La Abogacía del Gobierno

Cicerón definía la Justicia con su famosa frase: “Somos esclavos de las leyes para poder ser libres” y añadía “La ley suprema es el bien del pueblo”. Ambas frases deben ser recordadas en los momentos actuales en las que el gobierno de coalición socialista, comunista y radical se empeñan en retorcer la ley y ocupar el poder judicial para mantenerse en sus cargos monclovitas.

Sabemos de la utilización de la Fiscalía por parte de Sánchez y el nombramiento de su amiga Lola para imponer su voluntad en el Ministerio Fiscal. Sabemos de las presiones contra el órgano de gobierno de los jueces, pero está pasando más desapercibido la utilización grosera de la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado maniobra para 'librar' a Laya del caso Ghali

 Una de las primeras medidas que acordó Lola Delgado cuando era ministra de Justicia, y por expreso deseo de su jefe Sánchez, fue la destitución de la cúpula de la Abogacía del Estado, profesionales de gran prestigio, para que se convirtieran en simples ejecutores de los deseos y caprichos del gobierno. Fue en 2019 cuando empezó a cambiar los escritos de acusación en el juicio del procés con una rebaja de las penas solicitadas por la Abogacía del Estado a los acusados golpistas, preparando los argumentos de los futuros indultos, como se ha visto en la resolución del gobierno del mes de julio.

También hemos visto como la Abogacía se retiraba de todos aquellos asuntos molestos para el gobierno y su política de mantenerse en el poder a toda costa. Como por ejemplo, cuando se ha negado a informar sobre los avales de la Generalitat de Cataluña en el Tribunal de Cuentas, causando un daño considerable a este cuerpo de funcionarios.

El prestigio de la Abogacía ha sido destruido por Sánchez

Históricamente los abogados del Estado han tenido un prestigio enorme en el ámbito del Estado, defendiendo los intereses de la democracia y no los partidistas del gobierno de turno, siguiendo las directrices de una democracia basada en el cumplimiento de la ley sentadas por Cicerón hace 2000 años, y que le costó la vida al filósofo por enfrentarse al poder dictatorial que empezaba a configurarse en Roma, desgraciadamente este prestigio ha sido destruido por Sánchez.

Pero la última acción de la cúpula de la Abogacía manejada por Pedro Sánchez ha sido crear una ficción sobre la vigencia de la inmunidad parlamentaria del prófugo Puigdemont, desautorizando al Tribunal Supremo español que siempre ha mantenido que la orden de detención contra el golpista estaba vigente.

Así pues, la Abogacía del Estado ha sido la responsable del sainete jurídico que hemos presenciado en Cerdeña, y todo porque a Sánchez no le interesa que Puigdemont fuera detenido y entregado a la Justicia española para así poder mantener su mesa de negociación con la que se  mantiene en el poder.

Ahora nos quieren hacer creer que ha sido un simple error, pero las mentiras tienen las patas muy cortas y sabemos que el Gobierno ha estado trabajando para evitar la entrega del prófugo

 Por lo tanto, desde la Justicia europea se ha puesto de manifiesto que las autoridades españolas, es decir la Abogacía del Estado, le comunicó expresamente que el hecho de que el Juez Llarena hiciera una consulta al Tribunal de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont conllevaba la suspensión de las órdenes de detención, lo cual ha sido desmentido por el propio Tribunal Supremo.

Ahora nos quieren hacer creer que ha sido un simple error, pero las mentiras tienen las patas muy cortas y sabemos que el Gobierno ha estado trabajando para evitar la entrega del prófugo.

La ambición de poder de Sánchez

Cicerón fue decapitado por defender el imperio de la ley frente a los que querían torcerla para lograr sus intereses personales, y sin duda la Abogacía del Estado en España, dos mil años después, ha sido decapitada para que Sánchez pueda lograr su ambición de poder.

 Sin duda esta acción forma parte del mismo plan  llevado a cabo en la cúpula de la Fiscalía y del poder judicial, con la connivencia de Lola Delgado, Juan Carlos Campo y Pilar Llop, los tres últimos ministros de Justicia y además miembros de la carrera judicial y fiscal, que han preferido la sumisión a defender el imperio de la ley, sin ser conscientes que igualmente han sido y serán decapitados, pero sin la dignidad que tuvo Cicerón.