El PSOE acata la sentencia del Supremo sobre el fiscal general entre recelos y reproches al tribunal
El Partido Socialista asegura respetar el fallo del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, pero lo hace subrayando sus dudas sobre los plazos de publicación y apoyándose en el voto particular de dos magistradas que cuestionan la solidez de la resolución
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez reunidos en La Moncloa
El PSOE ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado con una mezcla de acatamiento formal y críticas veladas a la resolución. El partido sostiene que “respeta” el fallo, como “corresponde en un Estado de Derecho”, pero deja claro que no lo comparte, marcando distancia respecto a la interpretación judicial del caso.
Los socialistas expresan además su malestar con el hecho de que la sentencia se haya publicado más de dos semanas después de conocerse el sentido del fallo, un retraso que, a su juicio, “ha contribuido a la incertidumbre” y que señalan como un problema añadido en torno al procedimiento.
El PSOE también destaca el voto particular de dos juezas del Tribunal Supremo, que consideran que la sentencia “no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” se habría producido la supuesta intervención del fiscal general, ni su conocimiento o colaboración con un tercero. Según este voto disidente, tampoco se detalla de qué manera García Ortiz podría haber “promovido, realizado o ejecutado” una filtración, ni cómo habría transmitido personalmente la información cuestionada.
En su argumentario, el partido recuerda el origen del caso y rechaza que exista ninguna “conspiración” o “trama política” detrás del procedimiento. Apunta directamente al punto de partida: el presunto fraude fiscal “confesado” por el novio de Isabel Díaz Ayuso, una “no-declaración a Hacienda” que califican como un hecho “objetivo y reconocido”.
Para cerrar su posición, el PSOE reafirma su respaldo a Álvaro García Ortiz, al que agradece su “servicio público” y su defensa de los “principios que sostienen nuestra democracia”, manteniendo así su defensa política del ya cuestionado fiscal general.