22 de Abril de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Vanidad
Carlos Lesmes en el Congreso. Detrás, Pablo Casado.

La LOPJ supera su primer trámite y obliga al Supremo a funcionar con 6 vacantes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluirá nuevos nombramientos en el Pleno del próximo 25 de marzo dada la inminente aprobación de la reforma legal que recortará sus funciones

| María Jamardo Tribunales

 

El Gobierno ha ganado el pulso. El Pleno del Senado dará luz verde a la Proposición de Ley Orgánica para quitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la potestad de hacer nombramientos mientras continúe prorrogado, tras superar los trámites preliminares en las comisiones de Justicia de Congreso, el pasado 16 de febrero, y Senado.

La inminente aprobación de la nueva norma ha provocado que los vocales del CGPJ hayan renunciado a continuar con los nombramientos de jueces y magistrados, a partir de esta semana, lo que obligará al Supremo a funcionar con seis vacantes hasta que se conforme un nuevo Consejo.

La decisión de no incluir a debate los perfiles de los candidatos en el Pleno de este jueves 25 de marzo se tomó en la Comisión Permanente del máximo órgano de Gobierno de los jueces, el 11 de marzo, donde por siete votos a favor y uno en contra -el de José Antonio Ballestero- se dejaron en suspenso las entrevistas, ya iniciadas, de varios de los aspirantes a ocupar dos de las tres plazas a cubrir en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, tras el fallecimiento del magistrado Nicolás Maurandi. A las que hay que sumarle una en la Sala de lo Civil y dos en la de lo Social.

La nueva ley impedirá al CGPJ continuar con las designaciones de cargos judiciales

Una vez validada la Ley Orgánica impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en la Cámara Alta, el texto será devuelto al Congreso y remitido para su publicación y entrada en vigor, tras el visto bueno del hemiciclo, al Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva y polémica norma, que ha suscitado todo tipo de críticas al Ejecutivo por parte de las principales asociaciones profesionales de jueces y del propio CGPJ, impedirá al órgano constitucional continuar con las designaciones de cargos judiciales, una vez su período ordinario de funcionamiento haya terminado.

Tensiones internas

La cuestión de los nombramientos de jueces y magistrados ha suscitado todo tipo de discrepancias internas y tensiones en el seno del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los últimos meses. Tal es así que a su todavía presidente Carlos Lesmes, no le ha quedado más alternativa que rectificar, tras las presiones de varios de los miembros del Consejo, y retomar las designaciones discrecionales previstas que el también presidente del Tribunal Supremo decidió retirar, hasta en dos ocasiones, después de conocerse la inminencia de un posible pacto entre populares y socialistas para la renovación del Consejo, prorrogado desde hace dos años.

 

Con la norma en la mano Lesmes no tuvo más opción que plegarse a lo que varios de sus vocales consideraban una decisión unilateral del presidente, y retomar los nombramientos previstos en el orden del día tras hacerse público que era cuestión de horas el anuncio oficial de PSOE y PP de que se había logrado el acuerdo para renovar el CGPJ.

Y es que entonces el presidente del Supremo optaba por suspender los citados nombramientos por "coherencia" -algo que ya había ocurrido el pasado mes de julio, en plena negociación entre ambas fuerzas políticas- mientras un total de ocho miembros del Pleno del CGPJ registraron un escrito para revocar su decisión. En esta ocasión hay consenso por mayoría absoluta de los vocales de la Comisión Permanente. El choque de trenes entre el Judicial y el Legislativo se ha saldado a favor del segundo.

Líneas rojas

Las negociaciones entre socialistas y populares -con el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, como interlocutor- para la renovación del actual Consejo llegaron a cuajar. Hasta tal punto que trascendió incluso la letra pequeña de un posible pacto que, en el caso de los populares, no saldría adelante salvo que el Gobierno hiciese gestos concretos en un compromiso real hacia la "despolitización" del actual sistema de elección.

El PP exigió a PSOE y Podemos la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ambos registraron conjuntamente en el Congreso de los Diputados, a través de sus respectivos grupos parlamentarios. Un extremo que pese al compromiso de Pedro Sánchez, en la moción de censura presentada por Vox, no llegó nunca a producirse.

El máximo escollo ha sido siempre el punto que se refiere a la lista de candidatos propuesta por cada una de las formaciones políticas como vocales a conformar el próximo Consejo. El PP habría planteado la posibilidad de que los mismos sean votados uno a uno en ambas cámaras de representación, Congreso y Senado, en lugar de como un bloque cerrado tal y como se recoge en el texto del proyecto de ley presentado por PSOE y Podemos. Una fórmula que permitiría limitar las posibilidades de éxito de los nombres presentados por el partido de Pablo Iglesias.

Los magistrados Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, el juez que confeccionó la sentencia del 'caso Gürtel' contra el PP -provocando la salida del Gobierno de Mariano Rajoy- han sido dos líneas infranqueables para los populares. El PSOE, por su parte, se ha negado a que De Prada salga de su quiniela. Si bien tendrá que nombrarle en el epígrafe de juristas de reconocido prestigio ya que, como magistrado, no podría por las incompatibilidades previstas por la ley.