| 05 de Octubre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

¡Es el cumplimiento de la Ley, estúpido!

Sánchez mantiene sus discursos totalitarios y se otorga la potestad de decir qué Ley se aplica: el decretazo, se acata, la sentencia del 25% en Cataluña, igual no tanto

| Fernando de Rosa Opinión

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La famosa frase: “La economía, estúpido” que fue muy utilizada en la política norteamericana durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 y que le permitió ganar las elecciones presidenciales frente a George Bush (padre), tiene su traducción en la política española de hoy en día: “¡Es el cumplimiento de la ley, estúpido”.

Así, León Tolstoi afirmó que era “más fácil hacer leyes que gobernar”, antecedente de la famosa frase referida. En verdad es más fácil hacer leyes que hacerlas cumplir, para el primer caso basta con tener el BOE, para el segundo, es necesario tener autoridad y sentido de Estado.

El gobierno sanchista, conocedor de su debilidad, es el ejecutivo que más está vulnerando el democrático sistema de elaboración de las leyes utilizando la figura del decreto-ley, que es una excepción prevista en la Constitución para los supuestos de urgente necesidad.  En un 54% de las iniciativas legislativas de Sánchez se ha utilizado este sistema, lo cual supone bordear peligrosamente el “fraude de ley”.

Este “ordeno y mando” gubernamental creado desde las calderas monclovitas gestionadas por nuestro moderno “curandero Bolaños”, el cual tiene el triste récord de tres condenas por vulnerar el  texto constitucional con sus decretos-leyes, no lleva aparejada una voluntad de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. El gobierno se dedica a aprobar iniciativas para contentar a sus socios comunistas y radicales, pero se desentiende del efecto que puedan producir en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero lo más grave es que también se desentiende de hacer cumplir la ley en aquellas cuestiones que pueden molestar a los que consienten que se mantengan en el poder. La prueba más evidente es que han llegado a consentir que en parte del territorio español haya leyes y sentencias judiciales que no se cumplan, con la pasividad de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado.

En Cataluña los derechos de los ciudadanos a recibir enseñanza en español han sido ignorados por la Generalitat con la complicidad del partido socialista catalán y del gobierno central, que han apoyado un decreto dirigido expresamente a evitar el cumplimento de las sentencias judiciales, lo cual es gravísimo en un Estado de Derecho. Ante esta rebeldía institucional los insumisos de la ley están planteando exportar su modelo a los territorios de la Comunidad Valenciana y Baleares, pudiendo encontrarnos que en una tercera parte de los ciudadanos españoles no podamos comunicarnos libremente en el idioma que es común en España, incumpliéndose el artículo 3: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Igualmente ocurre en el País Vasco, donde el gobierno sanchista mira a otro lado en los homenajes, que día si y otro también, se hacen a los terroristas etarras. Además, se desentienden de los ataques que reciben los constitucionalistas por el mero hecho de expresar que la ley se debe de cumplir, como le ha ocurrido a Mikel Iturgaiz. Pero lo más grave es que el flamante nuevo portavoz socialista Patxi López se dedique a blanquear a los que no condenan estos actos de terrorismo de baja intensidad y por supuesto, culpe al Partido Popular.

Es necesario que la ley se cumpla, no solamente en la forma no abusando de los decretos-leyes donde se limita el debate y los informes de los organismos independientes del Estado, sino también en el fondo, exigiendo su cumplimiento en todo el territorio nacional. El Estado de Derecho y la democracia legislativa deben defenderse en todo momento y no solamente cuando convenga a la estrategia política, porque esta manera de actuar degrada la democracia y crea inseguridad jurídica.

Por eso es necesario que le recordemos a Pedro Sánchez, a su “experto” jurídico Bolaños y a la cada vez más “menguante” ministra de Justicia, Pilar Llop, que en democracia lo importante es garantizar el cumplimiento de la ley.