Puigdemont y Junqueras se esconden

Perro ladrador, poco mordedor. El viejo aforismo resume a la perfección el ridículo que, entre eufemismos para disimularlo, ha rubricado hoy el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que hace sólo unos días anunciaba solemnemente la adquisicón, este martes, de las urnas del referéndum ilegal anunciado para el próximo primero de octubre.

Nadie se atrevió a firmar la compra de las urnas, tras anunciar hace una semana con dramatismo que lo harían hoy

La realidad fue bien distinta y enlaza más con las dimisiones de tres consejeros de Puigdemont que no estaban dispuestos a jugarse la inhabilitación y su patrimonio que, por ejemplo, con las bravatas del nuevo consejero de Interior, Joaquim Front, capaz de presentar al responsable de los Mossos d’Esquadra como una herramienta del secesionismo.

En la práctica, y apelando a la extravagante necesidad de "analizar y compartir los diversos itinerarios para disponer de las urnas en el marco de la legislación vigente", en palabras del portavoz Jordi Turull, lo que ocurrió es que nadie quiso asumir la responsabilidad de una compra que podría acabar con la inhabilitación del responsable y sanciones económicas muy elevadas.

Nadie se atreve

No lo hizo el president Puigdemont, a quien le van faltando voluntarios para asumir las consecuencias legales de su desafío; y no lo hizo tampoco Oriol Junqueras, teórico responsable del ‘procés’ y miembro del ‘órgano de coordinación del referéndum’ creado para compartir entre todos unas decisiones que se anuncian mucho pero nadie se atreve a aplicar.

Las explicaciones de Turull ahondan en esa sensación de temor colectivo tapado, a duras penas, con declaraciones y anuncios grandilocuentes que nadie se atreve del todo a poner en marcha.

Una explicación hilarante

Resultó hasta hilarante, de algún modo: "Cuando se haya completado el itinerario de compra de urnas, lo explicaremos. Pero ante cómo está actuando el Estado, que no es de acuerdo a derecho, con intimidaciones y querellas por cuestiones ideológicas, porque hacemos cosas que hacen otras comunidades autónomas y a nosotros nos ponen querellas y a los otros no, pues hemos decidido no hacerlo público antes de completar ese itinerario".

El Gobierno está preparado para responder con proporción a cada decisión ilegal que la Generalitat adopte... si lo hace

En realidad, a la Generalitat le consta que el Gobierno de España estaba y está preparado para responder a cada decisión que adopte, casi en tiempo real, sin alharacas y con la fuerza proporcional que reclame cada hecho. Quizá explique eso que, tras la solemnidad de hace una semana, hoy Puigdemont en realidad no haya hecho ni firmado ni decidido nada.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, remató el aciago día para el soberanismo catalán desde el País Vasco, con una demoledora comparación entre el PNV y JuntsPelSí que redunda en el despropósito independentista.

Soraya lanza el mensaje

El País Vasco, explicó la número dos del Ejecutivo, "está contribuyendo a la estabilidad de España a través de importantes acuerdos con el PNV", y advirtió de que los gobiernos que apuestan por el "extremismo y el fanatismo" acaban por "aislarse”.

Un mensaje inequívoco a Puigdemont y a su guardia pretoriana.

Tras muchos meses encabezando la llamada ‘Operación Diálogo’, destinada más a tender puentes con la sociedad catalana que a convencer a una Generalitat radicalizada, la aplicación de la ley ahora tendrá un colchón que compensará ese esfuerzo político, incomprendido en algunos frentes pero muy útil.

La 'Operación Diálogo' de Soraya es un colchón: todo se ha intentado y una cosa es la sociedad catalana y otra la Generalitat

Sáenz de Santamaría ha intentado enderezar las relaciones institucionales y no ha dejado de dirigirse a la sociedad catalana, dos hitos que aún hacen más visible el aislamiento y cerrazón del Gobierno catalán.

Sin excesos ni excepciones

Y ése será el camino, según coinciden distintas fuentes próximas al Gobierno de España y al PP. “Ni excesos dramáticos ni excepciones a la hora de aplicar la ley. A cada decisión, la respuesta legal oportuna”.

Pero mientras quedará para muchos catalanes una imagen resumida con la presencia de Santamaría en el Euskadi sólo unas horas antes de que  Cristóbal Montoro selle en Madrid con su homólogo vasco, Pedro Azpiazu, la nueva Ley Quinquenal del Cupo, que supone la paz fiscal hasta 2021. Un contraste abrumador entre los dirigentes vascos y catalanes.

La vicepresidenta, en el País Vasco, expuesto como contraste entre la sensatez política y el radicalismo sin resultados

Otra bravuconada

Para compensar tal vez el incumplimiento de una nueva ‘promesa’ con las urnas, el nuevo consejero de Interior no dudo en presentar el fichaje como director general de los Mossos d’Esquadra como una herramienta más del soberanismo, confesando en público que le utilizará a tal fin aunque ello sea ilegal. Algo escandaloso si tal afirmación hubiera procedido del ministro del ramo en España, pero habitual en el lenguaje casi bélico del secesionismo.

El malestar de los Mossos –al menos tres de sus cuatro sindicatos se desmarcan de toda manipulación política- es tan evidente como la ley que detalla sus funciones.

El apartado a) del artículo 68 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-«Mossos d'Esquadra»  considera “muy grave el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto en el ejercicio de las funciones”.

Y el 72 del mismo cuerpo legal prevé, para ese tipo de comportamientos, la separación del servicio y la suspensión de empleo y sueldo durante seis años de tope. Y no parece que ningún agente esté dispuesto a ello, por mucho que su superior, Pere Soler, se haya estrenado en el cargo con otra declaración de intenciones altisonante: "todos los españoles", asegura, le dan “pena”.

Otro ladrido sin mordisco, en un largo día de metáforas caninas y de itinerarios absurdos.