la mirilla
La sospechosa nacionalidad de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez ha conseguido cuadrar el círculo: casi cualquier decisión suya acabe siendo observada bajo el prisma del interés electoral.
La última polémica la ha abierto Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP asegura que la conocida como ley de nietos constituye una operación de “ingeniería electoral” para incorporar nuevos votantes. El Gobierno ha respondido calificando esas palabras de irresponsables.
Más allá del choque político, conviene detenerse en una pregunta. ¿Cómo se llega hasta aquí?
La nacionalidad española no puede convertirse en una moneda de cambio ni en una herramienta al servicio de ningún partido. Debe responder exclusivamente a razones históricas, jurídicas y humanas. Si la ley pretende reparar situaciones injustas vividas por miles de descendientes de españoles, ese debe ser su único fundamento.
Pero tampoco puede ignorarse el contexto. Este Gobierno ha hecho de la política una sucesión permanente de cálculos para mantenerse en el poder. Amnistías, indultos, cesiones a los socios inauditas o negociaciones que hace apenas unos años parecían impensables han alimentado la sensación de que casi todo puede responder a una estrategia de supervivencia de Sánchez.
Y, claro, cuando la confianza se deteriora hasta tal punto, cualquier iniciativa termina siendo recibida con sospecha. Incluso una tan sensible como la concesión de la nacionalidad.
Ojo, esto no demuestra que la acusación de Feijóo sea cierta. Pero sí explica por qué encuentra eco en una parte de la sociedad. La credibilidad de un Gobierno no se pierde de un día para otro. Se erosiona decisión tras decisión, rectificación tras rectificación y mentira tras mentira.
La democracia necesita ciudadanos que confíen en sus instituciones. Mas aun en sus sistema electoral. Y la confianza no se exige. Se gana.
Cuando un Gobierno convierte el cálculo político en su principal forma de ejercitarse, acaba ocurriendo lo inevitable: que los españoles empiezan a preguntarse si detrás de cada ley hay un interés general… o un puñado de votos más.
A.M. BEAUMONT