Servini y los jueces estrella: la "Garzón" argentina y el caso de Martín Villa

Hay conceptos que entre sí se repelen, como el agua y el aceite. En estos días convulsos, en todos los órdenes, las noticias se suceden, de estrella en estrella. Messi parece que se queda, para tranquilidad de los madridistas y disgusto de los petrodólares.

Este es un jugador “estrella”. Hay cocineros estrella y con estrellas (Michelin); hay actores y actrices que son estrellas de Hollywood. Incluso, el término estrella puede aplicarse en positivo a ciertos profesionales, de otros gremios. Ahora bien, jamás he entendido el concepto de juez o fiscal estrella, como no entendería el de sacerdote estrella o el de enterrador estrella. 

Hay profesiones, por diversas razones, donde la excelencia no la puede marcar el ruido mediático que del sujeto que las ejerce provoca. En presunto descargo, algunos jueces o fiscales estrella aducen, con la falsa humildad de los ególatras, que no son ellos, es la trascendencia de los asuntos que investigan o juzgan lo que les lleva al disparadero de la prensa. Burdas excusas falsarias. 

Entre mi reducido elenco de amigos -se cuentan con los dedos de una mano y sobran-, tengo el honor de contar con un juez que tuvo sobre sus espaldas uno de los asuntos más graves, más conocidos y de mayor volumen y complejidad en la historia judicial reciente de España, en materia de corrupción -de todos los órdenes, esencialmente, urbanística-. 

Ese hombre es, para muchos de ustedes, un desconocido, pese a dictar una sentencia con una extensión y una profundidad que podría dar lugar a un estudio de tesis doctoral. No le conocerían si lo vieran por la calle, no porque no sea público quién es (aparece en internet, en fotos de la sala y encabezando la sentencia de marras) pero no ha movido un solo dedo para ser “estrella”.

No ha buscado la significación social, ni el aplauso fácil que le conllevaría haber condenado a una cuerda de políticos y empresarios corruptos o corruptores -según cada cual, en su función-, a una pila de años de cárcel. Él sigue huyendo de entrevistas, de flashes.

Quiere acabar su carrera judicial haciendo lo que un juez debe hacer, poner sentencias, dictar Autos y hablar donde toca, en Sala y con la toga puesta; y cuando procede, con la calidez humana oportuna de quien se acerca a preguntarle algo, fuera de estrados, de buena fe, como he visto con mis propios ojos. No le nombro, porque su humildad le llevaría a molestarse conmigo. Él sabe quien es, yo lo sé, y quizá alguno de ustedes, si han leído entre líneas mis explicaciones, pueden intuirlo. 

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Ese es el trabajo del juez, como del árbitro, que el partido concluya y sean los jugadores quienes se lleven las fotos. Nadie se acuerda del arbitro del 8-2 del Barça, ni del Centenariazo. Eso es una buena señal. Del árbitro no se debe acordar nadie, debe pasar desapercibido.   

María Servini es, por el contrario, la pretendida “juez estrella” de Argentina. A la vejez, viruelas. Si Aristóteles señalaba que la monarquía degenera en tiranía, como la democracia en demagogia, habría que añadirle al estagirita, cómo la judicatura y la fiscalía degeneran en los jueces o fiscales estrellas, en sujetos narcisistas y antisociales.

Son auténticos patógenos con toga, que, amparados en el indudable poder que se les confiere a sus cargos (que no a ellos, que son fungibles como cualquier trabajador más, aunque se consideren ungidos por el oleo sagrado de la diosa Themis), se revisten de las facultades que administran -reitero, que no son suyas-, para intentar conseguir dos elementos: influencia y ruido. Hacer política o revisionismo histórico, recubriéndolo de un conjunto de falacias, es su especialidad. 

En ese marco, la “Garzón” bonaerense, se haya empecinada en un revisionismo peronista de la historia reciente de España, a propósito de un presunto “genocidio” por la muerte de 12 ciudadanos argentinos, entre 1976 y 1978, donde ha puesto su punto de mira en el exministro de Martín Villa, que desempeñó sus cargos en el último gabinete franquista de Arias Navarro, y ya en democracia, con Adolfo Suárez. 

Alguien debería explicar a la juez Servini ciertos conceptos básicos, que parece no tomar en cuenta en su devenir investigador. Desde la irretroactividad de las disposiciones penales no favorables de la Constitución, la Ley de Amnistía española, la jurisdicción española y sus límites, la prescripción delictiva (también podría repasar la que regula el Código Penal de Argentina, como yo he hecho), el concepto de autoría o el principio de responsabilidad penal personal.

El "genocidio"

Y por supuesto, quizá a sus 83 años, no tiene ganas de estudiar el genocidio en profundidad, pero le recomendaría que valorase la asentada doctrina sobre el elemento subjetivo o mens rea que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda vino a determinar como delimitador del delito de genocidio: el ánimo de exterminar sistemáticamente a un grupo humano, por razón de su pertenencia a una etnia, raza, nación, grupo social o cultural. Nada que ver con los presuntos hechos investigados.

Que una juez argentina pretenda hacer una revisión penal de miembros de la Transición española, de forma contraria a nuestro Ordenamiento, con la colaboración o inestimable aquiescencia de Dolores Delgado, es intolerable jurídicamente. La susodicha, Dolores o Lola, en sus tiempos de fiscal de base, era el alter ego de Garzón, el paradigma del “juez estrella”, que se estrelló contra el Código Penal, cuando se saltó reglas básicas que en toda democracia, un juez debe respetar.

Delgado es única en su especie. Nadie ha sido, en menos de dos semanas, ministra de Justicia y Fiscal General de Estado. Como la metamorfosis de Kafka, de cargo del Gobierno y diputada; a imparcial e independiente en escasos días, por no decir, horas. Surrealista resulta que no haya frenado esta pantomima. 

Que Martín Villa haya declarado ante el llamamiento, es totalmente respetable. Yo, sin embargo, no hubiera colaborado con semejante esperpento y me hubiera limitado a no abrir la boca. Eso de que “el calla, otorga”, me ha resultado siempre una supina gilipollez.

El que calla, se calla y punto. Y desde luego, no me hubiera sometido a una investigación de un país extranjero, por muy inocente que me sienta o considere ser, sustentada en un conjunto de deficiencias técnicas insubsanables, y marcada por un sesgo ideológico que apesta a distancia. 

Es asombroso, también, que sea, precisamente una juez argentina, la que pretenda revisar los actos de cargos de la Transición, cuando Argentina es una democracia fallida, cuando las madres de la Plaza de Mayo seguirán dando vueltas con sus pañuelos blancos reclamando una justicia que nunca les llegará, cuando una parte importante de los secuaces de Videla no han recibido nunca su justo castigo, sino todo lo contrario. Yo las vi en Buenos Aires hace años, pude escuchar lo que tenían que decir al mundo e incluso, hablar con alguna de ellas. Algo inolvidable.   

¿Y la Masacre de Eceiza? ¿Y quién mató y quién mandó matar al fiscal Nisman? ¿Y las cargas durante el mandato de Perón a los estudiantes? ¿Y las “coimas” -como llaman allí a los sobornos- ligadas al kischnerismo, qué pasa con eso? (vean si pueden el documental de En Portada de TVE sobre este asunto).

La decencia

Argentina, su sistema judicial y su democracia, no se encuentran en condiciones de dar ninguna lección a España en transparencia y exigencia de responsabilidad a sus órganos e instituciones, cuando harían falta varios lustros de trabajo judicial independiente, de “cirugía penal”, para devolver a aquel maravilloso país, al que tengo especial afecto, al nivel de decencia y justicia que merece su pueblo. 

Las “madres locas”, esas de la plaza de Mayo, a las que cantaba su “tango” el genial Carlos Cano, seguirán buscando e implorando justicia, “con Malvinas y sin Malvinas”, para saber de su “Pedro o a su Lydia”; mientras Servini juega a abrir telediarios para investigar a ex ministros de Franco.   

Técnicamente, esta investigación es un absoluto despropósito. No entro a valorar si desde el plano del Derecho penal argentino tiene algún calado que no haya podido atisbar, pues sería pretencioso por mi parte hacerlo. También sería una impericia que no advirtiera, desde el Derecho español, como es manifiestamente insostenible, ya no colaborar institucionalmente, sino dar el más mínimo pábulo a esta clase de procesos desatinados.

Esto no es una investigación judicial, es una parodia aderezada con solemnidades del sistema criminal. Todo tiene un límite, y el respeto a las normas y a la jurisdicción española, no es negociable. Esta “joda”, que dicen los argentinos, no da más de sí.