Los jueces denunciarán en el Constitucional y Europa la reforma exprés del CGPJ

Desde el Tribunal Constitucional hasta la Comisión Europea y el Consejo de la UE. Los jueces iniciarán "todas las opciones legales" que sea necesario para defender la separación de poderes en nuestro país y hacer valer su independencia frente a los intentos de control del Gobierno.

Así se lo ha confirmado a ESdiario la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, y así se lo han hecho saber los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece del Barco, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Merixell Batet.

El pasado 13 de enero, la Mesa de la Cámara Baja que preside la socialista acordó tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica registrada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos -ambos partidos de Gobierno- que modificará de manera exprés y sin contar con las mayorías habituales, el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

"Y ello, sin dar el oportuno traslado al Consejo, como órgano de gobierno, ni a las asociaciones de jueces que legalmente tenemos atribuida la defensa de los intereses profesionales de los miembros de la Carrera Judicial en todos sus aspectos", lamentan desde la APM en la nota remitida este viernes a Batet.

El propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunido el pasado 17 de diciembre en convocatoria extraordinaria por su presidente, Carlos Lesmes, solicitó a Batet una rectificación que, hasta la fecha, no se ha producido. Por ello, los jueces han decidido solicitar "formalmente" que se les "notifique" el acuerdo de la Mesa del Congreso, del que han tenido conocimiento a través de "los medios de comunicación", para "poder ejercitar, en su caso y ante quien corresponda, las acciones oportunas".

Que se escuche a los jueces

Los jueces han decidido llevar sus exigencias hasta la última instancia y buscar el amparo del Tribunal de Garantías y de Europa, ante la posición de la Mesa del Congreso en su decisión de tramitar de forma urgente, y sin escucharles, la reforma legal que recortará las funciones del Poder Judicial. La tensión ha ido en aumento tras el portazo definitivo del Gobierno a recabar cualquier informa del CGPJ previo a la aprobación de una norma con la que los socios de la coalición progresista buscan controlar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial.

PSOE y Unidas Podemos han pisado el acelerador parlamentario -mientras bloquean, por otra parte, cualquier control de la oposición a Pedro Sánchez- y culminar su objetivo: maniatar las funciones del máximo órgano de los jueces, actualmente en funciones. Los jueces no se cruzarán de brazos y advierten de las consecuencias legales del atropello.

Tal y como hizo el Consejo hace una semana, los jueces "se ven en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria", la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso que, sin audiencia previa, ha dado luz verde a la modificación de una regulación que afecta directamente a las principales funciones del Poder Judicial, eliminándolas durante la situación de prórroga del mandato, en contra de la Constitución.