Ley de Nietos: España regala soberanía a votantes que no asumen las consecuencias del voto

Este fin de semana se celebraba a lo largo y ancho de los Estados Unidos el 250 aniversario de su independencia. Una sucesión de desfiles, banderas y pirotecnia que forman parte del folclore norteamericano. Pero, bajo la llamativa superficie del confeti, las extravagancias y las celebraciones, palpita el espíritu fundacional de una rebelión que cambió el mundo con una lógica aplastante.

Cuando los delegados de las Trece Colonias firmaron la Declaración de Independencia en Filadelfia en 1776, no lo hicieron por la banalidad de poder tirar petardos una vez al año o guiados únicamente por un romanticismo filosófico abstracto, sino para corregir una anomalía. Se negaron a ser súbditos financiadores de las arcas del rey Jorge III mientras no tuvieran un sitio reservado en la Cámara de Westminster, donde se decidía el destino de sus tierras y de sus impuestos: No taxation without representation —ningún impuesto sin representación— era su lema. El 4 de julio es, en su esencia histórica más pura, el triunfo del contribuyente sobre la tiranía fiscal, la exigencia innegociable de que el que paga, manda.

Los colonos que forjaron la independencia americana conocían cada palmo del territorio que habitaban, talaban sus bosques, padecían sus inviernos y construían su comunidad y la economía local con sus propias manos. Arriesgaban su patrimonio y su vida frente a las bayonetas de los casacas rojas o el nudo de la horca británica por el derecho a gobernar su propia tierra.

La gota que colmó el vaso fue que, desde el otro lado del Atlántico, un Parlamento remoto pudiera legislar en nombre de las colonias sin conocimiento de su realidad, sin intención de poner un pie allí y sin sentir la más mínima conexión con aquellas tierras.

Les cuento esto porque, en una retorcida ironía histórica y 250 años después, un pequeño país llamado España ha decidido recrear esa misma tiranía a la inversa. A través de la «Ley de Nietos», hemos entregado el poder de influir en nuestra nación a cientos de miles de ciudadanos extranjeros cuya conexión con esta tierra se limita a que el abuelo «algo nos habló».

La gran mayoría de los agraciados por la «Ley de Nietos» adquirirán los derechos plenos de la ciudadanía española mediante un mero trámite de ventanilla consular al otro lado del charco. Esta concesión automática, desprovista de cargas cívicas, no solo carece de sentido democrático, sino que supone una preocupante devaluación del demos, transformando un estatus de alta responsabilidad en un simple pasaporte de conveniencia burocrática.

Queremos ser originalmente estúpidos y pasar del «ningún impuesto sin representación» a la «representación sin ningún impuesto». Imagino que Washington, Jefferson, Adams y compañía mirarán estupefactos nuestra ocurrencia desde allá donde estén.

Esta desconexión entre la nación y el votante genera un riesgo moral crítico para cualquier democracia. Al conceder poder de voto a un colectivo exento de tributar, se quiebra la responsabilidad del elector. Quien vota sin asumir costes puede inclinar la balanza hacia la expansión desmedida del gasto sin sufrir las consecuencias. Es el derecho a elegir el menú a sabiendas de que la factura la pagarán exclusivamente los contribuyentes cautivos en la Península.

Pero no todo es dinero e impuestos. Esta política provoca una flagrante ruptura de la soberanía sobre el territorio. Las leyes tienen consecuencias físicas: afectan al mercado laboral, al precio de la vivienda y a la seguridad ciudadana de un entorno concreto. Permitir que personas sin vínculos materiales, culturales ni vivenciales condicionen las normas de quienes sí los tienen despoja al residente de su condición de sujeto político soberano, convirtiéndolo en un mero rehén de las decisiones de un grupo ajeno.

Podría llegarse al disparate de que los partidos políticos terminen por orientar recursos y discursos a capturar este mercado de votantes ausentes. En esta espiral absurda en la que nos han metido, lo lógico sería que el erario terminara subastándose mediante prebendas y subsidios consulares diseñados en exclusiva para este caladero transoceánico, consolidando un modelo de clientelismo internacional que terminaría siendo financiado por los trabajadores locales.

Otorgar la capacidad de decidir el futuro de la nación a quienes no asumen ni el coste económico ni las consecuencias sociales de sus votos no es un acto de justicia histórica, sino una negligencia institucional. Un pasaporte debe ser el reflejo de un compromiso cívico y fiscal, no un cheque en blanco regalado a costa del esfuerzo, del pasado y del futuro de los españoles.

Un pasaporte no es un álbum de cromos de Panini que repartían a la salida del cole; es la materialización de la pertenencia a un pueblo soberano. Millones de estadounidenses lucharon por poder tener el suyo. Y millones de españoles, también.