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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Los españoles dedican 177 días de su salario anual salario a pagar impuestos

Los contribuyentes han dedicado de media este año un total de 177 jornadas de trabajo al pago de impuestos, por lo que su ‘vínculo laboral’ acaba de concluir.

| ESdiario Opinión

Los contribuyentes españoles dedicarán de media este año un total de 177 jornadas de trabajo al pago de impuestos, por lo que el 'Día de la Liberación Fiscal' ha llegado este 27 de junio  adelantándose así un día respecto del año pasado, según los cálculos realizados por el 'think tank' Civismo, que cifra en una media de 187 jornadas los días que quedan libres para el propio contribuyente, uno más.

De esos 177 días de sueldo dedicados al pago de impuestos, las cotizaciones sociales suponen, de media, 102 jornadas de salario, a las que se suman otras 35 por IRPF (una jornada menos que el año pasado), otros 25 por IVA, 11 por Impuestos Especiales, y cinco más por otros tributos estatales, autonómicos y municipales como el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculación. Esto deja disponibles 187 días de sueldo libres para el contribuyente.

 

El desglose refleja un gran impacto que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales. Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, el ocupado de entre 16 y 29 años cobra 64,11, lo que equivale a una 'cuña fiscal' del 35,89%.

Para los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se queda en 62,50 tras una 'cuña fiscal' del 37,5%. Los que tienen entre 45 y 64 años reciben de esta cantidad solo 61,66 euros, lo que supone la 'cuña fiscal' más elevada por tramos de edad: un 38,34%.

Por último, entre los mayores de 65 años, la fiscalidad directa se traduce en que, de cada 100 euros, se perciben 88 de forma efectiva. En este caso, la "cuña fiscal" es más reducida, de un 12%, por la ausencia de presión de las cotizaciones sociales.

Gasto público y pago de impuestos

El 'think tank' realiza por primera vez en España una comparativa entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. Para ello, pone en relación la distribución del gasto público por partidas presupuestarias y el pago de impuestos por tramos de edad.

De esta forma, el gasto en protección social (pensiones, prestaciones por desempleo, y otras ayudas) asciende al 16,8% del PIB español, seguido en peso por el coste de mantenimiento de la Administración Pública, con un 6,1%; la Sanidad (6%); Educación (4%); Inversiones (3,9%); Seguridad (1,9%); Subvenciones y Cultura (1,1%); Defensa (1%); Medio Ambiente (0,8%) e Infraestructuras de vivienda (0,5%).

 

Casi el 80% desembolsa más en impuestos que lo que recibe hasta que alcanza la edad de jubilación

 

En cuanto a los servicios públicos que recibe cada ciudadano en función de su edad, se incrementan exponencialmente con la llegada de la jubilación. En concreto, el valor económico de lo percibido por el contribuyente se más que triplica, pasando de los 6.934,42 euros nominales en el tramo de 16 a 29 años a los 22.388,80 a partir de los 65.

No obstante, la principal prestación, en términos económicos, se trata de la pensión pública, al ascender a 15.454 euros anuales, seguida de la cobertura sanitaria (1.919 euros).

En lo que se refiere a los impuestos, el máximo se da en la madurez de la edad laboral del contribuyente (45-64 años), cuando alcanza a pagar 15.662,24 euros anuales, frente a los 10.449,75 de los más jóvenes, o los 4.620,31 de los mayores de 65.

Si se cruzan ambas variables, casi el 80% de los contribuyentes paga más impuestos que lo que recibe hasta la edad de jubilación, momento en el que la situación se revierte.

 

Los trabajadores abonan entre 3.515,33 y 7.775,23 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, para luego beneficiarse en forma de pensión, sanidad y dependencia por un importe de 17.768,49 euros anuales durante dos décadas.

Los cambios por Comunidades

Por CCAA, las únicas variaciones relevantes son las reducciones aprobadas en Extremadura sobre el tramo autonómico del IRPF (un punto en el primer tramo, hasta 12.450 euros), las modificaciones del tramo autonómico del IRPF en La Rioja, que suponen una menor presión fiscal sobre las rentas del trabajo (0,4 puntos menos en el segundo y tercer tramo, y 0,2 puntos en el cuarto marginal hasta 35.200 euros), junto a rebajas del Impuesto sobre el Patrimonio (amplía la bonificación en cuota íntegra hasta el 75%, acercándose al 100% de la Comunidad de Madrid) y en Sucesiones y Donaciones.

Por último, se producen dos subidas tributarias importantes en Navarra en los tipos del ahorro y en la imposición de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y parentesco de primer grado. Esta reforma hace de Navarra la única región española donde cónyuges, padres e hijos pagan Sucesiones, aunque se mantenga prácticamente la exención total sobre la empresa familiar.

Estos cambios van en la dirección contraria a la de siete regiones en las que, en este ejercicio 2018, se ha ampliado el tratamiento favorable a las herencias y donaciones de parentesco colateral (tíos, sobrinos, primos), incluso en Andalucía donde la oposición a bajar este impuesto ha sido férrea por parte del Gobierno autonómico, explica Civismo.