Telemadrid, al servicio de los madrileños

La ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid (RTVM) tuvo como objetivo principal garantizar la pluralidad e independencia de la radio y televisión pública madrileña, así como asegurar una gestión eficiente, austera y transparente.

Sin embargo, tras 6 años de andadura, se han podido observar claros y evidentes abusos de la propia ley, así como disfuncionalidades derivadas de la rigidez de los sistemas de elección de los miembros de los órganos directivos.

Sin ir más lejos, resulta que partidos como PP, Más Madrid o Vox no tienen representación en su Consejo de Administración. Algo que, evidentemente, no se corresponde con la opinión expresada por la inmensa mayoría de los madrileños en las urnas el pasado 4 de mayo.

Ayuso inicia su plan para acabar con la dirección de Telemadrid

Y que se va a corregir si el parlamento madrileño aprueba el proyecto de ley presentado por el PP. Las asociaciones y organizaciones seguirán estando representadas en la cadena pública de la mano de su Consejo Asesor.

A su vez, los trabajadores de Radio Televisión Madrid, estarán representados a través de su comité de empresa. Esto último sucederá si la aristocracia sindical que lleva diez años sin convocar elecciones sindicales en la empresa, decide seguir la senda democrática.

Que exista una empresa pública (o privada) en donde los sindicatos se permitan el lujo, aprovechando el vacío legal existente en nuestra legislación, de secuestrar la voz de los trabajadores durante una década constituye una anomalía democrática que desde la dirección de CC.OO., UGT y CGT Madrid debería de ser remediada. No puede ser.

Durante este tiempo hemos observado abusos de ley, como la incomprensible dejadez de no presentar el plan trianual

Por su parte, la proposición de ley que hemos presentado pretende acomodar el mandato de la dirección general a la duración del mandato de su junta de accionistas: cuatro años. Cierto es que durante este tiempo hemos observado abusos de ley, como la incomprensible dejadez de no presentar el plan trianual de financiación de RTVM a la Comunidad de Madrid en tiempo y forma.

El contrato-programa 2018-2020 se extinguió el pasado 31 de diciembre. Y, pese a los requerimientos hechos por parte del gobierno regional desde julio de 2020, la dirección de la empresa no presentó su primera propuesta hasta el 11 de enero de 2021.

Es decir, con el contrato anterior ya extinguido. Esto puso en serio riesgo la viabilidad de la cadena. La Comunidad de Madrid adelantó a la cadena 10 millones de euros para poder garantizar el pago de nóminas y a los proveedores.  A día de hoy sigue siendo un misterio por qué la dirección incumplió su obligación. Supongo que quedará para los misterios de la historia de la televisión y radio públicas madrileñas.

Ya se hizo en RTVE y en Cataluña

Por otra parte, la modificación que plantea el Grupo Popular no resulta novedosa. Ya lo hizo el gobierno con RTVE en el año 2018 o la corporación de medios catalanes en 2020. El objetivo es evitar, con mecanismos de corrección democráticos, legítimos y soberanos, que minorías parlamentarias puedan impedir la renovación de sus órganos de dirección, con el consiguiente perjuicio para la óptima gestión del servicio público, como de hecho ha venido sucediendo.