El CGPJ contraataca y estudia llevar al Gobierno ante el Constitucional

La aprobación por vía de urgencia y sin consenso del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el que PSOE y Unidas Podemos recortaron funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha provocado un verdadero conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial que, lejos de aplacarse, tendrá que ser resuelto por el Constitucional.

El todavía presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha propuesto al Pleno -que se reunirá el próximo jueves 22 de abril- debatir la posibilidad presentar un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías por la modificación exprés de la LOPJ con la que el Gobierno les recortó funciones constitucionalmente reconocidas, como la posibilidad de hacer nombramientos de jueces y magistrados, incluso cuando su mandato esté prorrogado, como es el caso actual.

Fueron las principales asociaciones judiciales -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)- las que "instaron" al Consejo a fin de que, "a la mayor brevedad", adoptase las medidas oportunas y ejerciese "las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución". La respuesta del órgano constitucional al escrito dirigido el pasado 25 de marzo a la Comisión Permanente del CGPJ, no se ha hecho esperar.

Vocales conservadores y progresistas han criticado la reforma del Gobierno

Hasta la fecha, la mayoría de los vocales del Consejo, tanto conservadores como progresistas, han criticado con dureza la decisión del Gobierno de regular su funcionamiento detallando las competencias que conserva una vez concluido su mandato ordinario, de cinco años, y las que no.

Un '155' gubernamental que, además, se aplicó al margen de cualquier participación del propio CGPJ al que el Ejecutivo negó la posibilidad de pronunciarse a través de un dictamen no vinculante. Tal fue el celo de PSOE y Podemos en su objetivo de sacar adelante la polémica reforma que el texto definitivo de la ley blindó loa posibilidad de que el Pleno del Consejo prorrogado pudiese interponer un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, el único mecanismo posible para interferir en la modificación legal durante su tramitación.

Lo que no ha podido evitar el Gobierno es que, consumado el cambio, el máximo órgano de los jueces, reunido en sesión plenaria, analice la próxima semana la necesidad de tumbar la nueva ley en el Constitucional.

Preservar la independencia judicial

En un comunicado conjunto remitido a la Comisión Permanente del Consejo por tres de las cuatro asociaciones judiciales en España - AJFV, APM y FJI- se instaba a los miembros del mismo a recurrir ante el Constitucional en "defensa de sus competencias y, por tanto, de la Constitución". No en vano, aprobada la reforma, el Gobierno consiguió, a su juicio, "lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión".

Para "una democracia real es obligación básica de los poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes", destacaban jueces y magistrados en su escrito. "Sólo así es posible el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica" en un Estado de Derecho, añadieron.

Jueces y magistrados siempre han insistido en que la dirección de cualquier reforma la Ley Orgánical del Poder Judicial (LOPJ) debería ir encaminada a que ellos mismos quienes elijan democráticamente a sus propios representantes. Y han afeado al Gobierno y el resto de formaciones políticas su incapacidad para "cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones", trasladando "las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política".