Sánchez politiza Correos con los peores datos de eficacia y protestas en años

El ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez llega a Correos sin otra experiencia que, tal vez, haber enviado una carta y recibido una postal. Juan Manuel Serrano lo hará con un sueldo estratosférico, pero también en un momento delicado para la compañía que desaconsejaba, tal vez como nunca, su politización.

Y es que eso de ser más lento que una carta de Correos no es una frase hecha ni mucho menos. Los datos lo corroboran, por desgracia. Porque Correos encadenó en 2017 su tercer año consecutivo sin cumplir los plazos de entrega de cartas fijados por ley, dado que durante el pasado llevó el 92,80% de las misivas a su destino en los tres días siguientes a su envío, frente al objetivo mínimo legal del 93%. El porcentaje de cartas entregadas en tres días presenta así una ligera mejora respecto al del 92,66% registrado en 2016, pero está lejos de la cota del 96,5% alcanzada en 2013.

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Así se desprende del informe de control de calidad del servicio postal público de Correos que anualmente realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El estudio revela que Correos tampoco cumple, en este caso desde hace cuatro años, el objetivo de entregar en destino el 99% de las cartas en un plazo máximo de cinco días, dado que el pasado año sólo dio cuenta en este periodo del 98,08% de la correspondencia.

De igual forma, respecto al envío de paquetes considerado de servicio público (el paquete nacional de hasta veinte kilos), la sociedad postal pública entregó el 70,4% en tres días y el 85,03% en cinco, con lo que se queda también por debajo de los objetivos mínimos legales del 80% y 95%, respectivamente.

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En el caso de este servicio, Correos acumula tres años sin alcanzar el plazo mínimo legal de tres días y al menos seis sin lograr el objetivo de entrega a cinco días.

Se trata en ambos casos de los servicios que Correos presta por encargo del Estado y en virtud de lo fijado en la Ley Postal, para garantizar un servicio público y universal, y a cambio de recibir la correspondiente subvención pública.

En este sentido, el informe de calidad del 'superregulador' correspondiente a 2017 tiene lugar apenas un mes después de que la Comisión Europea haya resuelto obligar a Correos a devolver al Estado 167 millones de euros que recibió a través de compensaciones "excesivas" y exenciones fiscales "incompatibles" con las normas europeas que le fueron concedidas por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre 2004 y 2010.

Avalancha de quejas

El informe de la CNMC también detalla que Correos recibió en 2017 un total de 167.332 reclamaciones de sus clientes, lo que supone un incremento del 4% en comparación al ejercicio previo, si bien la operadora no distingue las reclamaciones relacionadas con el servicio público.

Precisamente, el grueso de las reclamaciones están relacionadas con el reparto postal, que ascendieron a 38.190. De éstas, 7.843 están referidas a retrasos, otras 5.663 a extravíos y 5.134 más, a entregas erróneas, entre otros supuestos.

Durante el pasado año, Correos destinó 1,17 millones de euros a afrontar el pago de indemnizaciones derivadas de reclamaciones, importe un 12,5% superior a abonado en 2016 por este mismo concepto.

Una mejora imprescindible

La CNMC considera que todos estos datos "confirman la tendencia al empeoramiento en la calidad de los servicios que Correos ofrece en el ámbito del denominado servicio público universal" y, por ello, estima que la operadora, integrada en SEPI, "debe adoptar las medidas necesarias para frenar esta tendencia negativa".

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En su estudio, el 'superregulador' también señala otros aspectos como son la conveniencia de que Correos "diera visibilidad en su web" al número de teléfono de atención a cliente gratuito que asegura tener, en vez del 902 que figura en su portal de Internet.