Montero desnudada por el Tribunal de Cuentas: posibles delitos en su gestión de los fondos europeos

El Tribunal de Cuentas ha puesto al descubierto, con la frialdad de los números y la contundencia de un informe de 754 páginas, la contabilidad creativa de María Jesús Montero al frente de Hacienda. La Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, aprobada el 29 de abril de 2026 y remitida al Congreso, no es un trámite técnico: es la radiografía implacable de una gestión que ha vulnerado principios constitucionales, normativos y europeos para tapar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

El informe certifica que el Gobierno gastó 77.341,9 millones por encima de los presupuestos prorrogados de 2023, financiando el 95% con deuda (73.182,8 millones). Infló ingresos por deudores en 11.263 millones, sobrevalorando el resultado presupuestario en 4.090 millones. Pero el escándalo mayor radica en el desvío de 2.389,4 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —destinados a la transformación productiva— para pagar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos. Dos modificaciones presupuestarias en noviembre de 2024, justificadas por “créditos sobrantes” e “insuficiencia de crédito”, según Hacienda. El Tribunal, con votos particulares de consejeros del PP y la catedrática Isabel Fernández, lo califica de irregular: la normativa europea exige que esos fondos solo financien actuaciones elegibles. Usarlos para gasto corriente no es “excepcional”; es ilegal.

El agujero estructural se agrava: el patrimonio neto negativo de las pensiones alcanzó un récord de 106.139 millones de euros, y el déficit por Incapacidad Temporal suma 2.677,3 millones. Todo ello mientras Montero, hoy candidata socialista a la Presidencia de Andalucía, defendía que no se comprometía el Plan de Recuperación. Vox ya ha llevado el caso a la Comisión Europea. Bruselas no perdona desvíos de fondos que los contribuyentes europeos pagan para modernizar España, no para maquillar pensiones.

Este informe no es una anécdota contable. Es la prueba de que el sanchismo ha convertido los fondos NextGeneration en un cajón de sastre para sostener un modelo insostenible: prórrogas presupuestarias eternas, deuda disparada y opacidad deliberada. Montero queda desnudada no por la oposición, sino por el organismo fiscalizador del Estado. Exigir responsabilidades no es revanchismo; es defender el dinero de todos y la credibilidad de España ante Europa. La ministra que aspira a liderar Andalucía deja atrás una herencia de irregularidades que clama por fiscalización y, si procede, consecuencias penales. La transparencia no es opcional cuando se juega con fondos europeos.