El abogado que pleitea contra el caos jurídico de Sánchez: "Hay que poner orden"

Curro Nicolau se convirtió en la pesadilla judicial del Gobierno de Pedro Sánchez durante el estado de alarma, por impedirle desplazarse con su hija menor a la residencia de vacaciones de la que el letrado es propietario en la Comunidad Valenciana.

Ahora, una vez levantada la medida excepcional y tras el caos jurídico que ha provocado la decisión del Ejecutivo de que sean los diferentes Tribunales Superiores de Justicia regionales los que determinen si las autoridades sanitarias pueden, o no, aplicar el toque de queda con el actual marco jurídico en España, ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo (TS) que se pronuncie para resolver sobre las "contradicciones".

Ha sido usted muy beligerante hasta la fecha con las decisiones del Gobierno que, para combatir la pandemia, han restringido derechos fundamentales. ¿Por qué? 

Yo creo que la palabra no es beligerante. No tengo nada en contra del Gobierno, ni pertenezco a ningún partido político y mi interés no transciende más allá de lo estrictamente jurídico. A la vista está que he interpuesto recursos contra actuaciones administrativas de distintos gobiernos regionales y no sólo contra el Gobierno de España. Pero llevo más de 20 años dedicado al mundo del derecho público y, como muchos otros juristas, he asistido a un disparate jurídico tras otro durante toda la pandemia. 

"He asistido a un disparate jurídico tras otro durante la pandemia"

La cuestión, para mí, no es si se han restringido o no derechos fundamentales. Es obvio que el derecho a la vida y evitar el colapso del sistema sanitario requería, por razones de salud pública, dicha restricción. Pero el fin no justifica los medios. Debía haberse respetado el ordenamiento jurídico y el orden constitucional. Vivimos en un Estado de Derecho y toda norma debe estar amparada por un marco jurídico estable. 

¿Cuántos recursos sin éxito ha interpuesto contra el estado de alarma en las olas anteriores? 

He interpuesto más de 15 recursos y todavía no se puede hablar de éxito o fracaso como tal ya que ninguno ha llegado a su fin. Para mí el verdadero éxito es que la gente tome conciencia, que los dirigentes y magistrados puedan ver como una ciudadano de a pie, sin ninguna intención más allá de la defensa del Estado de Derecho, plantea un debate legal y pone a prueba el sistema de división de poderes.

El CGPJ allana el camino al Supremo con su informe crítico sobre el caótico fin de la alarma

Es una garantía del orden constitucional que se haya generado un inmenso debate y que los políticos sientan que no pueden obrar a sus anchas aunque tengan buenas intenciones. Nadie duda de la necesidad de atajar el virus con políticas de salud de pública, ahora bien, nada justifica que, para ello, se rompa el orden constitucional. Hacerlo supondría crear un precedente propio de otros regímenes antidemocráticos. 

Sin embargo, ahora sí ha conseguido que el Supremo admita resolver sobre si las comunidades autónomas pueden limitar derechos fundamentales con el marco jurídico actual...

Desde luego el auto dictado ahora por el Supremo es un primer cambio de paradigma pues, después de más de un año de pandemia, y tras los pronunciamientos contradictorios de los tribunales regionales, es el momento de que, por fin, el Alto Tribunal haya decidido pronunciarse para unificar criterio. El propio Tribunal Constitucional también ha permanecido callado al respecto en una materia tan importante y de actualidad.

En unos días vamos a contar con nueva jurisprudencia que permitirá afrontar en un futuro nuevos acontecimientos insólitos como el que vivimos y sin violentar el Estado de Derecho. Es evidente que la Ley 3/1986 de Salud Pública ha quedado obsoleta y los políticos deben hacer cambios ya para adaptarla a la nueva realidad.

No se puede dejar en manos del Poder Judicial el establecimiento de  medidas sanitarias que afectan a millones de personas. Para eso no fueron concebidas ni la Ley de Salud Pública ni el mecanismo previsto en el artículo 10.8 Ley Jurisdicción Contencioso-Administrativa que se refiere a la autorización de medidas restrictivas de derechos fundamentales por parte de los órganos jurisdiccionales. 

¿No es sorprendente que el mismo Gobierno que afirmó que sólo el estado de alarma podía restringir movimientos y perimetrar territorios diga ahora que hay múltiples herramientas para hacerlo?

El Gobierno de España tiene todo mucho más estudiado de lo que nos pueda parecer. No quiero pensar que juegan al ensayo-error. Prefiero creer que tiene algo de criterio y algún que otro asesor con experiencia. Sin duda no interesaba crear un marco jurídico estable y ha sido más conveniente apostar por la confusión y el caos. Es el caldo de cultivo perfecto para acrecentar el miedo y mantener el control de la población. No es nuevo.

"No interesaba un marco jurídico estable y ha sido más conveniente apostar por el caos

En un contexto como el del coronavirus para los políticos es más fácil tener plena libertad de movimientos. Sólo así se explica un estado de alarma de seis meses, sin dar explicaciones al Congreso, o hasta dos cambios en la ley de la jurisdicción contenciosa pero ni hablar de sentarse a elaborar una Ley Orgánica que integre la nueva realidad y cree seguridad jurídica. Esto es lo que han hecho otros países en Europa durante todo este año. Aquí no ha interesado en absoluto.

En ocasiones anteriores ha contado con el asesoramiento de ex magistrados del Supremo. ¿También ahora?, ¿cuál es la tesis que mantienen? 

Bueno, lógicamente conozco a muchas personas del mundo jurídico con experiencia y bagaje. Tuve el año pasado el apoyo de cinco catedráticos de Derecho Constitucional de cinco universidades españolas que apoyaron mis tesis en el Tribunal Supremo, pero siempre he tenido mi propio criterio jurídico y me apoyo en mi amigo, compañero y socio en nuestra firma, Tecnourban, José Aguilar. Es un profesional con muchísima experiencia y al que admiro profundamente.

La opinión del 99% de los expertos a los que he consultado en el ámbito legal es que todo lo que sucede es un disparate. Hay que ponerle orden. Esperamos que el Tribunal Supremo por fin pueda sentar bases sólidas a partir de su jurisprudencia.  

¿Qué espera del pronunciamiento de la Sala Tercera? 

Espero coherencia y respeto a la separación de poderes. Que no sigan el dictado político y sean ecuánimes en su decisión. Un juicio justo, en definitiva. No soy quién para decir que deben resolver, pero sí para hacer valer mi derecho a la tutela judicial efectiva. 

Si le diesen la razón, el daño estaría hecho, porque hay comunidades que han prolongado el toque de queda para los ciudadanos o los cierres de la hostelería...

El daño estaría hecho y el tiempo es irrecuperable. Pero la decisión que adopte el Supremo puede ser muy útil a futuro. Es imprescindible fijar ya una doctrina que evite arbitrariedad y unifique un criterio común en la toma de decisiones que puedan afectar al libre ejercicio de algo tan esencial como son los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Podrían los ciudadanos solicitar indemnizaciones por este motivo? 

Sin duda. El daño objetivo es siempre evaluable a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero en cada caso habrá que ver cómo se determina y cuantifica. También podrá derivarse una responsabilidad sobre aquellos cargos políticos o funcionarios públicos que hayan apoyado las medidas si, finalmente, se corrobora que han sido adoptadas sin respetar el orden constitucional. 

¿Qué supondrá la sentencia con la que el Supremo resolverá su recurso? 

Supondrá un antes y un después en nuestro país. No hay jurisprudencia en la actualidad sobre el fenómeno que vivimos. La normativa de salud pública tendrá que adaptarse a este pronunciamiento en un sentido u otro. Pero lo más importante es que ya estamos viendo como los políticos tienen límites a su actuación y el fin no justifica los medios.

Cualquier medida de salud pública deben venir respaldada por expertos, ser proporcional y, si restringe derechos fundamentales, debe adoptarse siguiendo los cauces legales establecidos y con respeto a lo establecido en la Constitución. Siempre prima el derecho a la vida sobre otros derechos, ahora bien, cualquier actuación debe quedar amparada por el ordenamiento jurídico. No vivimos en una república bananera. La sociedad en general debe tomar conciencia de que nuestros derechos deben estar protegidos y respetados en cualquier caso y circunstancia.