Los jueces se hartan de políticos y feministas radicales a la vez

Los jueces aguantan el pulso y se han revuelto contra las injerencias. De la clase política, personalizadas en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en la portavoz del PSOE, Margarita Robles. Pero también de los grupos feministas más radicales. Las asociaciones de la judicatura, progresistas y conservadoras, están unidas en esto. Y no depende sólo de la polémica sentencia de 'La Manada': mucho antes de que se conociera el fallo, y aunque pasó desapercibida, sus señorías ya advirtieron de la ola dirigida contra ellos y de la necesidad de respetar su imparcialidad.

Nadie lo recuerda, pero ya en febrero sus señorías alzaron la voz. En una resolución conjunta histórica, las asociaciones progresistas y conservadoras que agrupan a la práctica totalidad de los jueces españoles se han rebelado contra la actitud del feminismo más radical, ése que convierte en "maltrato judicial" cualquier fallo en los tribunales que no coincida con sus exigencias.

Las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias afirmaron que las denuncias elevadas por las asociaciones de mujeres en relación al "maltrato judicial" que estarían recibiendo algunas víctimas de violencia de género en los juzgados especializados son un "ataque a la independencia judicial".

Los jueces rechazan que se intente influir en su trabajo y recuerdan que la Justicia no es dar siempre la razón

"Tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables -incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia-, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia", aseguran.

En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente muestran su apoyo a los dos jueces contra quienes las citadas organizaciones de mujeres han interpuesto denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Piden a este organismo además que "ampare a quienes se sientan perturbados en su independencia judicial como consecuencia de la presentación de quejas que ataquen su función jurisdiccional". 

Los primeros casos

Se refiere a dos casos concretos de víctimas de violencia de género denunciados por en rueda de prensa por la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos, entidades que han anunciado su intención de llevar al órgano de gobierno de los Jueces cuantos casos recaben de mujeres que no han recibido el trato debido en su proceso de denuncia de malos tratos.

Tras recordar que "el trato desconsiderado a quienes acceden a los órganos judiciales siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ", inciden en que "los miembros de la Carrera Judicial destinados en órganos con competencias en violencia sobre la mujer, gozan de una formación específica sobre la materia" que se traduce en "un tratamiento especial y diferenciado para las víctimas de violencia de género".

"Los miembros de la Carrera Judicial investigan, exclusivamente, hechos presuntamente delictivos. Una instrucción penal no es sólo correcta si el imputado resulta condenado, puesto que muchos son los factores que pueden llevar a la absolución y que deben ser valorados por el órgano enjuiciador (distinto del instructor)", destacan las asociaciones de jueces.

El recurso

En este sentido, inciden en que todas las resoluciones judiciales en materia de violencia sobre la mujer "son susceptibles de recurso ante el órgano superior colegiado". Añaden que, no obstante, "obtener Justicia no es sinónimo de que se nos dé necesariamente la razón y tutela judicial efectiva implica el derecho a obtener una resolución fundada en derecho".

La respuesta judicial deriva del reciente anuncio de seis organizaciones feministas  de que iban a denunciar ante el CGPJ a dos jueces concretos, como primera medida de una estrategia que se comprometían a extender a cuantos casos de absoluciones, a su juicio equivocadas, detectaran.

La Judicatura siente que atentan contra su independencia desde todos los flancos, no sólo políticos

Los casos esgrimidos para esta primera queja son el de Isabel López de la Torre, una mujer que acudió al juzgado a interponer una denuncia por malos tratos y salió al final imputada por la denuncia que su pareja le puso a ella.

Los casos

Aunque finalmente la condena fue para el marido, mantiene un régimen de visitas previsto por el juzgado. Por ello cargaron contra la jueza responsable del fallo, María Jesús López Chacón, en Arganda del Rey, a quien atribuyen esta explicación:  "Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal".

La otra denuncia tiene por objetivo al titular de un Juzgado de Violencia de Género de Sagunto, Julián González, por sus "actitudes arrogantes y autoritarias". Ante estas críticas y otras ya sugeridas, las asociaciones de jueces, de todo corte ideológico, han dicho basta.

 Después vino 'La Manada', y durante todo este tiempo, Cataluña: las presiones al juez Llarena han sido y son asfixiantes, dibujando un panorama de cerco a la acción judicial sin precedentes en España. De momento, los jueces son una piña frente a terceros de cualquier condición. Pero queda en el aire una pregunta: ¿Cuánto resistirán y a qué precio?