Miles de denuncias en la Junta Electoral contra Pedro Sánchez y el 'pucherazo' con el DNI

Dudas sobre la limpieza en las elecciones en España. Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir con el sistema electoral español en este jueves 26 de marzo, el día en que la organización Hazte Oír entrega ante la Junta Electoral Central (JEC) una recogida de firmas que, más allá de su contenido, refleja algo más profundo: el avance de la desconfianza rubricado por miles de ciudadanos anónimos. La culpa de la sospecha del pucherazo tiene nombre y apellidos para los firmantes y para la entidad que recoge las quejas: Pedro Sánchez.

Todo gira en torno a una decisión que, en otro contexto, quizá habría pasado desapercibida. La Junta Electoral Central ha aceptado que, en determinados procesos electorales, los votantes puedan identificarse mostrando la imagen de su DNI a través de la aplicación miDNI, sin necesidad de generar el código QR que certifica su autenticidad.

Es un matiz técnico, sí, pero también un cambio de lógica. Porque ese mismo sistema exige mayores niveles de verificación para trámites administrativos rutinarios que para ejercer el derecho al voto. Y ahí es donde la cuestión deja de ser técnica para convertirse en política.

El Gobierno de Sánchez no puede alegar desconocimiento. Sabe perfectamente que cada decisión en torno al sistema electoral no solo se mide por su legalidad, sino por su impacto en la percepción pública. Y, sin embargo, ha permitido que se abra una grieta innecesaria. No porque exista una prueba de fraude, sino porque se reduce uno de los mecanismos diseñados precisamente para evitar que ese fraude sea siquiera imaginable.

El problema no es lo que se ha demostrado, sino lo que ahora se puede sospechar. En un contexto político marcado por el desgaste, por encuestas adversas y por un clima de polarización constante, cualquier modificación en las reglas del juego adquiere un significado distinto. Ya no se interpreta como una mejora técnica, sino como un movimiento interesado de Pedro Sánchez.

La iniciativa impulsada por Hazte Oír, que este jueves formaliza la entrega de firmas, no surge en el vacío. Se alimenta de un ruido previo, de un terreno que ya venía abonado por polémicas en torno al voto por correo, por informaciones sobre posibles irregularidades y por una narrativa creciente que cuestiona la limpieza del sistema. Puede que muchas de esas sospechas no tengan un respaldo sólido, pero eso no las hace menos eficaces. Porque en política, la percepción pesa tanto como la realidad.

Ahí es donde la estrategia del Ejecutivo resulta, como mínimo, difícil de justificar. Relajar —aunque sea parcialmente— los controles de verificación en el momento en que la confianza institucional está más tensionada no es solo una decisión arriesgada, es un error de cálculo. Sánchez ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para moverse en el filo, para tomar decisiones incómodas y convertirlas en ventaja política. Pero hay límites que no admiten ensayo. El sistema electoral es uno de ellos.

Porque la democracia no se sostiene únicamente en la limpieza de sus procesos, sino en la convicción compartida de que esos procesos son intocables. En el momento en que una parte de la sociedad empieza a dudar, aunque sea sin pruebas concluyentes, el daño ya está hecho. 

Quizá todo esto sea, efectivamente, una tormenta sobredimensionada. Quizá dentro de unos meses nadie recuerde este debate. Pero también es posible que no. Porque hay decisiones que no se valoran por sus consecuencias inmediatas, sino por la grieta que dejan abierta. Y en política, las grietas nunca se quedan como están. Siempre crecen. A La hora de cerrar esta información de ESdiario, casi 40.000 personas habían firmado la denuncia frente a la JEC.