07 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Vanidad
La Abogada General del Estado recibiendo las llaves del Pazo de Meirás.

Los Franco ganan la batalla a Moncloa y recuperan los bienes de Meirás

En un contundente auto, la Audiencia Provincial de La Coruña ordena al Gobierno devolver a los nietos del dictador el contenido y los enseres del histórico inmueble.

| María Jamardo Tribunales

La Justicia ha dado la razón a los Franco en su causa por recuperar el contenido del Pazo de Meirás. En una resolución de la Audiencia provincial de La Coruña, que se ha hecho pública este martes, el tribunal gallego ha ordenado al Gobierno devoverles sus pertenencias.

Los bienes muebles "incautados" por la Administración que alberga el histórico inmueble son, a juicio de los magistrados, propiedad de los nietos del dictador y, como tales, podrán ser trasladados con efecto inmediato. Y, "por supuesto", sus legítimos titulares están decididos a hacer valer sus derechos, según han confirmado a ESdiario fuentes próximas a la familia.

 

No en vano, la Audiencia coruñesa ha reprochado a la Abogacía del Estado que "a instancia de la Administración General", y bajo la apariencia de un ropaje jurídico derivado de unas medidas cautelares", se hayan "incautado" bienes que, en algún caso, son propiedad "de una persona que ni fue demandada, ni por lo tanto ha sido condenada a nada en la sentencia que se ejecuta provisionalmente".

Por ello, los Franco solicitarán al Gobierno "a través del juzgado" que les permita acceder al interior de la que fuera su casa de verano durante décadas para recoger sus enseres y pertenencias.

"Quien está obligado a entregar la posesión de un inmueble está asistido del derecho a retirar los muebles no comprendidos en la ejecutoria", ha subrayado la Audiencia de La Coruña en su auto, y además, "bajo apercibimiento de que si no lo hiciere los perdería".

Algo que no entra en los planes de la familia Martínez-Bordiu desde que iniciasen una contienda jurídica contra las actuaciones del Gobierno de Sánchez para despojarles de sus propiedades y devolverlas al Estado español.

Ni sillas, ni alfombras ni cuadros son públicos

"Es evidente que el concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros, ni por lo tanto podría justificarse su apropiación por el Estado con fundamento en una singular interpretación extensiva del pronunciamiento de la sentencia de primera instancia" de la Justicia coruñesa que obligó a los Franco a entregar la "propiedad del terreno y edificaciones que integran la parcela catastral" donde se ubica la construcción popularmente conocida como las Dos Torres.

De manera que, salvo que la Abogacía del Estado inicie un nuevo procedimiento judicial contra los Franco por el contenido del Pazo de Meirás, y mientras esto no sucede, los nietos del dictador podrán disponer del mismo y trasladarlo, o incluso venderlo, donde consideren más oportuno.

Y es que en la demanda planteada por los letrados públicos, a instancia de Sánchez, no se reivindicó el Pazo de Meirás como un "bien de interés cultural como conjunto formado tanto por bienes muebles e inmuebles". "Ni existe esa declaración administrativa, ni es lo reconocido en sentencia.

Únicamente se demandó, y así se estimó, un derecho de propiedad sobre una finca catastral. Incluso, como ya se dijo en la sentencia dictada por esta Sección, ni siquiera se reivindicaron la totalidad de las fincas que forman realmente el 'Pazo de Meirás'", han afeado los magistrados.

Contradicciones

"Es contradictorio establecer judicialmente una fecha para el desalojo" de la familia Franco del histórico inmueble gallego para "acto seguido instaurar la prohibición de retirar muebles mientras no se culmine el desalojo y se autorice por el Juzgado; y a continuación denegar la ampliación del plazo", ha criticado la Sección Tercera de la Audiencia coruñesa. Esto es, "sigue corriendo el plazo para desalojar voluntariamente, pero se me prohíbe desocupar", ha añadido.

Además, "parece obligado recordar que España, en la Constitución de 1978, se configura como un Estado social y democrático de Derecho, siendo la igualdad ante la ley una de las características que diferencian a las democracias de los regímenes dictatoriales. Proclamada igualdad ante la ley que no solamente no distingue, sino que prohíbe distinguir. No caigamos en lo que decimos que rechazamos", ha sentenciado.