¿Hay exceso de políticos en España? Los datos indican que sí hay una "burbuja"

Los italianos votan hasta este lunes una espectacular reducción de sus cargos públicos. Si el referéndum sale como todo indica que saldrá, la Cámara de Representantes, que es su Congreso, pasará de 630 a 400 escaños. Y su Senado, de 315 a 200.

Con el número de cargos políticos y sus retribuciones es fácil hacer demagogia. Muy pocos defenderá que su trabajo es intenso, sus salarios medidos y su cantidad necesaria. ¿Pero tienen razón esas quejas? ¿Es la "industria política" el sector menos productivo, proporcionalmente más caro y además el único que no sufre nunca ni ERTES ni ERES?

El Polígrafo ha indagado en esa realidad, que en Italia ha promovido el movimiento Cinco Estrellas y en España defendió, de forma similar, desde Ciudadanos hasta VOX, presentándose en tiempos de Rajoy en el PP, incluso, un intento de reforma de la Administración que nunca llegó a aplicarse en toda su extensión.

No, ni el dinero de Europa para Sánchez es tanto ni da para tapar tanto agujero

De entrada, hay que decir que no existe un censo oficial único que permita saber cuántas personas viven del erario público exactamente entre cargos elegidos, asesores y personal político o sindical que puebla distintos ámbitos institucionales. Pero reconstruyendo las cifras desde distintas fuentes oficiales, puede alcanzarse una conclusión: en torno a 400.000 personas tienen su nómina en instituciones y sus derivados, sean nacionales, autonómicas o municipales.

¿Es normal que España tenga cuatro veces más cargos públicos y políticos, asesores incluidos, que Alemania o Francia? En ambos países se cifra en 100.000 los cargos políticos. Y en la vecina Italia, en 200.000: eso significa que en España hay un "político" por cada 115 ciudadanos; uno por cada 300 en el país transalpino y uno cada 800 entre franceses y alemanes. La diferencia es obvia.

Tenemos más políticos que médicos, policías o bomberos juntos. Y en lugar de apagar fuegos, los encienden. Sin caer en la demagogia, pues, hay que pensar en hacer algo, por el propio bien de la Administración. Su crecimiento para acercarla al ciudadano ha tenido efectos muy positivos, pero también algunos muy indeseables.

Hemos multiplicado hasta el infinito el gasto en entidades públicas, a menudo triplicadas, sin una utilidad clara pero con unos costes laborales ya estables que engordan el gasto público y lo hacen endémico. Es lo que especialistas como Gay de Liébana tildan de "industria política", el único sector que no decrece pese a la terrible crisis económicas que afecta a todos los demás: cálculos oficiosos indican que hasta el 80% de las empresas españolas perderá dinero este año y sufrirá ajustes laborales, algo de lo que se libra siempre la Administración.

Más que en Sanidad

Con una deuda pública que pronto puede llegar al 128% y un retroceso del PIB que el Banco de España sitúa por encima del 12%; el ajuste en la Administración parece necesario: solo en los Ayuntamientos, se calcula la existencia de 70.000 cargos políticos, una cifra desmedida que ha profesionalizado la actividad política incluso en las ciudades.

Italia ha abierto ese melón. Pero todos los países tendrán que seguir sus pasos antes o después. El gasto anual de 135.000 millones en sueldos en el conjunto de la Administración no parece sostenible en un país que dedica 80.000 a sanidad.