editorial
Sánchez maniobra en la UCO: se quita de encima al jefe que investiga a Begoña Gómez
España no puede tolerar que la lucha anticorrupción sea un capricho partidista. Urge una UCO blindada, no domesticada. Si no, el Estado de derecho será la próxima víctima de esta trama.
Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo y por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado una jugada maestra de ajedrez político: ascender al coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a general de brigada. Lo que en apariencia es un premio merecido por su impecable trayectoria –número uno en su promoción y artífice de investigaciones implacables contra la corrupción– no es sino una patada hacia arriba, un relevo forzado para desmantelar el muro que Yuste representaba ante las presiones de Moncloa.
Desde su llegada a la UCO en junio de 2023, Yuste ha blindado la unidad contra injerencias. Bajo su mando, los agentes han destapado la trama Koldo, con indicios demoledores contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán; el caso Begoña Gómez, con cartas de recomendación que salpican directamente a la esposa del presidente; y las pesquisas sobre el hermano de Sánchez, David Azagra. Informes recientes, como los que vinculan pagos en negro en Ferraz o empresas ocultas de Cerdán, han acelerado el cerco judicial. Yuste impuso el silencio absoluto: ni una filtración, ni un atajo para anticipar hallazgos. "Era un parapeto", confiesan mandos de la Guardia Civil, que ahora temen un sustituto "más permeable" a las demandas de Interior.
El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska defiende la legalidad: Yuste completó el curso de ascenso en julio, y el proceso responde a vacantes por jubilaciones. Pero el timing es revelador. En condiciones normales, su promoción no llegaría hasta 2026, por escalafón. Aquí, se salta a coroneles mejor posicionados, coincidiendo con el encarcelamiento de Ábalos y Koldo García. No es casualidad: el Gobierno acelera para descabezar la UCO justo cuando sus informes amenazan el núcleo del PSOE.
España no puede tolerar que la lucha anticorrupción sea un capricho partidista. Sánchez, que llegó prometiendo regeneración, ahora sabotea la independencia judicial. Urge una UCO blindada, no domesticada. Si no, el Estado de derecho será la próxima víctima de esta trama.