La ocupación no es un derecho

La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.

Estos datos son muy preocupantes ya que casi cada media hora, una vivienda es ocupada ilegalmente en España, sin que el Gobierno “de la gente” haga nada para intentar dar solución a esta problemática, mirando hacia otro lado, olvidando que cuando unos “okupas” invaden una propiedad alteran gravemente la convivencia vecinal y ponen en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

La vergonzosa realidad sobre la “okupación" que Sánchez trata de ocultar

La ocupación es un problema transversal que puede afectar por igual a cualquier ciudadano, pero se agrava cuando afecta a las clases medias, trabajadoras y humildes, ya que tienen menos recursos para defenderse.

Los ciudadanos quieren soluciones y que se garantice el derecho a vivir en paz, por eso no se entiende que ni la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ni el presidente, Pedro Sánchez, en sus procesos iniciados de escucha, se reúnan con los perjudicados por la ocupación ilegal. Simplemente ocultan un problema que preocupa cada vez más a la sociedad, dándose el caso que ante el aumento de “okupaciones”, varios Colegios, entre ellos el de la Abogacía de Barcelona o el de Abogados de  Málaga, han solicitado reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiendo la recuperación inmediata de la posesión como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea.

La hipocresía de la izquierda española en esta materia es asombrosa, ya que contraponen el derecho constitucional de la propiedad con el también derecho a una vivienda digna, olvidando que a quien le corresponde hacer política social, facilitando el acceso a la vivienda a aquellas familias que se encuentran en vulnerabilidad, es al gobierno y no a costa del propietario que paga religiosamente los impuestos.

Es hora que acabemos con el fenómeno de la ocupación ilegal que ataca la propiedad y la libertad de las personas, modificando las leyes que sean necesarias y dotando a la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios.

Hay que recordar a los ministros socialistas y comunistas que España tiene el triste récord de tener pocas viviendas sociales públicas. España tiene menos de una vivienda social (0,9) por cada 100 habitantes, lo que sitúa al país en uno de los últimos puestos de la Unión Europea, que, de media, cuadruplica a la tasa española, con un total de cuatro residencias protegidas por cada centenar de ciudadanos.

Por eso es necesario que se adopten urgentemente medidas, y que se establezca un plazo máximo de desalojo voluntario de un inmueble por parte de quien realiza una ocupación ilegal, de 12 a 24 horas desde que ha sido requerido para su desocupación por la autoridad pública o sus agentes, y si no se produce ese desalojo voluntario en el indicado plazo, se produzca el lanzamiento inmediato por parte de la autoridad pública. Esta iniciativa pondría cerco a las mafias, y a los violentos que son los que verdaderamente se benefician de la ocupación ilegal, y ahorraría muchos sufrimientos a los afectados y recursos a la Administración.

También debería impedirse legalmente que se permitan empadronamientos de personas que hayan ocupado de forma ilegal y, de haberse realizado, se considere nula y no  atribuya ningún derecho o  ayuda económica.

Es hora que acabemos con el fenómeno de la ocupación ilegal que ataca la propiedad y la libertad de las personas, modificando las leyes que sean necesarias y dotando a la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios. A los delincuentes se les debe responder con el Código Penal y a las personas vulnerables, con política social, pero en un caso y en otro es al gobierno quién le corresponde dar soluciones, y si no saben, que escuchen las propuestas que llegan desde los Colegios de Abogados, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la oposición.