El Gobierno planea cambiar las oposiciones a juez para controlarlos desde abajo

El asalto del Gobierno a la cúpula del Poder Judicial a través de la reforma exprés de la ley que recortará funciones al Consejo General será, si nada lo evita, una realidad en menos de 21 días.

Una vez consumada la primera fase del plan, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias traman las líneas estratégicas de su segunda derivada: controlar las bases de la Carrera Judicial cambiando el actual sistema de oposiciones a juez en base a "falsos prejuicios ideológicos o para hacer ingeniería social", apuntan varios miembros destacados de la Judicatura. "Cada vez más hay más rumores en este sentido y crece la preocupación", se lamentan.

El Gobierno ya trabaja en un borrador para modificar las oposiciones a juez

No en vano, fuentes próximas al Ministerio de Justicia confirman a ESdiario que Sánchez e Iglesias trabajan ya en un borrador del texto que modificará las pruebas que deberán superar los nuevos jueces, según reza literalmente el punto 2.12.2 del acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos en su pacto de Gobierno de coalición.

Un informe confeccionado por los magistrados Francisco Pleite y Luis Sanz Acosta y el juez Rafael Herreros para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), advierte de los riesgos de alterar los "principios fundamentales sobre los que se asienta el actual ingreso en la Carrera Judicial, basado en un modelo semejante al de los países de nuestro entorno" como Francia, Italia y Portugal. 

El método vigente "asegura un alto nivel de formación jurídica de quienes superan el proceso, ha garantizado hasta ahora la independencia de los jueces frente a injerencias del poder político, evita sesgos ideológicos en la selección de los futuros jueces y facilita enormemente la incorporación de las mujeres a la judicatura con tanto éxito que ya son mayoría en la profesión", sostienen los autores.

"Resulta llamativo que el Ejecutivo recurra al argumento del sexo" cuando, como demuestra este informe "siempre con datos oficiales y contrastados, más de la mitad de los jueces españoles ya son mujeres (54,3%), dos de cada tres aspirantes que han aprobado estas oposiciones durante el último cuarto de siglo también (64,7%) y esa tendencia sigue creciendo, pues el porcentaje de aprobados femeninos durante los últimos tres lustros ha superado varias veces el 70%, sin ir más lejos en las dos promociones más recientes (71,3% y 73,7%)", aseguran Pleite, Sanz Acosta y Herreros.

El último acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

Los datos "son la prueba evidente de que en este país no hay ningún problema de igualdad en el acceso a la Carrera Judicial desde hace décadas, que alguien utilice ese argumento sólo se puede explicar por ignorancia o para disimular otros intereses, pero desde luego no por la igualdad de género, porque a nadie se le ocurre poner esa excusa en una situación donde las mujeres ya son más del 70%", ha explicado a este periódico el también magistrado Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Situación socioeconómica

"Nadie ha ofrecido ningún dato que avale una afirmación que, mientras no se demuestre lo contrario, sólo parece sustentarse en prejuicios", apunta Fernández Vaquero. "Tal es así que las únicas cifras que se pueden vincular a la clase social o nivel económico de los aspirantes a juez en España apuntan justo a lo contrario: que se trata de un sistema de selección abierto a amplias capas de la población, como demuestra el informe".

En el documento se acredita que "una de cada tres personas que aprobaron las últimas oposiciones procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores (33,1%) y los que pertenecen a familias con ambos padres licenciados o graduados son apenas el 43,5%". Y para más evidencia "todos los jueces que aprobaron la oposición en lo que va de siglo teniendo un juez en la familia no llegan ni al 6% y en las últimas promociones, incluso menos".

A por los jueces

La inversión de tiempo y dinero que supone una oposición "resulta siempre más asequible para quienes pueden asumirla con más facilidad, pero exactamente igual que ocurre para ser abogado del Estado, inspector de Hacienda, médico o catedrático, cuyo trabajo también es susceptible de prejuicios ideológicos y nadie se ha planteado modificar el acceso a esas profesiones con excusas de género o clase social, que curiosamente sólo se utilizan para estigmatizar a los jueces, no a otros servidores públicos", denuncian desde las asociaciones profesionales de jueces y magistrados.