Las víctimas de ETA se rebelan contra las cesiones del Gobierno a los presos

Las víctimas del terrorismo están indignadas con Pedro Sánchez y su anuncio de acercamiento de presos de ETA pactado con el PNV, partido cuyos votos fueron decisivos, junto a los de Bildu y las formaciones independentistas catalanas, para que prosperara el desalojo del PP del Gobierno. De facto, el partido de Arnaldo Otegi es quien más insiste en exigir esa medida, aunque oficialmente es el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien la ha asumido  y trasladado a Moncloa.

Tan es así que una de sus principales referencias, COVITE, no acudirá hoy al Congreso a un homenaje organizado para recordar a los mártires del terrorismo, al considerar que es incompatible pactar con el nacionalismo y pretender honrar a sus muertos sin un repudio previo, al menos, de los terroristas presos hacia ETA.

Y van más lejos: habrá movilizaciones si la idea persiste y rechazan, de manera frontal, que además de acercar a reos el PSOE le ceda al PNV las competencias penitenciar que le permitirían, por ejemplo, decidir permisos y dejar con ello en libertad a quien creyera oportuno.

Explicaciones de Sánchez

Sus principales asociaciones han coincidido en su petición de explicaciones al presidente, después de que el lehendakari anunciara que se iba a abordar el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA y la transferencia de la política penitenciaria a través de la creación de grupos de trabajo; compromisos que en el primer caso el propio Sánchez reconoció y en el segundo dejó abierto.

Las asociaciones detectan "mensajes contradictorios" entre Moncloa y el Ministerio del Interior, por ejemplo cuando el presidente Sánchez habla, sin ofrecer más detalles sobre su composición, de grupos de trabajo, así como de "normalizar la convivencia en el País Vasco"; y, a su vez, el titular del Interior, Fernado Grande-Marlaska, insiste en el cumplimiento de la ley y el tratamiento individualizado, de acuerdo a los criterios exclusivamente técnicos de Instituciones Penitenciarias.

COVITE no asistirá mañana al homenaje a las víctimas en el Congreso de los Diputados.

Es incoherente homenajear a las víctimas del terrorismo mientras se permite que los herederos políticos e ideólogos de #ETA estén en instituciones democráticas. https://t.co/llSRiZYCgp pic.twitter.com/OZNOmIH7wP

— COVITE (@CovitePV) 26 de junio de 2018

"No sabemos cómo se va a gestionar eso de los grupos de trabajo de Sánchez y Urkullu", ha explicado en declaraciones a Europa Press Maite Araluce, presidenta de la AVT, para quien urge que Sánchez les reciba en Moncloa en un formato similar al de la entrevista con Mariano Rajoy el pasado 10 de mayo.

"Entendemos que puede haber acercamiento siempre que se dé el requisito de colaboración con la Justicia, que es el verdadero arrepentimiento", defiende la presidenta de la AVT, mostrando sus dudas sobre que se vaya a incluir a las asociaciones entre los participantes de esos grupos de trabajo, si finalmente se crean.

Fuentes de Interior aseguran que desconocen aún cómo se articulará el anuncio de formar grupos de trabajo y se remiten a la idea esbozaba por Grande-Marlaska de que son los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamiento de las diferentes prisiones las que deben evaluar si procede, de acuerdo a la ley, el acercamiento de un preso de ETA.

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Recuerdan desde Interior que la ley exige el requisito de la colaboración con la Justicia para el cambio de grado -pasar de un régimen cerrado a otro más beneficioso-, pero no para el traslado de centro penitenciario, algo que, para el caso de penados, es competencia exclusiva de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Luis Ortiz, juez que con anterioridad a este cargo fue asesor jurídico de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.

El PNV ya pone interlocutor

El Gobierno vasco ha anunciado este martes que su secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, será "el interlocutor fundamental" con la Administración central para llegar a acuerdos sobre política penitenciaria y acercamiento de los presos de ETA.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha enmarcado en la normalidad la disposición del presidente del Gobierno de estudiar un posible acercamiento a las cárceles del País Vasco, pero ha advertido de que los cambios en la política penitenciaria "no pueden quedar en manos" de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

"La competencia de decidir dónde cumplen condena los presos la tiene el Gobierno central, no los Gobiernos autonómicos, por lo tanto Sánchez no tiene ningún motivo para discutir ese asunto con Urkullu", ha replicado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, para quien la decisión de crear ese grupo de trabajo es "preocupante". "Tememos que sea el nacionalismo vasco el que quiera imponer las condiciones para que se produzca el acercamiento de presos".

El mensaje de Covite se dirige directamente a Grande-Marlaska, recordando que es él el que apela a su "ADN de magistrado" y a los criterios estrictamente legales en los que, entienden, no caben grupos de trabajo de carácter político. "Él conoce perfectamente la legislación y el contexto del terrorismo y sabe perfectamente dónde está el límite entre el Estado de Derecho y las cesiones indecentes al nacionalismo vasco".

La presidenta de Covite se refiere especialmente a la posible transferencia en materia penitenciaria, algo que rechazan en estos momentos: "Supondría dar las llaves de las cárceles a los nacionalistas, que antes no las querían para no ser carceleros y ahora las quieren para abrir las puertas a los presos".

¿Y Marlaska?

El pasado jueves, Grande-Marslaska citó a las asociaciones de víctimas para explicarles que se aplicará con los presos de ETA el principio de legalidad de forma individual. Tanto en declaraciones a la prensa como en un comunicado, el responsable del Interior -que apeló a su "ADN de magistrado"- subrayó que siempre tendrán presente que "la confianza únicamente puede generarse previa información y transparencia". Es decir, respondía al temor de las víctimas de enterarse por la prensa de cualquier acercamiento.

COVITE exige el repudio a ETA como condición mínima para cualquier cambio en la situación de los presos de ETA.

Tiene que ser un repudio individual, en ningún caso colectivo.https://t.co/NBYC5QINui pic.twitter.com/g0rl4jqcHN

— COVITE (@CovitePV) 26 de junio de 2018

En una entrevista en Telecinco , Grande-Marlaska ha insistido este martes en el "compromiso para informar con transparencia por respeto a las víctimas". "Desde luego", ha dicho, "no se va a hacer nada que deba hacerse conforme a la ley por detrás de las asociaciones de víctimas". Desde estas organizaciones avisan que el incumplimiento podría derivar en movilizaciones y protestas en la calle: "No basta con buenas palabras".

Ante las críticas del PP y Ciudadanos, Grande-Marlaska defendió el pasado 19 de junio en el Senado que no existe "ningún tipo de componenda" sobre los presos de ETA a cambio del apoyo nacionalistas en la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez.

VÍDEO ▶ @ehbilducongreso pide que no se dilate en el tiempo el acercamiento de presos https://t.co/ofkfEygPc1

— EiTB Noticias (@eitbNoticias) 26 de junio de 2018

Además de criticar el "alarmismo" de estos partidos, el ministro recordó que antecesores suyos del PP como Jorge Fernández Díaz, al que no citó expresamente, sostuvieron en el pasado que "estaba en manos de ETA" poner fin a la dispersión si antes se disolvían como organización, algo que ocurrió el pasado mes de mayo.

El acercamiento de presos a cárceles próximas a sus casas ha sido habitual, incluso con ETA en activo, pero nunca se había hecho como parece estar haciéndolo el Ejecutivo: a cambio de unos escaños con los que compensar la falta de diputados propios, vanagloriándose de ello en público como ha hecho Sánchez y en un contexto de cesiones generales al nacionalismo vasco y al catalán, que incluye la disposición gubernamental a ceder transferencias como la Seguridad Social, la política penitenciaria o incluso la Justicia.

Las cifras del horror

ETA asesinó a casi un millar de personas en su cerca de medio siglo de vida hasta su reciente disolución. Pero la cifra de víctimas directas es mucho mayor entre heridos, exiliados, secuestrados y coaccionados y crece, con datos oficiales del Ministerio del Interior, hasta las 7.242 personas. Una estadística abrumadora que supone el 70% del total de víctimas formales del terrorismo en España -el resto en su mayor parte lo son del yihadismo-  e incluye un último dato descorazonador: en 312 casos, las familias de asesinados no saben quién mató a sus seres queridos y nunca se han podido juzgar los hechos.