Más problemas para Montero y SEPI: nuevo informe de la UCO y suspenso de consejeros en mérito y capacidad

Mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz espera un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- que apuntarían a posibles nuevos delitos en las institución, quien fue su responsable política hasta antes de ayer continúa atravesando su particular calvario en la campaña electoral andaluza. 

María Jesús Montero mantiene cruzados los dedos. Por dos motivos, principalmente. El primero -y a pesar de la anticipada debacle socialista el domingo 17 de mayo- es que, al menos, Juan Moreno necesite a Vox para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía.  

En segundo lugar, -y no por eso menos importante que el anterior- que cuando se levante el secreto de sumario -podría ser el 9 de mayo- en el que se encuentra la causa que investiga los oscuros episodios acaecidos en torno a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, no acaben dinamitando el ya maltrecho futuro político de la ex vicepresidenta del Gobierno. 

Nadie entendería ya que la autoproclamada como "la mujer con más poder del conjunto de la democracia" no supiera nada de nada en relación a todos los altos cargos salpicados por supuestos amaños de contratos públicos. Eso un temor que envuelve al entorno más cercano de la también vicesecretaria general del PSOE, incluido el propio Pedro Sánchez.

"Falta de capacidad y de independencia"

A la ya maltrecha imagen de la SEPI se suman ahora las conclusiones de un estudio demoledor contra los intereses del organismo. Los consejeros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en empresas participadas suspenden en mérito, capacidad e independencia, según el nuevo 'Dedómetro' de la fundación Hay Derecho.

Se trata de un análisis "pionero", cuya principal conclusión es que los consejeros designados por la institución dependiente del Ministerio de Hacienda registran un "suspenso global" en términos de mérito, capacidad e independencia, lo que pone de relieve "debilidades estructurales" en el modelo de nombramientos en empresas de alta relevancia estratégica, apunta el estudio.

El informe evalúa, mediante una metodología propia basada en criterios objetivos y a partir de estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aspectos como la formación, la experiencia en gobierno corporativo, gestión, el conocimiento sectorial o la independencia política de los perfiles analizados.

"Falta de formación y con perfiles políticos"

El análisis evidencia la "falta de requisitos de competencia, experiencia y formación en la designación de los consejeros, así como la falta de procedimientos abiertos, transparentes y competitivos". "Aunque existen perfiles técnicamente cualificados, estos conviven con otros cuya adecuación al cargo es más limitada, sin que exista un sistema que garantice de forma consistente el mérito, la capacidad y la independencia", explica el documento.

El investigador principal del informe, Germán J. Arenas, detalla que hay perfiles técnicos, "pero también perfiles marcadamente políticos, vinculados con partidos, que transitan con facilidad del Congreso de los Diputados a los consejos de administración". "Esto refleja un modelo que no asegura que los mejores perfiles lleguen a estos puestos", añade.

El informe pone el foco en empresas de relevancia para el interés general, como Redeia (Red Eléctrica), Indra, Telefónica o Talgo, responsables de infraestructuras críticas en sectores como la energía, la defensa o las telecomunicaciones.

"Examinamos nombramientos que afectan directamente al buen funcionamiento de empresas con gran interés público en sus manos", señala la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, que apunta que la gobernanza de estas compañías "es una cuestión que afecta a todos".

Conflicto de intereses

En este sentido, el estudio subraya que la calidad de los órganos de gobierno "no es una cuestión meramente interna de las compañías, sino un factor clave para prevenir conflictos de interés, reforzar la confianza y garantizar una gestión adecuada de recursos estratégicos y de empresas importantes para el interés público". Uno de los casos más relevantes analizados es el de Redeia, operador del sistema eléctrico español.

"Era necesario hacer un Dedómetro específico sobre la SEPI, especialmente tras episodios como el gran apagón, dado que la gestión del sistema eléctrico corresponde a una empresa participada como Redeia", afirma la secretaria general de Hay Derecho y directora de la investigación, Elisa de la Nuez.

El informe destaca que, en empresas con impacto sistémico como Redeia, el perfil de sus máximos responsables y consejeros adquiere una dimensión que trasciende lo empresarial y afecta directamente al interés general. Más allá de casos concretos, el informe identifica un "problema sistémico": la constante coexistencia de perfiles técnicos con otros de trayectoria predominantemente política o política-administrativa, lo que revela "la posibilidad de factores que influyen en el nombramiento ajenos a los principios de mérito y capacidad".

"Si el Estado decide participar en una empresa, debe hacerlo como un propietario profesional, activo, transparente y responsable", subraya el investigador principal, para luego incidir en que eso empieza por determinar, "con rigor, quién se sienta en el consejo de administración". Por su parte, Elisa de la Nuez recuerda que los órganos de gobierno son "clave": "Son quienes toman las decisiones".

Cuando el Estado está detrás de esos nombramientos, tiene que asegurarse de que elige los mejores perfiles posibles por el interés de todos, que es el que ha justificado su entrada en el capital de empresas privadas en primer lugar".

Por último, el informe incluye una batería de propuestas orientadas a reforzar la calidad institucional en este ámbito, entre ellas exigir una formación adecuada para desempeñar el puesto de consejero, establecer criterios objetivos y públicos de idoneidad, implantar procesos de selección transparentes, reducir la influencia del ciclo político en los nombramientos y reforzar la rendición de cuentas y la información pública.