Una sentencia del TS apuntó la competencia exclusiva del Gobierno en la Cañada

Varias decenas de familias de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real viven sin suministro eléctrico desde hace más de tres meses. La razón, tal y como explicó la empresa proveedora Naturgy en un comunicado oficial, las "elevadas sobrecargas en la red que provocan" el apagado automático de los "propios equipos". Unas sobrecargas que "superan en siete veces el consumo medio de una vivienda en España".

Aunque Naturgy aseguró desconocer la causa, todo apunta a que las causantes del incremento de la demanda energética serían las plantaciones irregulares de cannabis. Unos cultivos en los que la competencia exclusiva recaería sobre el Gobierno -y el delegado de éste en Madrid- si atendemos a la sentencia firme del Supremo que fijó su responsabilidad regulatoria en materia de clubes de cannabis legales, al tratarse de "legislación penal".

"En los sectores V y VI de la Cañada Real existen únicamente cuatro clientes debidamente dados de alta" que contrastan con las informaciones "que se barajan que indican alrededor de 1.500 conexiones" que no se pueden comprobar al tratarse de "instalaciones mayoritariamente ilegales", confirmó Naturgy en su documento.

Un dato que refuerza -todavía con más contundencia y en base a las consideraciones del Alto Tribunal- que solamente el Gobierno, a través de los mecanismos judiciales y policiales correspondientes, podría atajar de manera "urgente" la situación y "resolver el origen de las sobrecargas para poder estabilizar el suministro a corto plazo", tal y como pidió públicamente por carta la compañía eléctrica.

Una posición a la que se sumaba, en la red social Twitter, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quien a través de un mensaje criticó tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, por mirar hacia otro lado desde octubre y no "organizar un operativo" para "desmantelar", de manera inmediata, las "decenas de plantaciones de droga que provocan constantes cortes de luz" en la Cañada Real:

En la Cañada Real existen decenas de plantaciones de droga que provocan constantes cortes de luz.

Llevamos desde el mes de octubre advirtiéndolo ¿A qué espera el Ministro Marlaska y la Delegación de Gobierno pare organizar un operativo y desmantelarlas?https://t.co/cliJbwRDOW

— Ignacio Aguado (@ignacioaguado) January 8, 2021

El precedente barcelonés

No en vano, las decisiones de los tribunales sentaron una importante jurisprudencia, sobre la cuestión, que apunta al Gobierno como responsable exclusivo con potestad para poner fina a la polémica.

Así, el Ayuntamiento de Barcelona presentó un recurso de casación ante el Supremo contra una sentencia anterior, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró la nulidad del plan especial legislado en la ciudad Condal para "la ordenación de los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis" en el área municipal. El tribunal catalán entendió que dicha aspiración invadía el monopolio de "las competencias estatales en materia de legislación penal".

Ni Ayuntamieno ni Comunidad

Por ello, y aunque han sido muchas las interpretaciones sobre la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma en la polémica de los cortes de suministro de luz a varios sectores de la Cañada Real, como consecuencia del elevado consumo eléctrico que la compañía proveedora del servicio ha detectado en la zona, fruto de las plantaciones irregulares de cannabis. La única administración que puede poner fin al despropósito es el Gobierno central de Sánchez e Iglesias.

El Tribunal Supremo, avalando la doctrina del TSJC, falló que "la indeterminación, con la consiguiente necesidad de estar al caso concreto", impide "considerar competente a un ayuntamiento para regular, aunque solo sea desde la óptica urbanística y ambiental" los clubes legales de cannabis. Una responsabilidad que no puede, por tanto, atribuirse a los consistorios en lo que corresponde al control de aquellos cultivos que son, a todas luces, penalmente ilícitos.