Informe demoledor confirma las presiones de Ábalos para enchufar a Jésica y cobrar casi 44.000 euros sin trabajar

Sin fichar, sin control y por supuesto, cobrando. Y nada mal. Así se las apañaban José Luis Ábalos y Jésica Rodríguez para dar trabajo a ella, presentada en principio como "la sobrina de Ábalos" y finalmente descubierta como su pareja sentimental. Fue, según un informe interno de Tragsatec -una de las empresas en las que estuvo contratada entre 2019 y 2021 junto con Ineco- una cadena de irregularidades sostenida en el tiempo bajo la presión de Adif, dependiente del ministerio de Transportes que por aquel entonces dirigía Ábalos y presidido en aquella época por Isabel Pardo de Vera, también bajo la lupa de los investigadores.

La investigación de Tragsatec, ya en manos del Tribunal Supremo, confirma lo que durante meses ha planeado sobre este caso: la contratación de Jésica Rodríguez no siguió los cauces normales y su permanencia tampoco. Todo ello en un contexto que apunta directamente al uso de poder e influencia. Un "enchufe" de toda la vida.

El documento es contundente y claro. Detecta “diversas deficiencias” tanto en el proceso de selección como en el control de la actividad laboral. Entre ellas, una especialmente llamativa: no consta que se realizara la entrevista técnica obligatoria. Es decir, ni siquiera se cumplieron los requisitos mínimos internos para su contratación.

Pero lo más grave no termina ahí. Durante su etapa en la empresa (entre marzo y septiembre de 2021) se registraron múltiples incidencias relacionadas con el fichaje. Irregularidades reiteradas que, pese a ser detectadas, no derivaron en medidas correctivas eficaces. Nadie actuó. Y aquí es donde el informe introduce el elemento clave que refuerza la sospecha de trato de favor: la presión externa. Tragsatec señala que las carencias en la supervisión del trabajo de Rodríguez se debieron “en gran parte” a la presión ejercida por el cliente, en referencia directa a Adif.

Sin embargo la Fiscalía va más allá y encaja la situación en un patrón mucho más claro: el uso del poder político para beneficiar a una persona concreta. El fiscal sostiene que Ábalos utilizó su “superioridad jerárquica” y a su entonces asesor, Koldo García, para ejercer una “presión moral eficiente” que permitiera colocar a su expareja tanto en Ineco como en Tragsatec. Y no solo eso: también para garantizar su continuidad.

Los hechos encajan. Rodríguez llegó a cobrar un total de 43.978 euros en ambas empresas públicas, pese a que ella misma reconoció durante la instrucción que no desempeñó actividad laboral ni acudía a su puesto de trabajo. El episodio más revelador lo aportó su propia supervisora. Cuando intentó controlar su actividad, recibió una orden clara desde Adif: debía dejar de molestar a la “sobrina del ministro”. La advertencia fue acompañada de presiones internas para que cesara en sus intentos de supervisión.

El mecanismo era tan sencillo como preocupantemente llamativo. La trabajadora prestaba servicio en dependencias de Adif, que era además quien asignaba las tareas. Sin embargo, no existe constancia de que esta entidad comunicara ninguna incidencia, ni siquiera cuando los problemas de fichaje eran evidentes. Al contrario, las comunicaciones entre ambas entidades dejaban entrever que todo transcurría con “normalidad”. Una normalidad ficticia que permitió mantener la situación sin levantar alarmas formales.

De hecho, el propio informe reconoce que no se activaron mecanismos de alerta ni se elevaron las incidencias a niveles superiores. La información ni siquiera llegó a la presidencia de la compañía, lo que impidió medidas correctoras a tiempo. Un fallo estructural que evidencia, más allá de la gravedad moral del "enchufe" y según la propia empresa, graves deficiencias en los canales internos y en la cultura de control.

El caso llegará al Tribunal Supremo el próximo 7 de abril, con Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el banquillo, en una causa que también investiga el cobro de comisiones en contratos de mascarillas.