| 03 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía Sostenibilidad ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
Pedro Sánchez, en Barcelona
Pedro Sánchez, en Barcelona

La solución al secesionismo catalán

El autor recuerda la terrible respuesta del separatismo a cada acto de "concordia" de España y discute la deriva de Pedro Sánchez hacia un lugar muy peligroso.

| Eligio Hernandez Opinión

 

 “La Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al gobierno”. (Patrick Henry)


El Gobierno de coalición va a conceder el indulto a los independentistas catalanes para lograr la concordia y el apaciguamiento de Cataluña a través de un diálogo imposible extramuros de la Constitución. El diálogo sólo es posible y aconsejable si se respeta y cumple la Constitución.  

Como ha escrito Elorza, “diálogo” significa intercambio de opiniones entre dos sujetos, si se quiere con el fin de superar una desavenencia. Pero no cabe hablar de diálogo cuando uno de ellos, los secesionistas, tiene ya adoptada una posición inmutable y la relación con el otro se limita a hacer efectiva su pretensión de imponerla, sin modificación alguna.

La llamada al diálogo se convierte en una pura y simple operación de propaganda política, que permite a los independentistas ganar tiempo para que el “adoctrinamiento”, “envenenamiento”, como lo denominó Santiago Ramón y Cajal, facilite la independencia, según su hoja de ruta: “hoy paciencia, mañana, independencia. 

Comparto la tesis de Don José Ortega y Gasset expuesta en su discurso sobre el Estatuto de Cataluña en la sesión de las Cortes de 23 de mayo de 1932: "El problema catalán es un problema que no puede resolverse. Ha existido antes de la unidad peninsular, y seguirá siendo mientras España subsista, por lo que sólo puede conllevarse. No presentéis vuestro afán en términos de soberanía, sino de autonomía, porque entonces no nos entenderemos".  

 

Tras la guerra civil, Ortega  mantendría el pesimismo, mientras Azaña abandonaría el optimismo, al comprobar la deslealtad del nacionalismo catalán en la defensa de la República, como lo revela en “La velada en Benicarló (1939)”: «Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho. En el fondo provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición».  “Los hechos, parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español”.

Nunca ha servido de nada ceder

La historia demuestra, sin excepciones, que cada vez que se hace concesiones a los independentistas o se les ha agraciado con un  indulto, más se enaltecen y empeoran la situación; y que no se ha logrado apaciguarles con el dialogo. En efecto:

- El  9 de marzo de 1873 se proclamó en Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Los golpistas exigieron, para desconvocar la proclamación, el nombramiento como presidente del socialista catalán Pi y Margall y la disolución del ejército español en Cataluña. El gobierno de Pi y Margall, ideólogo federal no independentista, no consiguió detener la rebelión cantonal que intentó combatir infructuosamente.

- El mismo día 14 de abril de 1931 en que se proclamó la II República, Maciá proclamó  la República Federada Catalana. El recién proclamado gobierno provisional de la República no estaba en condiciones de abortar dicha proclamación unilateral y se limitó a enviar el 17 de abril en avión a Barcelona a los nuevos ministros Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer quienes, después de tensas conversaciones con Maciá, consiguieron que éste aceptara un Estatuto de Autonomía para Cataluña, cuya redacción elaborada íntegramente por la Generalitat presentó Companys a Azaña el mes de agosto de 1931, antes de que se aprobara la Constitución en diciembre de ese  año . La aprobación del Estatuto con el voto favorable de los diputados catalanes no satisfizo totalmente las  pretensiones secesionistas.

Con el separatismo catalán las concesiones no han servido nunca: siempre todo ha ido a peor

-El presidente de la Generalidad, Lluís Companys (ERC), volvió a proclamar unilateralmente el Estado Catalán de la República Española. El domingo 17 de octubre de 1934, el Consejo de Ministros, mediante decreto firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional. El presidente y los miembros del Gobierno de la Generalitat fueron condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, por el delito de rebelión militar contra la República el 6 de octubre de 1934, a treinta años de prisión, y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley presentada a las Cortes por el Gobierno de la CEDA con Lerroux.

Prueba irrefutable del fracaso histórico de la política de diálogo y apaciguamiento, es que, -a pesar de que los independentistas catalanes fueron amnistiados por el  Frente Popular, liderado por el PSOE de Largo Caballero, dejando impune la citada rebelión, y restaurando la vigencia del Estatuto, y de que incorporó a 6 ministros de ERC y a varios anarquistas a los gobiernos del Frente, -  traicionaron a la República ( la palabra traición es de Azaña) durante la guerra civil, como denunciaron Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes; y Azaña, en los artículos escritos en Collonges-sous-Saléve ( Francia) en 1939 : “Cataluña en la guerra,  y la insurrección libertaria y el «eje» Barcelona-Bilbao”, cuya lectura recomiendo expresamente.

 

Esta situación se ha vuelto a repetir en nuestros días, en que el Gobierno de coalición, formado prácticamente por las mismas fuerzas que integraron el Frente Popular en febrero de 1936, va conceder el indulto a los independentistas catalanes condenados por sedición, pertenecientes a fuerzas políticas, como ERC, que ya sostienen al gobierno. Esperemos que no vuelvan a traicionar a España como hicieron con la República durante la contienda fratricida.

- La Generalitat, tras la aprobación de las leyes de transitoriedad y del referéndum de autodeterminación en el Parlament, sin debate parlamentario, y después de haber sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, celebra un referéndum ilegal el 1 de octubre de  2017, sin garantías, y se proclama por el Parlament la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que, al igual que en octubre de 1934, fue abortada por el Estado de Derecho Español mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado por el Senado,  con la convocatoria de elecciones autonómicas y la condena por la Sala II del Tribunal Supremo por el delito de sedición a sus autores.

El conflicto catalán solo tiene solución aplicando la Constitución y las Leyes como han hecho las democracias federales más avanzadas, que han resuelto sus problemas territoriales con diálogo, pero sin vulnerar sus Constituciones.

Los teorizantes independentistas catalanes han pretendido, demagógicamente, y falseando la historia, justificar la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña, en los referéndums celebrados sin éxito por Quebec y Escocia.

Solo sirve la Constitución

En cuanto a  la llamada “Ley sobre la Claridad”, aprobada por la Cámara de los Comunes canadiense en el año 2000,-basada en un dictamen consultivo emitido por el Tribunal Supremo de Canadá en respuesta a una pregunta del Parlamento federal sobre si una hipotética secesión unilateral de la provincia de Quebec sin el consentimiento de Canadá sería contraria, por un lado, a la Constitución y, por otro, al derecho internacional,- el 20 de agosto de 1998, la Corte Suprema concluyó que:

Quebec no tiene el derecho a separarse unilateralmente por la legislación canadiense o internacional, y confirmó que el Parlamento de Canadá tendría la facultad de determinar si la pregunta del referéndum sería lo suficientemente clara para provocar dichas negociaciones”.

Dicha  Ley de Claridad  establece que la Cámara de los Comunes de Canadá tiene el poder de decidir si la pregunta del referéndum de un hipotético proceso de secesión es clara antes de ser sometida a votación; la facultad de determinar si una clara mayoría se habría producido en un referéndum, lo que implicaría que algún tipo de mayoría reforzada sería necesaria para considerar que el resultado del referéndum habría sido favorable a la secesión.

El caso catalán no tiene nada que ver con los de Quebec o Escocia. Y ningún país tolera la autodeterminación

Y también  tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la Ley de Claridad, lo que exige que la secesión de una provincia de Canadá requiera una enmienda a la Constitución de Canadá, y que si una parte de Quebec no vota independencia, no formará parte del Estado que pueda formarse.

Después de la entrada en vigor de esta Ley, Quebec no ha vuelto a plantear la celebración de un nuevo referéndum de independencia, ya que se fueron de su territorio las entidades financieras, y su gobierno es conservador no independentista. Es evidente que los independentistas catalanes no se someterían a esta Ley.

El referéndum convocado por la Cámara de los Comunes de Inglaterra, que no tiene una Constitución escrita que lo prohíba, no es un referéndum de autodeterminación, sino para decidir si Escocia, - que fue siempre un estado independiente hasta que en 1707 se adhirió voluntariamente a la Gran Bretaña conservando todas sus instituciones, - tiene derecho a marcharse o no de la Gran Bretaña.

El caso americano

El derecho a marcharse no se reconoce en los Estados Unidos, especialmente a California y Texas,-que fueron estados independientes, hasta que en 1850 y en 1848 se adhirieron voluntariamente  al Estado Federal de la Unión,- ya que los padres fundadores establecieron  la bicentenaria Constitución de los Estados Unidos de 1787  “para formar una unión más perfecta”,  pero no establecieron el derecho a marcharse.

Como explicó el presidente Abraham Lincoln en su primer discurso inaugural en 1861, “considerando la ley universal y la Constitución, la unión de estos estados es perpetua". En los años siguientes (1861-1865), 600.000 americanos murieron en una guerra civil larga y sangrienta que reivindicó el principio de que la Constitución establece una unión permanente entre los estados.

Y poco después de acabar la Guerra Civil, la Corte Suprema confirmó que “la Constitución, en todas sus disposiciones, vela por una unión indestructible compuesta por estados indestructibles”.

El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha dictado una sentencia en la que no admite a trámite  la demanda de amparo de un particular vinculado al Partido de Baviera. El Constitucional germano rechazó la demanda para que se reconociera el derecho de autodeterminación, afirmando que "en la República Federal de Alemania (RFA), como Estado nación cuyo poder constituyente reside en el pueblo alemán, los estados federados no son dueños de la Constitución. No hay por lo tanto espacio para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el marco de la Constitución, ya que violan el orden constitucional".

El indulto no dejará satisfechos a los independentistas ni va a lograr la concordia, la reconciliación y el apaciguamiento con Cataluña, como afirma Sánchez, pues los que van a ser indultados ya están pretendiendo la amnistía, prohibida por la Constitución, y no cesan de proclamar “Ho tornarem a fer” ( lo volveremos a hacer).

 

Ya dijo Junqueras, en una carta a la militancia, tras la sentencia: “Volveremos y volveremos más fuertes”.  Jordi Sánchez, secretario general de JxCat, ha dicho que “los que deberían cumplir la legalidad son los miembros del Supremo que reinterpretaron el Código Penal, y que el conflicto se resuelve con la amnistía, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación” .

Y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha dicho que “se necesitan medidas mucho más amplias que los indultos y que la resolución del conflicto político va más allá, pactando un referéndum de autodeterminación”, que no reconoce ninguna Constitución del mundo, ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas” .

Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué va a consistir el diálogo que se pretende con el indulto, que cada vez se blasona más, ahora por el empresariado, los sindicatos,  y los obispos catalanes, si los independentistas no van a renunciar a un referéndum de autodeterminación ni Sánchez puede convocarlo al no permitirlo la Constitución?.

Parodiando a Churchill, en relación al fracaso del dialogo con Hitler para apaciguarlo: “Al gobierno de coalición le han dado a escoger entre cumplir la Constitución y las Leyes con todos los medios que éstas establecen, o el deshonor de claudicar ante el secesionismo catalán concediendo el indulto.

El deshonor

¡Habéis escogido el deshonor, tendréis de nuevo un conflicto más agravado con otra sedición, que los condenados en el procés están dispuestos a volver a cometer, o con desórdenes públicos ocasionados por la violencia de los Comités de Defensa de la República!.

El gran estadista e intelectual republicano, Manuel Azaña, concluiría desde el exilio que, en Cataluña, la historia no sólo se repite, sino que empeora.  Celebraría que los socialistas veteranos, con Felipe González y Alfonso Guerra a la cabeza, que somos contrarios al indulto, nos equivocáramos, porque si Sánchez logra apaciguar Cataluña y que los independentistas renuncien a la celebración de un referéndum de autodeterminación, se habría obtenido un éxito histórico son precedentes, pero si no lo logra y la situación empeora, las consecuencias para el PSOE, y lo que es peor, para España, pueden se trágicas e irremediables.