien los propuso por "ser más ventajosos para la empresa aunque fuera menos ventajosa para ellos".

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Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.

Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También solicita el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.

Los magistrados ha citado a declarar como testigos al actual presidente Toni Gaspar, a la vicepresidenta Maria Josep Amigó y a la actual consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo. También el exdirigente socialista José Manuel Orengo; el exdiputado provincial y asesor en la Presidencia de la Generalitat Valenciana Pablo Seguí; la senadora socialista Mercedes Berenguer Llorens, la exdiputado provincial de Compromís Pilar Moncho; el ex portavoz de Ciudadanos en la institución provincial José Enrique Aguar, y al exdiputado provincial por Valencia en Comunitat Roberto Jaramillo y a Pau Pérez Lledó, que ha pasado de ser acusado a testigo.