Estado de agravio: la subasta de Sánchez con el coronavirus en las Comunidades

La Moncloa mantuvo el pasado sábado un encuentro informal con la prensa para dar detalles sobre la desescalada. En ese contexto, se sostuvo que en la fase 1 no sería posible desplazarse a segundas residencias.

Se quería evitar las actividades adicionales que implican esos movimientos, como las necesarias visitas al supermercado para llenar la nevera. Apenas unas horas más tarde, Pedro Sánchez, en su habitual Aló Presidente, dio carta de naturaleza al cambio de domicilio, siempre y cuando se encuentre en la misma provincia.

Ante tal diferencia de criterio entre el presidente y los responsables de la etapa hacia la “nueva normalidad”, la Secretaría de Estado de Comunicación se apresuró a aclarar, seguramente improvisando, que Sanidad había modificado su interpretación de la orden ministerial publicada en el BOE.

¿Alguien viendo estas contradicciones puede suponer que hay planificación en una transición que el mismo Sánchez define como “compleja” y cargada de “incertidumbres”? Pues no, la verdad.

Amarrado a Frankenstein: Sánchez quema puentes con el PP y excava trincheras

Que el país se entere los sábados de lo que debe hacer los lunes tiene ingratas consecuencias. De ello son especialmente conscientes los gobiernos autonómicos. Y, como según el dicho popular, las comparaciones siempre son odiosas, pocas se han podido sentir víctimas de una arbitrariedad tan flagrante como la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Por cierto, ambas en puertas de una vital temporada turística. A Sánchez, nada le ha importado el daño a la imagen -“la reputación”, como recalcó el andaluz Juan Manuel Moreno- de ambas regiones al frenar el cambio de etapa de sus costas. Cotejar el caso con el País Vasco, en su totalidad en fase 1 teniendo índices de contagio superiores, ha alimentado la sensación de una burda injusticia.

El proceso carece de criterios claros, objetivos y transparentes. Y no sólo porque lo diga el valenciano Ximo Puig. Las cifras cantan. Además, el Gobierno se ha quedado sin argumentos. Tanto, que simplemente ha tirado de eslóganes vanos y tópicos, como el de la necesaria “prudencia”. En fin… incapacidad para rebatir los datos.

Porque la realidad es terca: Pedro Sánchez, y en su nombre Carmen Calvo e Iván Redondo, ha cedido a las imposiciones del PNV. Una vez más. Las cortinas de humo no pueden ocultar la verdad: el objetivo prioritario ha sido garantizar la estabilidad política del presidente.

En La Moncloa, donde reina una falta de cintura llamativa, han podido enfadarse -y mucho- ante la negativa de “uno de los nuestros”, el socialista Puig, a morderse la lengua. “Es evidente que se ha hecho un traje a medida de Euskadi”, se queja el entorno del presidente valenciano.

Tienen toda la razón. Que su análisis de situación de 235 páginas, publicado por cierto en el portal de la Generalitat, no haya recibido un documento de respuesta negro sobre blanco resulta suficientemente significativo. Su rebelión, como la de otros mandatarios de diferente color político, demuestra que la desescalada, al igual que los famosos expertos “secretos” que toman las decisiones, siempre debió ser transparente. 

Abriendo Pandora

Es probable que a estas alturas Sánchez esté arrepentido de la irresponsabilidad de haber dado alas a un plan que ha abierto la caja de Pandora. Los daños comparativos siempre los carga el diablo. Y el Gobierno ha quedado al descubierto, atrapado en parámetros diferentes y contradictorios.

Ahora, si no aplica luz y taquígrafos a la transición, el fuego territorial está servido. Ya hay, incluso en La Moncloa, estrechos colaboradores del presidente muy partidarios de una veloz corrección en toda regla. Sobre Valencia y Andalucía no caben dudas. Lo de Madrid, sin embargo, es harina de otro costal.