27 de Julio de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Los sanitarios, siempre en primera fila
Los sanitarios, siempre en primera fila

Las medidas legislativas a adoptar frente al coronavirus

El autor, cirujano en activo, catedrático y portavoz de Sanidad del PP en el Senado; repasa la estrategia que debería seguirse para combatir la pandemia.

| Antonio Alarcó Opinión

 

Es una evidencia científica que este microorganismo conocido como COVID-19 no se reproduce, sino que se replica a sí mismo millones de veces en nuestras células sobre todo alveolares, y ha puesto en solfa a la humanidad de forma también evidente.

El poder legislativo tiene la responsabilidad muy patente, teniendo que tomar medidas nacionales claras y siempre con evidencia científica, respaldada por un comité de expertos público y contrastado. Se demuestra también que la vulnerabilidad de este mundo globalizado —estamos a favor de la globalización— y los sistemas sanitarios muy desarrollados y potentes no son capaces de evitar que haya ya más de dos millones y medio de fallecidos en el mundo.

Por otro lado, se debe evitar la quiebra del Sistema Nacional de Salud, que precisará una Estrategia Nacional de Reconstrucción Sanitaria, además de darle un enfoque distinto a dicho sistema, más orientado a la prevención que a la enfermedad.

 

Me adelanto en decir, que la salud solo es un derecho reconocido al 20% de la población mundial, con lo cual habrá —obligatoriamente— que fabricar vacunas corporativas para que toda la humanidad, sin restricciones, tenga derecho o acceso. También aprovecho este momento para decir que, dentro de los derechos humanos reconocidos por la OMS, debe figurar como uno importante el derecho a la salud.

El principio constitucional con el cual estamos de acuerdo, según el cual en España hay 17 autonomías y dos ciudades autónomas, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo y su desarrollo. Hay 17 sanidades distintas dentro de un mismo país, que lo convierte muchas veces en ineficaz y un carísimo atentado contra el derecho de todos los ciudadanos a disponer de una cartera de servicios iguales, vivan donde vivan.

La reflexión que hemos realizado hasta ahora y la evidencia científica —que el coronavirus no tiene ideología, ni diferencia entre las clases sociales, ni razas— pone de manifiesto que las Cámaras Legislativas tienen que ejecutar medidas para afrontar la pandemia. Por todo ello, se necesita un pacto por la sanidad para hacerlo sostenible.

Si una vida no tiene precio, que es un concepto moral de todo bien nacido —y para nosotros una gran verdad— la Sanidad tiene un coste y no puede ser ilimitado, por eso la necesidad de pactar una Cartera de Servicios Universal —la que decidamos democráticamente— que sea para todo el territorio igual y financiarla.

Hay 17 sanidades distintas dentro de un mismo país, que lo convierte muchas veces en ineficaz y un carísimo atentando contra el derecho de todos

Las duplicaciones, triplicaciones y desigualdades de las 17 carteras de servicio existentes no redundan en nada positivo y hacen que el sistema sea ineficaz e insostenible. Por tanto, una de las labores fundamentales del poder legislativo es facilitar que no ocurra lo anterior.

Profesiones de riesgo

En los últimos 10 años, hemos asistido a la presencia de siete coronavirus distintos, por cierto todos tienen un principio en común que es China —la OMS se lo tiene que hacer ver— y el COVID-19 está siendo con creces el más contagioso y destructivo, por lo que hay que vencerlo con medidas científicas y una de ellas será la vacunación global. Tenemos que estar preparados porque podemos tener en los próximos años la presencia de más coronavirus que pueden ser muy destructivos.

Por todo ello, el poder legislativo tiene la obligación política y moral de tomar medidas inmediatas — ya que el Gobierno las tomó tarde y mal— de protección y reconocimiento de los sanitarios españoles puesto que tenemos a más de 100.000 contaminados con COVID-19, es decir, medidas como el reconocimiento de profesión de riesgo y su peligrosidad laboral, el reconocimiento de la enfermedad profesional a los contaminados y maniobras fiscales conducentes a minimizar los más de 90.000 fallecidos y sus familiares por esta tremenda tragedia.