La primera diputada en declararse lesbiana le hace otro roto a la Ley Montero

Si alguien no es sospechoso ( ni sospechosa) de no luchar por los derechos del colectivo LGTBI o de comulgar con la derecha esa es Ángeles Álvarez. Su currículo habla por ella: ex portavoz de Igualdad en el PSOE e  impulsora del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se firmó en 2017, fue la primera diputada en declarar públicamente su lesbianismo. Ahora, sin embargo, lanza un mensaje contundente contra la polémica Ley Trans de Irene Montero afirmando que contiene varios puntos que no solo atentan contra los derechos conseguidos por las mujeres sino también contra los que protegen a la infancia.

Cierto es que Pedro Sánchez se encuentra en estos momentos contra la espada y la pared: sus “socios” de gobierno le aprietan las tuercas mientras que endocrinos y psicólogos se llevan las manos a la cabeza y diferentes colectivos feministas le dan la espalda. Un marrón más que el presidente intenta torear confiando en esa baraka que le ha permitido flotar en toda clase de aguas turbulentas cuando todo el mundo lo daba por ahogado. Pero que mujeres de las suyas, valientes y sin pelos en la lengua, le estén poniendo los puntos sobre las íes en una cuestión tan mollar como esta no es ninguna tontería.

Una Ley de semejante calado no puede dejarse en manos de alguien cuya única experiencia como psicóloga es haber trabajado como cajera en una cadena de electrodomésticos, desoyendo las puntualizaciones, suponemos que bastante más fundamentadas, de profesionales que sí conocen de primera mano las dos caras de la moneda: la de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar las personas transexuales pero también la del problema que representa someter a tratamientos invasivos a alguien que todavía no ha madurado ni física ni mentalmente.

La impulsora del Pacto de Estado contra la Violencia de Género considera que la ley de Montero no se ajusta a la Constitución, atenta contra los derechos de los menores y roba medallas a las mujeres deportistas

Articular una ley sensata que cumpla la premisa constitucional de que todos somos iguales en derechos y deberes no tiene por qué ser tan complicado siempre y cuando no se haga deprisa y corriendo ni azuzada por una ministra que dudo mucho que se marcase una conga en el caso de que alguien de su prole decidiese afrontar de la noche a la mañana el riesgo que conlleva someterse a un  “tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados”. 

Escuchar a personas como Álvarez que saben que esto no es ir a la peluquería, que alertan sobre el inexplicable aumento de menores, sobre todo chicas, que están manifestando su transexualidad influidos por factores que nada tienen que ver ni con su identidad ni con su género, y que conocen muy bien por experiencia propia lo que es la discriminación y la lucha por los derechos de un colectivo – de dos mejor dicho: el LGTB y el feminista–, sería lo lógico. Otra cosa es que se prefiera bailar al son de las palmas de quienes confunden progresismo con decir amen al disparate aunque este afecte a algo tan importante como es el futuro de un menor.