Juan Carlos I y el problema real: por qué es ilegal investigar su reinado

Sobre la marcha y posible regreso del Rey Juan Carlos, mucho y muy variado se ha escrito. Lo sencillo, y más en un país cainita e iconoclasta como España, es hacer leña del árbol derribado (que no caído), a base de bien. Si para ello, hay que privar al vapuleado, sea quien sea, de su pasado y trayectoria, o de derechos fundamentales, así sea. Twitter es el nuevo Santo Oficio, y no hay quien resista el escrutinio de cientos de furibundos censores, desde el anonimato, disparando alevosamente. 

La Justicia se administra en nombre del Rey, dice la Constitución. Es controvertido, claro está, plantearse cómo administrársela al mismo, si es que tal cosa es posible, desde las premisas constitucionales de la inmunidad e inviolabilidad que, por otra parte, no son exclusivas de cabezas coronadas, sino que existen, en una forma semejante, en países republicanos para sus máximos mandatarios (véase en Francia o en Italia, sin ir más lejos). 

En el caso del Rey Juan Carlos, todo rezuma un terrible aire prospectivo en su investigación pre-procesal, lo que, desde la óptica jurídico-penal, es censurable per se, puesto que la investigación criminal no trata de ser una búsqueda desinteresada de la verdad, ni tampoco un ejercicio de revisionismo, desconectado de los preceptos y principios constitucionales más elementales.

Con ello, quiero decir que, para empezar, respecto de los actos realizados durante su reinado, amparados en las prerrogativas antedichas, ni siquiera deberían haberse escrutado proemialmente, como al parecer se ha hecho.   

Ahora bien, respecto de los demás elementos, sobre los que sí pudiere existir alguna clase de responsabilidad, deben exigirse las mismas garantías que las que se deben reconocer a cualquier ciudadano español. En ese sentido, y aun admitiendo lo noticiable del hecho, ¿debe ser conocida públicamente una investigación preprocesal del Ministerio Fiscal sobre un cargo institucional, por muy relevante que sea, con pelos y señales?

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Es preciso, aun cuando estoy seguro que no soy el primero en hacer estas apreciaciones, recordar una serie de elementos. Primeramente, unas diligencias del Ministerio Fiscal no son sino un eslabón previo a un eventual proceso penal, que comenzará con la instrucción por el órgano judicial competente, donde se tratará, si se incoa, de dilucidar la existencia de elementos que revistan indiciarios caracteres de delito.

Por ende, es un “proto-proceso” penal (así se concibe para el art. 773 de la vigente Ley adjetiva criminal), si se me permite la expresión. Por ello, los cafres de sofá y orinal, que están ciscándose en la trayectoria del Rey, preventiva o anticipadamente, no acreditan más que sus intestinas pasiones, su constatada ignorancia y su manifiesta ingratitud a una figura histórica incuestionable, algo coherente con su inmundicia moral. 

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Por otra parte, reitero, la investigación penal se basa en hechos que puedan revestir una eventual relevancia criminal. No es, por ende, una labor de espeleología jurídica, ni se trata de escudriñar, como un zahorí, el pasado del Rey, hasta buscar el punto donde lanzar la piqueta; sino que, justamente al revés, debe sustanciarse cualquier labor de investigación en una premisa básica, y es la existencia de elementos indiciarios suficientes y preexistentes, que justifiquen la exploración. No es una rendición final de cuentas. Ese no es el objeto de la investigación. 

En tercer lugar, cabe valorar si se está perjudicando indebidamente al Rey emérito en su honor, mediante las filtraciones en este asunto. Cuando se cita, en la inmensa mayoría de los artículos periodísticos a “fuentes fiscales” o “de la fiscalía”, parece que desde el seno del órgano se estuviera dando cumplida novedad a la prensa de los avances de la investigación.  

El Rey Juan Carlos, no sé si voluntaria o forzadamente, incurrió en un error con su salida de España, tanto porque supone un adelantamiento de una suerte de pena de destierro, al modo del Derecho romano, aunque sea a un sitio paradisiaco, absolutamente injustificable; y porque, además, desde el plano de su imagen, deja una sensación en la opinión pública -que en este caso, más determinante que en ningún otro proceso precedente-, de tácita autoinculpación. 

Marcharse, aun cuando sea para evitar más controversias, se interpreta en clave de huida, y por ende, añade mayor desdoro social a una persona que, hasta la fecha, ni siquiera está formalmente sometida a un proceso penal ante un órgano jurisdiccional. Es decir, no es ni lo que, hasta hace poco, llamaba nuestra norma procesal un “imputado”. 

Su partida a Emiratos fue leída por la opinión dominante como una suerte de asunción de responsabilidades. Algunos, empero, entendimos que se trataba de una respuesta precipitada, poniendo una venda antes de una herida, en previsión de una potencial hemorragia, que veremos en qué queda.

Claro está que el Gobierno actual se relame con la encrucijada del Rey Felipe, al que se le deja un margen de maniobra casi nulo. Los populistas que rigen nuestros destinos saben que su supervivencia depende de crear expectativas y necesidades inexistentes, levantar odios tácticamente estudiados y, como los estafadores “Ponzi”, una vez engañados los primeros votantes, ir a por más embustes para seguir soportando la estructura de falsedad construida. 

Todo lo que haga Felipe VI, tendrá consecuencias negativas para él, personales, institucionales, o ambas; lo que, sin duda, será aprovechado puntualmente por el sector bolivariano de La Moncloa para azuzar la polémica, arremetiendo contra el actual monarca.

No hay nada más balsámico para Sánchez y compañía, ante el absoluto despelote, la ruina moral y económica a que nos están conduciendo, que poder ofrecer la cabeza del líder de la Transición. Ni Iglesias, en sus sueños más calenturientos, pudo imaginarse hace cuatro años en mejor posición. 

Ëspanyå

Si para estirar el chicle tienen que actuar vía Comisiones de Investigación parlamentarias, lo harán. Si para ello hay que desmembrar un país, hágase. Exprópiese, como decía Chávez.  Todo por el espectáculo.

A mi juicio, se trata de una de las fórmulas más inútiles e improcedentes de labor parlamentaria, con un mero alcance político-mediático, sin trascendencia jurídica real, y que se plantea, habitualmente, como un sainete, sesgado y extemporáneo, respecto a cuestiones que solo deberían conocerse en los Tribunales de Justicia, para permitir a los electos, no investigar (que no saben, ni les interesa), sino descuartizar al sujeto contra quien se dirige la misma, desde la demagogia y con aprovechamiento del desequilibrio de armas. Nunca se busca la verdad, tampoco, en esta clase de órganos, sino a quien “cargar el muerto” correspondiente.   

En esa línea, lo de Podemos, con su patético video, con la música de la serie Narcos e imágenes de la Familia Real (si no lo han visto, ahórrense ese valioso tiempo de vida), denota la pobreza moral e intelectual de sus dirigentes, y de los destinatarios del video que gusten de esta clase de simplezas.

El típico montaje cutre, un vídeo de cuñadismo navideño, de esos solo hacen gracia a los idiotas y a los borrachos (no necesariamente en este orden), resulta especialmente hipócrita y repulsivo, viniendo de siervos de Maduro y Cabello. 

El papel del sucesor

Gente que, en una democracia saneada, debería encontrar el rechazo masivo del cuerpo electoral, simplemente por su apoyo a totalitarismos terroristas y genocidas, actualmente son miembros relevantes de un Gobierno de uno de los principales países europeos; y otros, como el infausto Zapatero, prestan su imagen (si es que tal atributo se le puede reconocer al expresidente), para blanquear tal aberración. 

El Rey Juan Carlos ha dejado una difícil papeleta a su sucesor. Es muy complicado lidiar con una herencia así -aun cuando a la pecuniaria se haya renunciado, más simbólicamente que de forma efectiva, porque la legítima futura no puede ser renunciada-.

La ejemplaridad es parte esencial del título de Rey. Ahora bien, la sumisión a la legalidad es un filtro muy diferente. Paulo decía que “non omne quod licet honestum est”. Ciertamente, los planos de lo honesto o ético y de lo jurídico son diversos, y por ende, lo exigible es que la investigación técnica no se trufe de censuras morales anticipadas, ni de penas de exilio inexistentes en la legislación penal, ni de más aspavientos. No se puede juzgar a golpe de twit. Estamos en una sociedad enferma de precipitación y bilis.