El historial de Pedro Sánchez en Caja Madrid le explota en el peor momento

La guerra de las comisiones de investigación ha comenzado. Rotos todos los puentes de negociación encauzados entre el PP y el exportavoz del PSOE, Antonio Hernando, para que las comisiones de investigación no se convirtieran en una encarnizada lucha partidista para remover el pasado, lo que toca ahora es que cada uno haga la guerra por su cuenta.

La respuesta de los populares no sólo será en el Senado, donde piensan pedir la comparecencia de Pablo Iglesias para explicar las supuesta financiación del régimen venezolano a Podemos; o la de Pedro Sánchez, Susana Díaz y Felipe González para que hablen del uso indebido de fondos de los cursos de formación y de los ERE; o la Albert Rivera para que aclare el supuesto desvío al partido de subvenciones destinadas a las administraciones públicas en función de su representación.    

El frente antiPP organizado en torno a la comisión parlamentaria que supuestamente debe investigar la financiación ilegal del partido popular tendrá repuesta también en el Congreso, en la comisión constituida para investigar las Cajas de Ahorro. En esta comisión el PP pedirá que comparezca el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, además del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro de Economía Pedro Solbes y el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. 

A Sánchez se le citará para que explique sus funciones y responsabilidad cuando formó parte del Consejo de Administración de Caja Madrid como miembro de la Asamblea General de la entidad y en su etapa como concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009. Como miembro de la Asamblea, y tal y como reflejan las actas, Sánchez estuvo presente cuando se emitió el mayor número de preferentes de la época de Miguel Blesa.  

Pedro Sánchez argumentó en su momento que como miembro del Ayuntamiento se convertía automáticamente en miembro del Consejo de Administración de la caja, aunque son los partidos políticos quienes eligen a sus representantes y  cualquiera puede negarse a ostentar dicho cargo, como fue el caso de David Lucas, alcalde socialista de Móstoles.

La Asamblea General era, según los Estatutos de la entidad, el máximo órgano de gobierno de la Caja que tenía asignadas, entre otras funciones, la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado a los fines propios de la entidad, así como la gestión del Consejo de Administración. También, la de nombrar a los miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos y de la Comisión de Obra Social, y aprobar las retribuciones y remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.

Las comisiones de investigación parlamentarias se convertirán en la versión más dura del “y tú más”. En el PP ya han asumido que no tendrán más remedio que activar el “ventilador” como mecanismo de defensa.