La nueva ley de seguridad ciudadana impedirá multar a okupas y manteros

Concepción Arenal, insigne escritora y pionera del feminismo español, tuvo una frase que debería estar grabada en la puerta del Consejo de Ministros de la Moncloa 'sanchista': “El error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea".

Estamos ante un gobierno que comete errores y los justifica, nunca se disculpa ante los “efectos inesperados” que vienen produciendo sus leyes y que causan graves perjuicios para diversos colectivos de la sociedad española.

Hemos visto los errores de la ley del sí es sí con la posibilidad que 4000 violadores y pederastas vean sus penas reducidas o los errores de la eliminación del delito de sedición con respecto el cual, el Tribunal Supremo acaba de afirmar en una resolución, que los golpes de Estado sin emplear violencia no tienen sanción penal tras la reforma de diciembre pasado.

Todas estas aberraciones jurídicas las ha abanderado el sanchismo que nos gobierna, tras pactarlas con sus socios populistas y radicales. Pero ahora se anuncia otra reforma fruto de la sumisión a BILDU y ERC, y es la derogación de la ley de seguridad ciudadana aprobada en 2015 por el gobierno del Partido Popular.

En realidad, estamos ante una contrarreforma que parte de la desconfianza y animadversión hacia la labor de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rompiendo con el necesario equilibrio entre libertad y seguridad, desprotegiendo a nuestros garantes de la seguridad pública.

¿Qué cambia con la nueva Ley de seguridad ciudadana?

De nuevo Sánchez cede ante la radicalidad al presentar una ley que va a favorecer la delincuencia y el incendio de nuestras calles. En esta futura ley se va a permitir la grabación y difusión de imágenes de nuestros policías y guardias civiles poniéndolos en peligro ante delincuentes y radicales; se podrán realizar concentraciones y manifestaciones sin comunicación previa; se pone en duda el valor probatorio de los atestados policiales; se limitan las posibilidades de identificaciones y cacheos; se restringen los supuestos de resistencia a la autoridad; se limita el empleo de material antidisturbio.

También se deja sin sanción la perturbación de los oficios religiosos. No se sancionarán actos de ocupación de viviendas. La tenencia de drogas pasa a ser infracción leve. Deja de ser infracción leve el exhibicionismo. Se legaliza a los manteros callejeros y muchas infracciones graves pasan a ser leves, reduciéndose el importe de las sanciones.

En definitiva, esta contrarreforma va a dificultar y afectar negativamente las condiciones de trabajo de los agentes de los diferentes cuerpos policiales y con ello, la eficacia de su actuación en un momento en que están subiendo las estadísticas de criminalidad.

Crecen las infracciones penales en España

No podemos olvidar que el total de infracciones penales en España pasó de 1.419.000 a 1.734.625 en 2022, creciendo un 22.2 % según datos del Ministerio del Interior. Destacándose el aumento significativo de los delitos de robo y de hurto tanto en la calle, como en el campo y en las viviendas, muchos de ellos empleando fuerza y violencia. Así pues, los delitos de robo con violencia e intimidación han aumentado un 26.8%, los hurtos un 36.8% y la sustracción de vehículos un 20.4%.

Pero lo más preocupante es que los delitos de agresión sexual con penetración se han visto incrementados en un 21.5%, en plena polémica de rebajas de penas y libertad para pederastas y violadores.

El 'violador del portal' de Lugo, en la calle antes de tiempo por el sí es sí: la Policía avisa a sus víctimas

De nuevo el gobierno 'sanchista', para mantenerse en el poder, va a ceder en la protección de la libertad y seguridad de los ciudadanos admitiendo las tesis de aquellos partidos y movimientos radicales que odian a la policía y a la guardia civil, promoviendo por ejemplo su expulsión de Navarra.

La derogación de la actual ley de seguridad ciudadana por otra escrita por los radicales y populistas es una mala noticia porque lo único que se pretende es  deslegitimar la actuación de  nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Un nuevo error de este Gobierno que lo volveremos a pagar los ciudadanos.