Congo, el horror en masa

La República Democrática del Congo es un país grande, enorme, casi diez veces mayor que Ruanda y Burundi juntas. Y que Tanzania o la mismísima Kenia. Pero, sin embargo, resulta invisible pese a las atrocidades que allí se cometen casi a diario, especialmente en la región de Kivu: desde este verano, se han certificado 526 muertes de civiles, casi 1.100 secuestros y once escalofriantes episodios de violaciones masivas.

Human Rights Watch (HRW)  lo recoge en el llamado 'Barómetro de Seguridad de Kivu',  un nuevo y tétrico sistema que supondrá la elaboración de un mapa con los distintos tipos de violencia que ejercen los más de 120 grupos armados y las fuerzas de seguridad estatales en la zona. Estas últimas, según el barómetro, han sido responsables de más de 100 muertes violentas en los últimos seis meses, más que ningún otro grupo armado.

HRW y el grupo de estudios sobre Congo de la Universidad de Nueva York han sido los promotores de esta iniciativa, que además de cartografiar la violencia proporcionará gráficos e informes analíticos. Según este nuevo indicador, ni los barómetros de violencia universitarios ni los medios de comunicación internacionales señalan la mayor parte de las situaciones de violencia que sufren las provincias de Kivu.

Dos décadas

El objetivo principal del barómetro consistirá en promover una mejor comprensión de los acontecimientos que suceden en un país que se enfrenta a una violencia en aumento, tras dos décadas sumida en conflictos de todo tipo que ya resultan endémicos.

La RDC lleva en guerra, con ése u otro nombre, dos décadas: es el horror perpetuo

Para ello, se tendrán en cuenta las muertes violentas, los enfrentamientos entre distintos grupos armados, los secuestros, los raptos, las violaciones masivas con al menos cinco víctimas por ataque, la destrucción de bienes y la represión de manifestaciones políticas pacíficas.

Una vez documentados estos casos en base a entrevistas con testigos, víctimas de abusos, activistas... distintos colaboradores del proyecto -tanto en RDC como en el extranjero- verificarán de nuevo los datos antes de publicarlos.

La directora para África Central de HRW, Ida Sawyer, ha señalado que esta iniciativa "proporcionará a los responsables políticos, periodistas, activistas y otras personas interesadas una nueva herramienta que les permitirá comprender mejor la violencia", además de servir para "atacar más eficazmente las causas profundas del conflicto en RDC, apoyar a las comunidades afectadas y pedir cuentas a los responsables".

En guerra

Se estima en más de 900.000 el número de desplazados durante el pasado año en RDC. La situación llegó a ser tan grave que Naciones Unidas declaró un "nivel tres de urgencia" en este país africano, una categoría que solo se ha otorgado a otros tres países: Siria, Irak y Yemen.

La situación ha empeorado debido a la crisis política que ha vivido el país después de que el presidente, Joseph Kabila, retrasara la convocatoria de elecciones. De acuerdo con HRW, esto ha provocado que los diversos grupos armados se alíen entre sí en respuesta a las decisiones de Kabila.

"Los niveles de desplazados en RDC son hoy los más elevados que se han registrado nunca", ha declarado el director del Grupo de Estudios sobre El Congo, Jason Stearns. "La crisis política actual no es solo una cuestión de elecciones, sino que concierne a los millones de personas afectadas por una violencia persistente y mortífera. Resolver esta crisis exigirá un compromiso crítico en el conclicto, pero también la voluntad política de interpelar a los responsables", ha añadido.

Hambruna

En ese trágico panorama, los estragos que no logra generar la extrema violencia los provoca el hambre. Al menos 400.000 niños menores de cinco años con desnutrición aguda grave podrían morir en 2018 en la región congoleña de Kasai, en la República Democrática del Congo (RDC), si no se les proporciona la atención sanitaria y nutricional que necesitan.

Según UNICEF, aunque las condiciones de seguridad se han estabilizado en varias zonas de Kasai, donde la violencia entre una milicia local y las fuerzas de seguridad estalló en agosto de 2016, y algunos desplazados están regresando a sus hogares y comunidades, la situación humanitaria "sigue siendo crítica".

Más de 750.000 niños de la región padecen desnutrición aguda, mientras que 25 zonas de la región se encuentran en situación de crisis nutricional por encima de los umbrales de emergencia.

"La crisis nutricional y de inseguridad alimentaria llega tras el desplazamiento de miles de familias que han estado viviendo durante meses en condiciones muy duras", explica el representante en funciones de UNICEF en RDC, Tajudeen Oyewale.

"La verdadera magnitud del problema se va evidenciando a medida que la gente vuelve a sus hogares en zonas en las que las condiciones de seguridad han mejorado y donde las instalaciones sanitarias han vuelto a ponerse en funcionamiento", ha subrayado.

La violencia y el desplazamiento masivo de población, que llegó a alcanzar los 1,4 millones de personas, han hecho que los alimentos escaseen, mientras dos tercios de los hogares no pueden cultivar sus tierras.

Las infraestructuras sanitarias también se han visto afectadas por el conflicto, con unos 220 centros de salud destruidos, saqueados o dañados, lo que dificulta el tratamiento de los niños gravemente desnutridos. Además, el acceso reducido a atención médica aumenta el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles como el sarampión.

Desde enero de 2017, UNICEF y sus socios han proporcionado ayuda nutricional terapéutica a 50.700 niños con desnutrición aguda grave y edades comprendidas entre los 6 y 59 meses. Sin embargo, la agencia de la ONU ha precisado que ha recibido solo el 15 por ciento de los fondos necesarios para responder a las necesidades nutricionales de los niños durante este año.

Los niños soldado

Además, desde el comienzo de la crisis, UNICEF ha ayudado a 800 niños anteriormente vinculados a grupos armados, y está llevando a cabo campañas de salud a gran escala, incluida la vacunación contra el sarampión de 1,4 millones de niños, y la distribución de mosquiteras impregnadas con insecticida de larga duración contra la malaria, destinadas a 4,8 millones de personas.

En este punto, el drama de los niños soldado ha tenido una mínima respuesta hace unos días, con una condena, de difícil cumplimiento pero alto valor simbólico, contra uno de los señores de la guerra que los reclutaba.

Y es que el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha sentenciado este viernes al antiguo señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga al pago de 10 millones de dólares como compensación colectiva a los más de 400 niños soldado que fueron reclutados bajo sus órdenes para enrolarlos en las filas de la Unión de Patriotas Congoleños/Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (UPC/FPLC).

El drama de los niños soldado afecta a miles de menores de 15 años, y no hay respuesta

Lubanga, fundador de la UPC, fue condenado a 14 años de cárcel en 2012 tras ser declarado culpable como coautor de crímenes de guerra por reclutar y enrolar a niños soldados menores de 15 años para su milicia y usarlos de forma activa en las hostilidades entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Tras ratificarse la pena en diciembre de 2014, Lubanga fue trasladado a la prisión de Makala, en su país, para cumplir la condena.

En su veredicto, la Sala Tercera del TPI ha dictaminado que Lubanga es responsable de "reparaciones colectivas por 10 millones de dólares", después de que un fallo previo en marzo de 2015 concediera reparaciones colectivas a los cientos de niños soldados que fueron víctimas del antiguo señor de la guerra.

De las 475 solicitudes representativas del total de víctimas susceptibles de recibir reparaciones, el TPI ha concluido que 427 fueron probablemente víctimas directas o indirectas de los crímenes por los que se condenó a Lubanga, según el comunicado emitido por el tribunal con sede en La Haya.

¿Sin indemnización?

No obstante, el TPI ha reconocido que las víctimas pueden ser muchas más, "incluso miles", ya que algunas puede que no hayan querido o podido participar en el proceso de reparación "por razones de seguridad". Dado que Lubanga no puede satisfacer el pago de la cantidad establecida, el TPI ha invitado a la junta de directores del Fideicomiso para Víctimas que examine la posibilidad de destinar una cantidad adicional para el pago de las reparaciones colectivas en este caso y que continúen sus esfuerzos para reunir fondos adicionales. Además, ha recomendado que el fondo contacte con el Gobierno congoleño para explorar su posible contribución al proceso de reparación.

Seguramente esos niños nunca verán un dólar: tras el hambre y la guerra, la falta de compensación será el penúltimo de sus males. Pero nadie dirá nada; es la República Olvidada del Congo, el país del silencio.