Las víctimas de violencia machista contarán con una red de vivienda social

Las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género pronto contarán con una red de vivienda social en la provincia de Valencia. Desde la Diputació de València se está trabajando con la SAREB con el objetivo de establecer un convenio de colaboración, a través del cual la corporación provincial se hará cargo del pago mensual del alquiler de los inmuebles.

Las viviendas se encontrarán repartidas en distintos municipios valencianos de mediano y pequeño tamaño, y en la medida de lo posible se pretende que estén en una misma zona para facilitar la integración de las beneficiarias.

En este sentido, la diputada de Igualdad, Eli  García, ha destacado que “estas mujeres han pasado por situaciones muy complejas y el hecho de tener cerca a otras mujeres que han vivido experiencias semejantes puede ser una ayuda muy positiva”.

Con esta esta medida se pretende dar un primer paso en la integración de las mujeres afectadas por la violencia de género, proporcionando una mejor respuesta ante las situaciones de emergencia social en las que se encuentran.

De esta manera, la Diputación se encargará de abonar a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) el alquiler mensual de estas viviendas, algo más de 100 euros mensuales por cada una de ellas, y de acondicionar los inmuebles para que las futuras inquilinas dispongan de una vivienda digna en la que poder rehacer sus vidas.

La actuación se integra en el marco de las políticas activadas por el área provincial de Igualdad a través de su Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género, una iniciativa que cuenta ya con más de un centenar de ayuntamientos implicados y que tiene como fin ofrecer la mejor respuesta posible ante la barbarie machista.

Marco estatal

La iniciativa de la Diputació de València se enmarca en el Protocolo estatal sobre Alquiler Social de Viviendas que firmó el pasado mes de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que incrementa el número de inmuebles con alquiler reducido a disposición de familias y personas vulnerables a través de la SAREB.

El protocolo está firmado a tres bandas por los Ministerios de Transportes y Asuntos Económicos y la SAREB, con el fin de poner a disposición de comunidades autónomas y entidades locales 5.000 nuevas viviendas, una cantidad que se duplicará a medio plazo.

En virtud de este acuerdo, la SAREB cede las viviendas a las comunidades autónomas y entidades locales y el ministerio asume parcialmente los gastos de la cesión y los trabajos de rehabilitación necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas.