La nacionalidad española no se manipula

Una bandera de España
La nacionalidad española es un pilar constitucional, no un juguete político. Es la expresión jurídica de pertenecer a una comunidad histórica, cultural y democrática que ha costado siglos construir. Y precisamente por eso resulta intolerable que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido convertirla en un instrumento de ingeniería electoral, vulnerando la ley, despreciando al Parlamento y degradando la seguridad jurídica del Estado.
Lo que debía ser una medida de reparación para descendientes de exiliados se ha transformado en un fraude institucional: una operación masiva para otorgar nacionalidad a personas cuyos antepasados no sufrieron persecución política alguna, y que en muchos casos emigraron décadas antes de la Guerra Civil, incluso en el siglo XIX.
Esto no es memoria democrática. Esto es manipulación democrática, una instrucción que pisotea la ley y suplanta al legislador.
La Ley de Memoria Democrática establecía un criterio claro: nacionalidad para descendientes de quienes fueron exiliados por razones políticas. Pero una instrucción administrativa —firmada por la hermana de un ministro del Gobierno— decidió reinterpretar la norma y ampliarla hasta límites grotescos. Una instrucción, de rango inferior, se permitió corregir lo aprobado por las Cortes Generales.
Una instrucción decidió cuál era la “verdadera voluntad del legislador”.
Una instrucción se convirtió en legislador paralelo. Esto, en cualquier democracia seria, sería motivo de cese inmediato y de revisión urgente. En el Gobierno de Sánchez, en cambio, se celebró como una oportunidad política.
Los consulados españoles en América han pasado de ser oficinas diplomáticas a convertirse en fábricas de nacionalizaciones exprés. Juras masivas, colas interminables, documentos de dudosa relevancia histórica y expedientes que acreditan “exilios” tan absurdos como: Emigraciones en 1882. Pasaportes de 1929. Salidas de España en 1905. Viajes a Chile el 1 de enero de 1936, medio año antes de la Guerra Civil. Nada de esto es exilio.
Todo esto es inflación del censo exterior. 2,6 millones de solicitudes: la maquinaria electoral en marcha
Los datos son demoledores: 2,6 millones de solicitudes. Más de medio millón de nacionalizaciones ya concedidas. El Gobierno incluso ha editado un libro celebratorio para justificar esta operación política envuelta en sentimentalismo. La propaganda siempre es más eficaz cuando se disfraza de emoción.
El dato no admita cuestionamiento alguno, por mucho que quieran tergiversar, ya que la realidad es que Sánchez pretende sumar dos millones y medio de nuevos votantes en un tiempo récord. No es una sospecha: es una evidencia. La nacionalidad se está utilizando como herramienta de poder, no como institución jurídica. La nacionalidad española no puede ser la llave de un pucherazo silencioso.
No puede ser la moneda de cambio de un Gobierno que ha demostrado estar dispuesto a retorcer leyes, lo vemos constantemente en el Congreso, reinterpretarlas y forzarlas para mantenerse en La Moncloa. Por eso la respuesta debe ser restaurar la legalidad y la dignidad institucional
Es fundamental una reforma para devolver rigor, control y respeto a la nacionalidad española. Es una obligación moral y jurídica: proteger la institución frente a quienes la han convertido en un instrumento partidista. España es una nación con historia, con dignidad y con principios. Por eso la nacionalidad no se regala. La nacionalidad es un honor y debe merecerse.
Por eso es fundamental que Pedro Sánchez conteste a las preguntar que el pasado 1 de Julio la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, le hizo, ¿porqué tanta urgencia?, ¿porqué tanta opacidad?, ¿porqué no quiere que se debata seriamente este tema?
Sin duda Sánchez lo único que busca es polarizar ya que apoyar la nacionalidad para los descendientes de los que se vieron obligados a abandonar España en contra de su voluntad es un acto de Justicia, pero ha de hacerse con transparencia y nunca de forma opaca para evitar cualquier sospecha de manipulación. Y por desgracia sospechas de corrupción moral del sanchismo, también en esta materia, no faltan.
Sin duda, y volviendo a las palabras de Ester Muñoz, “hoy lo urgente es sacar a Sánchez, pero lo importante es la regeneración democrática, porque España necesita una reconstrucción moral”, y esta ley es de las primeras que habrá que revisarse con luz y taquígrafos, “lo importante no es que gane un partido, lo importante es que gane España” y la tranquilidad de los españoles