| 11 de Enero de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Los dos diputados de Podemos que encabezan el 'cerco' a la Iglesia desde el Congreso
Los dos diputados de Podemos que encabezan el 'cerco' a la Iglesia desde el Congreso

Podemos pone a la Iglesia en el centro de su diana con el Gobierno al acecho

Sánchez prometió un estado laico, sin religión en las aulas ni financiación pública. ¿Ha llegado ese momento? Mientras, Podemos inicia el camino de exigencias a la Iglesia.

| J.R. Opinión

La Iglesia lleva un año haciendo guiños al nacionalismo catalán, aceptando las presiones en los medios de comunicación episcopales de obispos y sacerdotes implicados como pocos más en el procés y, de algún modo, también a Podemos, menos contestado que nunca en esas mismas plataformas mediáticas como Trece TV.

Pero de nada le ha servido y, al contrario, mostrar debilidad puede facilitar la tarea prevista. De hecho, con el cambio del Gobierno puede redoblarse y ya ha dado un primer paso. Y es que Unidos Podemos ha pedido oficialmente al Ministerio de Hacienda que informe sobre los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia, y cuáles están exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Podemos exige un inventario con todos los bienes de la Iglesia, cuyos medios han perdido la fuerza como defensores

A través de una solicitud registrada en la Cámara, el grupo confederal se ampara en el artículo 7 del reglamento del Congreso para exigir estos datos y poder profundizar "en la igualdad de derechos y deberes de la Iglesia frente a otras confesiones", según han señalado la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo y el portavoz de Cultura de la formación, Eduardo Maura, impulsores de esta iniciativa.

Del mismo modo, y a través de otra petición, ha reclamado el inventario de todos los bienes inmuebles de la Iglesia Católica, en un documento que contenga la certificación catastral, incluyendo la fecha de registro y la ficha descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas, desde el año 1978 hasta la fecha actual.

El Gobierno, al acecho

Y ahí no termina la cosa, al menos si Pedro Sánchez aplica como presidente los compromisos que él mismo adquirió públicamente al convertirse en secretario general del PSOE: acabar con la financiación pública de la Iglesia reformulando o quitando los acuerdos con la Santa Sede; sacar del currículo escolar la asignatura de Religión y prohibir todo signo religioso de los espacios públicos. Esto último ya lo refrendó tácitamente en su toma de posesión, desprovista de la Biblia y el crucifijo que a menudo acompañaban la ceremonia.

 

"Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar", recalcó Sánchez en un programa al que fuentes socialistas siguen dando plena vigencia, más allá de cuáles sean los plazos y la energía para aplicarlo teniendo en cuenta la situación parlamentaria de los socialistas, con solo 84 escaños propios.

Y su ministra portavoz, Isabel Celáa, ha ahondado en esa dirección al anunciar en una entrevista dominical en El País que la asignatura religiosa dejará de ser evaluable y que la enseñanza concertada, ligada a distintas confesiones en muchos casos, dejará de comerle terreno a la pública.

Así funciona ahora

El profesor de relaciones entre la Iglesia y el Estado en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y exdiplomático de la Santa Sede, Francisco César García Magán, ha explicado a Europa Press que, según el Derecho de Tratados, "la denuncia de un tratado por una de las partes no es causa de terminación del acuerdo", a no ser que esté contemplado en el propio acuerdo.

En el caso de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, el experto explica que no está previsto este extremo por lo que en la "hipótesis" de que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, no podría romperlos de forma unilateral. Para que esta se produjera tendría que ser "por un acuerdo mutuo entre ambas partes", según ha precisado García Magán.

 

Sánchez, en la toma de posesión de sus ministros, desprovista de todo vestigio religioso

 

En este sentido, sería más probable que, en el caso hipotético de que el Gobierno denunciara los Acuerdos, se iniciara una negociación entre las partes, como ocurrió cuando se sustituyó el Concordato de 1953. La negociación podría ser para lograr un nuevo acuerdo o para no estipular ninguno.

Atendiendo a esta última posibilidad, que se disolvieran los Acuerdos, García Magán apunta un aspecto que habría que tener en cuenta: que la Constitución Española establece en su artículo 16.3 que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Además, cree que sería llamativo que se rompieran los Acuerdos con la Iglesia católica y no los firmados con musulmanes, judíos y evangélicos.

Asimismo, recuerda que, aparte del mandato constitucional, "España está comprometida internacionalmente con los pactos internacionales de Derechos Humanos" y dentro de estos está el derecho fundamental de libertad religiosa. Por ello, señala que, aunque no existieran acuerdos, la libertad religiosa tendría que quedar "garantizada".

Desde 1979

Por su parte, el profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Roma, Santa Croce, José Tomás Martín de Agar, tiene dudas de que el nuevo Ejecutivo español encabezado por Pedro Sánchez vaya a desmantelar los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

 

"No deberían romperlo de manera unilateral, ya que es un Acuerdo con carácter internacional que entró en vigor tras haber pasado por la aprobación del Parlamento y no parece que vayan a romperlo de forma unilateral o arbitraria. Esto podrían en duda su credibilidad internacional ya que significaría que podría hacer lo mismo con todos los demás Tratados", ha señalado el experto.

 

La participación de la Iglesia catalana en el desafío y la poca respuesta desde Madrid también ha enojado a muchos feligreses

 

Sin embargo, ha reconocido que en la práctica "podría hacerlo porque la Iglesia no tiene cañones" si bien ha referido que esto "le haría bastante daño, sobre todo, a su imagen en el extranjero". "El principio de los Pacta sunt servanda es que hay que cumplirlos ya que son vigentes para todos los Ejecutivos independientemente de su color político, sean de derechas, de izquierdas o de centro", ha apuntado.

No obstante, ha reconocido que el Estado "puede argumentar que hay que cambiar algunas cosas" lo que daría paso a una nueva mesa de negociación. "Se podrían negociar con el Nuncio apostólico o con el embajador de la Santa Sede en Roma, o también nombrando comisiones de estudio; hay muchas formas", ha sentenciado.

Así funcionan los acuerdos

La Santa Sede mantiene acuerdos con 183 estados de diferente ámbito cultural, geográfico y político. En España, los Acuerdos que están vigentes se firmaron en 1979 y venían a sustituir el Concordato de 1953. Desde entonces, se han cumplido con la alternancia de los distintos gobiernos.

En el programa electoral del PSOE de 2016, el partido se comprometía a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, una idea que posteriormente ha defendido el responsable de Justicia y Libertades del PSOE, argumentando que estos Acuerdos han quedado "obsoletos". Llegue o no a la meta, el camino ya lo ha emprendido. Con Podemos percutiendo a la vez y la Iglesia tal vez menos preparada que nunca.