El responsable de Instituciones Penitenciarias e íntimo del ministro dio permisos de salida al criminal contra el criterio de los especialistas y ambos lo pagan caro ahora.
Fíjense bien en su cara: se llama Ángel Luis Ortiz y es el responsable de que el presunto asesino del niño de Lardero pudiera salir de la cárcel, con reiterados permisos pese a carecer del visto bueno de los especialistas que miden el grado de peligrosidad de los presos.
Al menos así lo ven las redes, con una sonora bronca viral al jefe del director de Instituciones Penitenciarias nombrado por el ministro del Interior, Grande Marlaska, responsable final de la política que permitió a un criminal reincidente, con asesinatos y agresiones sexuales a menores a sus espaldas, pisar la calle de nuevo.
Y, a diferencia de otros escándalos anónimos en ese mundo paralelo que son las redes, esta vez la indignación llega a las instituciones: la diputada del PP Ana Vázquez o la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se han sumado al coro de voces que exigen explicaciones al ministro por un caso que ha soliviantado a toda España:
Es urgente que #Marlaska dé explicaciones en el Congreso.
— Ana Vázquez Blanco (@anadebande) October 30, 2021
El amigo de Marlaska que dio el tercer grado al asesino del niño criticó la "dureza" penitenciaria https://t.co/p6KQlh1Ria
Interior concedió el tercer grado al presunto asesino del niño de Lardero en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión. ¿Cómo es posible? Pedimos la comparecencia inmediata de Marlaska👇https://t.co/df0mrJQFiJ
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 30, 2021
La sensación de que esta barbaridad podía haberse evitado ha corrido como la pólvora, y con los datos en la mano es más que razonable pensar así: tenía antecedentes, accedió al tercer grado de forma caprichosa y el tal Ortiz, íntimo de Marlaska y de su misma promoción, había dado sobradas muestras de que estaba en contra de la supuesta "dureza" penitenciaria del Código Penal.
Si a eso se le añaden los antecedentes políticos del actual Gobierno, con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias oponiéndose a la prisión permanente revisable finalmente avalada por el Tribunal Constitucional, la ira está más que justificada y deja una terrible pregunta en el aire: ¿Hubieran soltado a ese animal en el barrio donde viven sus hijos?